Por presuntos actos de corrupción, la Procuraduría abrió investigación a cuatro exdirectivos, tres funcionarios y el interventor del contrato con Navelena.
Navelena S.A.S. es un consorcio centrado en el diseño y financiamiento de un proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
La Procuraduría General de la Nación pedirá a la Fiscalía la extinción de dominio de cerca de $40.000 millones que recibió Odebrecht en compensación a la liquidación anticipada del contrato entre la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de Magdalena (Cormagdalena) y Navelena.
Así mismo, abrió investigación disciplinaria a cuatro exdirectores ejecutivos de Cormagdalena, tres exfuncionarios y un interventor, por posibles actos de corrupción en el contrato de Alianza Público Privada para la navegabilidad del río Magdalena.
El Ministerio Público estableció que al cruzar cuentas por la terminación de esta Asociación Público Privada (APP) se acordó que Cormagdalena debía reconocer a favor de Navelena más de $189.068 millones, de los cuales a Odebrecht por su participación en la sociedad (86,67 %) le correspondían $163.865 millones.
Para la Procuraduría es necesario que de esos recursos se ordene la extinción de dominio a cerca de $40.000 millones que le quedarían a la multinacional luego de cancelar el crédito suscrito con el Banco Agrario y sus respectivos intereses.
Adicionalmente, insistió a la Fiscalía en la solicitud de medidas cautelares de posesión de bienes, haberes y negocios de la multinacional, para ser puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, en su condición de depositaria provisional de todos los bienes en donde la firma tenga interés y participación.
Investigación por corrupción
Por posibles actos de corrupción en el contrato No. 001 de 2014, el Grupo Élite Anticorrupción abrió investigación a los exdirectivos de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade Moreno, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Augusto Noel García Rodríguez, Carlos Andrés Núñez León, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo.
Así mismo, a los miembros del Comité Evaluador del proceso de selección, Carlos Núñez de León, jefe de la oficina asesora jurídica; Paulino Galindo Yustres, asesor; Héctor Giovanni Páez Pinzón, jefe de la oficina asesora de planeación y al interventor, Mayron Adalberto Vergel Armenta.
El Ministerio Público busca determinar presuntos incumplimientos e irregularidades en el proceso de selección y adjudicación del contrato APP a Navelena, de la que eran accionistas Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (61,67 %), Constructora Norbereto Odebrecht de Colombia Ltda. (25 %), y Valores y Contratos S.A. (13,33 %).
El Grupo Élite investiga si los servidores públicos tomaron medidas frente a la demora en la declaratoria de caducidad del contrato y la cesación del proceso administrativo sancionatorio que le había sido abierto a Navelena.
Entre los actos de corrupción sobre los que trabajan los investigadores están las presuntas conductas para favorecer a Odebrecht a costa de los intereses del Estado, especialmente, pagos por parte de Navelena al exsenador Otto Bula para la búsqueda de una empresa que ayudara en el cierre financiero del contrato.
Frente al encargo a Luis Fernando Andrade como director ejecutivo de Cormagdalena, por tiempo indefinido, siendo en ese momento presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); la Procuraduría busca determinar si este hecho podría configurar alguna prohibición, inhabilidad o conflicto de intereses.
Así mismo, se investigan presuntos pagos a directivos de Cormagdalena por parte de la compañía Acciona, miembro del Consorcio Navega Magdalena, que posiblemente se retiró del proceso de adjudicación por beneficios o pagos que recibió de Odebrecht.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, la declaración del actual ministro de Transporte, Germán Cardona, del exsenador Otto Nicolás Bula y de los congresistas Bernardo Elías, José David Name Cardozo y Arleth Patricia Casado de López, Juan Sebastián Correa, funcionario de Cormagdalena, y del exviceministro Gabriel García Morales.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales deberá presentar un informe de bienes y finanzas de los investigados.
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