Por Hernando Escobar Isaza

No existe ninguna duda que la crisis económica, cuyos efectos ya comienzan a sentirse, podría resultar mucho más grave que las de 1929 y 2008, peor aún, que los daños que ocasionará el virus mismo, si se tiene en cuenta que, salvo el suministro de productos agropecuarios, medicamentos y equipos médicos y el suministro de alimentos, los demás sectores de la economía se detuvieron por completo.

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El presidente Duque, de manera acertada, adoptó las medidas requeridas para prevenir, tratar y evitar la expansión del virus, y debido al fuerte impacto de la cuarentena sobre las personas de menores recursos, realizó el pago de subsidios para atender su alimentación.

Las anteriores medidas han requerido de una inmensa cantidad de recursos del Estado, mientras los ingresos continúan reduciéndose de manera vertiginosa. La respuesta instintiva del ministro de Hacienda para conjurar ese déficit fue la de proponer una reforma tributaria, de ese modo el aparato productivo al igual que los pacientes en las salas de cuidados intensivos, ahora deberán afrontar la obligación de donar la poca sangre que les queda. El presidente, también con buen sentido, procedió a desautorizar cualquier proyecto de reforma tributaria.

El presidente, antes de que se profundizaran los efectos de la crisis económica, autorizó la continuación de las obras públicas, siguiendo el ejemplo de Alemania en la década del 30 y las recomendaciones que hizo John Maynard Keynes al presidente Roosevelt, para que acometiera la construcción de carreteras y ferrocarriles entre la costa Este y la Oeste de Estados Unidos, aumentando el endeudamiento en lo que se conoce como “la prosperidad a debe”, a la cual siguió un agresivo programa de industrialización y el fomento de la agricultura, con énfasis en los pequeños propietarios rurales, por lo que cobró vigencia lo expresado por un conocido secretario de Estado quien afirmaba que la paz en los de Estados Unidos se debe a la forma en que está concebida la pequeña propiedad rural.

La estrategia del presidente Duque, si bien es acertada, resulta insuficiente para reactivar la economía, al igual que la líneas de crédito otorgadas a través de Findeter y Bancoldex, entre otras entidades, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías hasta en un 90% de su cuantía, puesto que los bancos rehúsan otorgar créditos asumiendo el 10% del riesgo, por cuanto no existe certeza sobre la capacidad de pago de los deudores.

En este escenario cobra especial importancia el sector primario de la economía, puesto que la minería y la agricultura representan la mayor parte de la mano de obra no calificada que existe en Colombia y que actualmente también se encuentra desempleada, situación que ofrece un grave riesgo para el incremento de la violencia, el narcotráfico y la minería criminal.

El sistema económico que existe en Colombia tiene como signos característicos la concentración de la riqueza y la distribución de la pobreza, no sólo porque la propiedad estatal que existe sobre las minas, los baldíos del Estado y los predios y bienes incautados, no cumple con la función social que le corresponde, sino porque las entidades estatales encargadas, siguen procedimientos que parecen inspirados en el Proceso de Kafka y en la Tragedia de Sísifo. ¿Qué tal que la transferencia de un apartamento o la constitución de una sociedad tardaran no 10 días sino 2, 3 o más años?

Muchos colombianos se ven abocados a un dilema mortal, porque si bien podrían obtener una pequeña  parcela para tener cultivos de pan coger o una pequeña mina, se ven obligados a someterse a procedimientos que se extienden durante varios años, con lo que muchos de ellos terminan por desistir, si antes no obtienen un rechazo a su petición, por lo que no les queda otra alternativa que someterse a las condiciones del narcotráfico y la minería criminal, con el agravante de que tarde o temprano se encontrarán con la represión de las fuerzas militares y las penas previstas en el Código Penal y mientras esto ocurre permanecerán sometidos a la explotación inmisericorde de las organizaciones criminales y los intermediarios.

A partir de la expedición de la Ley 1382 de 2010, se presentaron cerca de 8.000 solicitudes de trámite de formalización de pequeña minería tradicional, que hoy forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, contenido en la Ley 1955 del 25 de mayo 2019 (Art. 325), que continúa sin la reglamentación ordenada y requerida para que los requisitos pendientes que deberán ser diferenciales realmente guarden relación con la naturaleza de las explotaciones respectivas.

De las solicitudes mencionadas quedan en trámite 2.500 de ellas en todo el país y 1.000 aproximadamente cuentan con área libre.

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Para solucionar la mayor parte del desempleo de la mano de obra no calificada, solo se requiere que mediante una medida de excepción se ordene una profunda reestructuración administrativa de las entidades encargadas del otorgamiento de títulos mineros, autorizaciones ambientales, de adjudicación de baldíos y la extinción del dominio, y la adopción de un procedimiento aún más breve que el actual, inspirado en la acción de tutela y en las acciones de policía, que, además, vele por el cumplimiento riguroso de los términos.

*Abogado consultor derecho de minas