La bancada parlamentaria de la Costa Atlántica y el Gobierno Nacional están moviendo sus cartas en el Congreso de la República para crear el marco legal que permita salvar a Electricaribe, intervenida hace dos años por el Estado y en busca de un comprador que garantice la prestación del servicio en la región Caribe.

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgén, alertó que en este propósito se está poniendo en riesgo la seguridad energética de todo el país, puesto que los proyectos de ley propuestos para tal fin crearían, por un lado, el escenario para que alguna de las empresas generadoras o comercializadoras del país adquiriera una posición dominante en el mercado y, por otro lado, para que se pierda la confiabilidad del sistema energético.

Le puede interesar: La transformación energética está en camino

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporaron algunas disposiciones destinadas específicamente a salvar a Electricaribe, una de las cuales es el cobro “transitorio por dos años” de una sobretasa de $4 por kilovatio consumido, el cual sería pagado por los estratos 4, 5 y 6 y por los sectores comercial e industrial de todo el país.

“Son temas disruptivos para un sector que requiere darle confiabilidad al país porque es un sector de servicios públicos; el sector eléctrico es transversal a toda la economía y nosotros necesitamos garantizar el suministro”, le dijo a EL MUNDO la presidente de Acolgén, Ángela Montoya, quien añadió que una discusión en esta materia “se tiene que dar técnicamente y no políticamente”.

Los proyectos

Con la firma del senador José David Name Cardozo, del partido de la U, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley “por medio de la cual se adoptan medidas para asegurar la disponibilidad energética del país” y que, en pocas palabras, lo que busca es romper los actuales límites establecidos por la regulación a la participación en el mercado de los agentes generadores y comercializadores.

Según el senador Name Cardozo, en la exposición de motivos del proyecto de ley, el objetivo es “flexibilizar la normatividad actual del sector energético de tal forma que permita implementar escenarios comerciales dinámicos para garantizar la prestación del servicio de electricidad”.

Le puede interesar: EPM interrumpe venta de acciones de ISA para revisar al alza su precio

El mismo congresista radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 130 de 2018 cuyo propósito es modificar el cargo por confiabilidad y redistribuir tales recursos en subsidios para los estratos 1 y 2, financiar el mantenimiento de plantas termoeléctricas y cofinanciar proyectos de inversión “para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.

A juicio del senador José David Name Cardozo, “la regulación que existe actualmente sobre el cargo por confiabilidad es confusa” por lo cual “es imperioso legislar y dejar claridad sobre el uso que debe darse a los dineros recaudados” por ese concepto.

Según Acolgén, existe un tercer proyecto en ciernes, que aún no ha sido radicado en la Secretaría General, que le entregaría parte de los recursos del cargo por confiabilidad a las regiones.

¿Por qué se opone Acolgén?

El gremio de los generadores no comparte la iniciativa de una sobretasa de $4 por kilovatio consumido, que incluyó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la misma iría directamente al usuario.

“Nosotros tenemos dos temas importantes en el sector, el primero es la confiabilidad y el segundo es la competitividad, es decir que los precios sean eficientes. Si le seguimos cargando iniciativas que no son parte de lo que cuesta generar la energía a la factura, nunca lograremos la competitividad”, afirmó la presidenta del gremio, Ángela Montoya.

Frente a la idea de romper los límites regulatorios, es considerada inconveniente por el gremio puesto que los mismos tienen como fin evitar que exista una posición de dominio de una empresa en el mercado, que al final también tendría un efecto en el usuario.

“Consideramos que los límites de participación establecen que exista un mercado en competencia”, señala Montoya.

Conozca más: Hidroituango, un laboratorio de soluciones no convencionales

Es evidente que tanto el gremio como el senador Name apelan a la misma razón para defender posturas totalmente contrarias. Mientras el proyecto de ley señala que sin límites o con límites más altos, la competencia se dinamiza, Acolgén señala que cambiar los límites generaría “una concentración negativa, porque hay empresas que son integradas”, es decir, que generan y comercializan, lo que facilitaría la concentración del mercado.

Por otro lado, Acolgén señala que para solucionar el problema de Electricaribe no sería necesario levantar el límite de generación, sino solo el de comercialización.

“Este tema de los límites lo están promoviendo para Electricaribe, para que una o dos empresas que hoy día ya tienen el 25% de generación y comercialización puedan participar en la compra. No hay otro motivo”, enfatizó Ángela Montoya.

Ahora bien, frente a la idea de modificar el cargo por confiabilidad, la presidenta de Acolgén fue mucho más enfática: “el cargo por confiabilidad no es un recurso que se guarda para ser utilizado en cualquier propósito, sino que es de destinación específica: las empresas generadoras se presentan en subasta y por esa energía, el día que la entregan, empiezan a ser remuneradas”.

A su juicio, “si Colombia quiere seguir manteniendo la confiabilidad del sistema eléctrico, el cargo por confiabilidad no se debe retirar de su destinación”.

Según explicó la dirigente, antes de las leyes 142 y 143, todo el sector eléctrico era propiedad del Estado. Tras el apagón de 1991 se cambió esa estructura, se liberalizó el mercado de forma que fueron empresas privadas las que entraron a ser propietarias de las plantas de  generación.

“Esas empresas mantienen las plantas y las ponen al servicio del país con el resultado de que a los colombianos no nos cuesta un peso construir plantas, porque la expansión se hace a costo del inversionista”, expuso y añadió que “el cargo por confiabilidad le asegura a un inversionista, de cualquier tecnología, que se le va a comprar su energía y que una vez entren los megavatios a los cuales se ha comprometido, recibirá ese pago”.

Montoya reiteró también que “lo que pretende este proyecto de ley es darle recursos del cargo por confiabilidad a Electricaribe” a pesar de que esta empresa es distribuidora y comercializadora, más no generadora.