Para los agresores de los adultos mayores habrá un aumento en las penas, con castigos de ocho años y cinco salarios mínimos de multa”. Con este anuncio, la senadora del Partido Opción Ciudadana y ponente de esta ley, Doris Vega, definió la ley 1850, radicada el pasado 19 de julio, con la cual se busca solventar la situación de abandono y maltrato que vive esta población, a través de medidas de protección y sanciones penales y económicas por maltrato o abandono.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, busca que se castigue, “no solo a los familiares, que son los primeros que agreden a los adultos mayores, sino también a las instituciones que están a cargo de su cuidado; les caerá el peso de la ley cuando incurran en estos delitos de violencia contra los adultos mayores”, según comentó la corporada.

Las disposiciones de la ley 1850 se dividen en las sanciones penales y económicas y del mismo modo crea unas políticas públicas que buscan que el Estado tenga elementos para reparar y garantizar los derechos de los adultos mayores vulnerados o abandonados.

La parte penal de la norma desarrolla un compendio de sanciones que oscila entre los cuatro y los ocho años e incluyen multas económicas, medidas que se generarán cuando la familia o la institución al cuidado de esta persona maltraten al adulto mayor, lo retengan contra su voluntad, lo abandonen, por negligencia o por descuido frente a estas personas.

Por otro lado, también se incluyen otros elementos que buscan proteger a los miembros de la tercera edad. La ley estableció que “los centros de protección social, así como las instituciones de atención deben acoger a los adultos mayores afectados por casos de violencia intrafamiliar como medida de protección y prevención”.

Además, también fortaleció el Consejo Nacional del Adulto Mayor, para que haga un papel de asesor en la creación de planes de lucha contra la violencia ejercida contra esta población, con redes de apoyo del núcleo familiar para evitar la institucionalización; crear políticas de concientización de las obligaciones de la familia con estas personas, con el apoyo de diferentes instituciones estatales; y la elaboración de un informe sobre la acciones y retos en este tema en cada departamento.

Otro de los aspectos tratados dentro de la ley, es la creación de una ruta de atención inmediata frente a adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar y en instituciones de cuidado, la capacitación de los cuidadores informales de dichos hogares, entre otras disposiciones que buscan mejorar las condiciones de vida de estas personas.

Dentro de las políticas públicas enfocadas desde el ámbito municipal y departamental, se destacaron la creación de granjas para las personas de la tercera edad, que brindan albergue, alimentación y recreación para ellos y la posibilidad de crear una Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. 

Sobre estos elementos, Jorge Luis González, docente de la facultad de derecho en el rama de familia de la Universidad de Medellín, expresó que estas políticas públicas son lo rescatable de esta ley sancionada, ya que “involucran al Ministerio de Protección Social y las secretarías de los entes territoriales y aplican medidas más preventivas que curativas, programas para que se le brinde acompañamiento al adulto mayor durante todo el ciclo en materia de salud, recreación, nutrición y de vivienda”.

¿Fue pertinente la creación de la ley 1850?

Expertos consultados por EL MUNDO, en el contexto del mes del adulto mayor, consideraron que ya existía jurisprudencia que protegía a esta población del abandono y el maltrato, por lo cual no era necesaria esta ley.

José Fernando Botero, coordinador del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Medellín, manifestó que “desde el Código Penal de 2000 hay una disposición novedosa, el artículo 230, en el cual se habla de una protección del adulto mayor cuando hay violencia intrafamiliar. Luego se expidió la ley 1315 del 2009 la cual brindó mecanismos penales y asistenciales para salvaguardar los derechos de esta población”.

Estas vulneraciones siguieron dándose, por lo cual, según Botero, “la existencia de estas normas no cambian la situación. Es decir, es un acto meramente lingüístico, ya que sirve para hacer sentir a la comunidad que la prohibición de ciertas conductas harán que vuelvan a suceder”.

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“Esto lo hacen con la intención de que la comunidad esté tranquila, con lo cual buscan buscan votos; de eso resulta el populismo punitivo. Se sabe que ninguna de estas leyes se podrá aplicar por ineficacia del Estado. Son aspectos técnicos y sociales”, agregó.

Por su parte, Ana María Martínez, magíster en envejecimiento y vejez, consideró que la solución del problema no es la “norma por la norma; es más bien una alternativa cultural y familiar. Las leyes ya existen, solo es cuestión de que se logre hacer sancionable lo que ya está escrito. Hay una política, desde el Ministerio de Protección Social, que protege a esta población, que los entes territoriales con los recursos con los que cuenten, deben hacerlas efectivas”.

Sin embargo, “no es que me impongan como hijo que debo responder por ellos, sino que esto debe estar remontado a unos valores y estructura de familia que me lleven a hacerlo, pero es importante tener también ese respaldo por si no funciona esa cuestión de que una parte de mí me lo diga. Infortunadamente estamos inmersos en esa cultura de que si las cosas no son sancionables, yo como hijo no respondo”, agregó.

Jorge Luis González, docente de la facultad de Derecho en el rama de familia de la Universidad de Medellín, argumentó que para él, esta ley responde a una necesidad de “populismo punitivo, porque su enfoque está en la parte penal. Pone una sanción de cuatro a ocho años y unas multas para quien abandone, maltrate y cometa actos en contra de una persona mayor de 60 años”.
El académico sostuvo que “el derecho penal debe ser la última herramienta a la cual recurrir en asuntos de familia. Si yo he maltratado a un adulto mayor, el hecho de que me vaya a la cárcel ¿resuelve la situación?”. González expresó que apuesta más por una sanción administrativa, que satisfaga las necesidades de la persona vulnerada. 

¿Cuáles son los problemas de la vejez en Colombia?

Los expertos coinciden en que para la creación de políticas públicas que impacten positivamente a esta población, con alta vulnerabilidad en el país, es necesario entender la situación actual.
Para Botero, “las normas contempladas en esta ley ya están dentro de la legislación Colombiana. El problema es de educación; de concientizarnos de que debemos respeto, cuidado y gratitud a la tercera edad”.

Además, acotó que la red familiar debe ser fuerte y comprender que son personas que hicieron sacrificios para el bienestar de sus seres queridos, y que lo mínimo es ver por ellos económica, afectiva y socialmente. En especial, enfatizó, cuando se trata de personas con alguna limitación psicológica o física que le impida ser independiente.

La docente Martínez y la representante legal de la Corporación Hombres Hermanos, Paula Catalina Betancourt, coincidieron en que uno de los grandes desafíos de los adultos mayores en el contexto social actual es el cambio demográfico y el debilitamiento de las redes familiares.

Martínez aseguró que “la pirámide poblacional se está estrechando cada vez más en la base, por lo cual cada vez encontramos más familias envejecidas, con gran presencia de adultos mayores y sin red de apoyo de personas que puedan apoyarlos y brindarles protección”.

Para ella, las necesidades varían dependiendo de los antecedentes familiares. “Hay dultos mayores que no pudieron estudiar o tener una fuente de recursos, pero tienen una red familiar que se apropia de las necesidades de esta persona. También puedes encontrar casos contrarios con un círculo familiar reducido, por lo cual el cuidado de este ser humano es subcontratado y otros que no tienen la red familiar y no tienen que subsidiar estos costos, casos en los que aparecen los planes sociales del Estado”.

Por su parte, Betancourt indicó que “a futuro, los adultos mayores van a estar sin nadie que los acompañe y proteja. Si ahora vemos ese fenómeno de abandono, luego se va a agudizar mucho más. Por eso el Estado se está haciendo cargo de esta problemática, sobre todo con elementos como esta ley”.

Frente a estas problemáticas, González explicó que “debe apuntarse a que, como dice la ley, el Estado asuma todos los costos del adulto mayor y luego le cobre dichas gestiones a las personas que por norma están encargadas de él. Estando en la cárcel, el individuo no tendrá como responder por sus obligaciones”.

“También debe crearse la cultura de que tengamos la consciencia que este adulto mayor es parte de mi familia y no un mueble viejo. Uno también va a llegar a esta etapa y no sería bueno también ser abandonado por nuestra red de seres queridos”, concluyó.

Martínez indicó que “hay que hacer cumplir estas políticas de vejez que ya existen en el país. Desde que estamos jóvenes es que debemos empezar a sensibilizar sobre los aspectos de la etapa de la vejez. Cuando lo empiezo a conocer y entender desde la infancia, como parte de la formación, esta sensibilización es más efectiva”.

 Para Catalina Betancourt, como parte de un hogar para esta población, “debe invitarse a las familias a que se hagan cargo de ellos y crear espacios de inclusión en temas como la salud, alimentación, viviendas dignas y diversión. Estas necesidades deben ser tratadas por el Estado, no solo para los adultos mayores que están en la calle, sino también para quienes están laborando y no tienen la estabilidad para acceder a una pensión”.

“El llamado es a que se le dé importancia a las problemáticas de los adultos mayores y se les brinde el cuidado que se merecen, que se hagan políticas de inclusión en la parte de participación política y que en el campo laboral se generen garantías a las personas que aún tienen deseos y potencial para aportar ideas; de modo que logren realizarse profesionalmente y puedan realizar su trabajo de manera óptima”, agregó.

Concejo de Medellín pidió más inversión para el adulto mayor

El pasado 22 de julio el Concejo de Medellín realizó un debate para evaluar los programas sociales, en el cual hicieron énfasis en la población de adultos mayores, tema sobre el cual Jesús Anibal Echeverri (miembro de la bancada citante), solicitó hacer un balance exhaustivo sobre el estado de la gestión en esta población e instó a la Administración para que se generen sinergias entre secretarías para que hayan mayor impacto y correlación dentro de las estrategias.

El concejal Héctor Francisco Preciado, del Partido Centro Democrático, expresó que las acciones emprendidas por la Alcaldía a favor de la tercera edad son destacables, pero requieren una ampliación en la cobertura y la inversión en estas intervenciones debido al aumento de la cantidad de adultos mayores en la ciudad.

Según cifras de la Corporación, en Medellín hay 63.936 adultos mayores de 50 años, la mayoría de ellos en estratos del 0 al 3. Manrique y Villa Hermosa son las comunas con más población de esta edad.

El secretario de Inclusión Social y Familia, Luis Bernardo Vélez, destacó que para el cuatrienio 2016-2019 van a abrir 28 centros vida e hizo énfasis en que en todas las comunas de la ciudad hay este tipo de centros asistenciales que benefician a 2.930 personas.