A raíz de la controversia entre el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sobre el proyecto de tratamiento diferencial de tipo penal para pequeños cultivadores, las partes llegaron a un acuerdo para hacerle las modificaciones necesarias.

Según la Fiscalía, el proyecto contempla penas de entre uno y cuatro años, eliminando las actuales que son entre seis y doce años, para los campesinos que tengan cultivos entre 18 a 38.000 metros cuadros de coca; 19 y 84 metros cuadrados de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola, entre otros. Para este organismo, significa excarcelar a los cultivadores de coca.

¿Cuáles fueron los reparos?
En medio del boom de los narcocultivos en Colombia, Martínez Neira expuso durante el Conversatorio por la Integridad y la Transparencia del Poder Público, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura en Santa Marta, que esta iniciativa debilitaría la política antinarcóticos: “Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta de un 80% para quienes hagan cultivos ilícitos. No importa si son cultivadores industriales, no se trata de pequeños cultivadores, y de alguna manera si fragmentan los cultivos pueden beneficiarse de unas normas a las que no tendrían derecho con una política antinarcóticos y criminal adecuada”.

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Además, señaló que es mucho más grave cuando se modifica el Código Penal, “sin que los beneficiarios de esas rebajas formen parte de los programas de erradicación y sustitución de cultivos, porque se trata de una rebaja indiscriminada y permanente hacia el futuro de las penas para los cultivadores ilícitos en Colombia”.

Por su parte, este viernes el jefe de Estado durante una alocución manifestó que luego de entablar diálogo con el fiscal general, acordaron encontrar lo que no esté claro en el proyecto y generar soluciones con el fin de modificarlo, debido a que ese no era el espíritu de lo que el Gobierno estaba buscando con esa ley.

Según su parecer, Martínez Neira tuvo una errada interpretación frente al proyecto que “busca simplemente que los campesinos más pobres que tengan cultivos de coca para su subsistencia, puedan acogerse al plan de sustitución sin que los metan a la cárcel”.

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Hasta este momento han firmado 118.000 acuerdos para sustituir cultivos ilegales, y en dado caso en que este proyecto no se apruebe, podrían imputarle cargos y meter a la cárcel a cerca de 400.000 personas, es decir más de 100.000 familias, “es una confesión de todas estas familias que estaban delinquiendo”, expresó.

En ese sentido, Santos Calderón reafirmó que no es cierto que le estén abriendo la puerta a grandes cultivadores ilícitos, “es solamente para pequeños campesinos que se quieran acoger al plan de sustitución de cultivos ilícitos por lícitos, solamente para ellos”.