El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró este viernes que el Ministerio Público mantiene su competencia para investigar y sancionar a gobernadores, alcaldes y funcionarios del Estado que hayan sido elegidos por votación popular.

Este pronunciamiento llega después de que el Consejo de Estado tumbara hace un par de días la inhabilidad para ejercer cargos públicos por quince años que, en 2013, el exprocurador Alejandro Ordóñez le impuso a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá.

“La Procuraduría General de la Nación mantiene la competencia que el ordenamiento jurídico le atribuye, con apego al debido proceso, para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular, como herramienta esencial de la lucha contra la corrupción, en momentos en que estos instrumentos no se pueden debilitar”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

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La Procuraduría se ampara en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha reconocido que la competencia de este organismo de control “para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular, con excepción de aquellos que se encuentren amparados por fuero, es constitucionalmente válida para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general cuando se cometan las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima”.

Por último, cabe destacar que Carillo expresó que en un momento crucial e histórico en la lucha contra la corrupción, la entidad que dirige “reconoce en el Consejo de Estado a uno de sus mejores aliados en esta batalla que desde las instituciones se libra, a partir del mandato de la Constitución Política y en representación y con el apoyo de la sociedad”.