El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, volvió a señalar el tema del hacimiento que se registra en los centros penitenciarios y de reclusión transitoria en Medellín.

El Mandatario reiteró su inquietud por el alto hacinamiento que registran las cárceles, al igual que las celdas de la Fiscalía y centros de reclusión transitorios de la Policía de la ciudad, pero reiteró que no se dejarán de realizar capturas.

“Las personas ya no caben en los lugares donde las tienen retenidas, nos tienen que dar una solución, el Ministro de Justicia ya se comprometió en realizar unos traslados y lo cierto es que la operatividad en Medellín no puede parar y la lucha contra la criminalidad avanza y sigue”, puntualizó Gutiérrez Zuluaga.

Lea también: Desconocido atacó a la ciudadana que denunció caso de Don José.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, se comprometió con el Alcalde a iniciar el traslado de presos que están hacinados en los centros de reclusión transitorios y en el búnker de la Fiscalía de la capital antioqueña y realizó, además, recomendaciones para detener la operatividad judicial en la ciudad.

“Me confirmó el Ministro de Justicia que delegó al general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec, para que empiece a hacer el traslado de las personas a la cárcel nueva de El Espinal, Tolima, como parte del compromiso que había hecho el Gobierno Nacional”, explicó el Alcalde.

De acuerdo con el mandatario local, se va a comunicar con el director del Inpec para definir cuál es el número de internos que serán trasladados. En cifras reveladas por el mismo Alcalde, hasta el viernes anterior en las instalaciones del búnker, que tiene capacidad para 50 personas, había 142. En los centros de reclusión temporal de las estaciones de policía hay 1.213 detenidos cuando la capacidad es para 255.

Cárceles como la de Itagüí, con capacidad para 238 presos, en la actualidad tiene 1.154 en hacinamiento (385%). En la penitenciaría Bellavista, en Bello, hay espacio para 1.969 presos y tiene 3.169 (61%), y en El Pedregal, construida para 1.288, en este momento cuenta con 2.392 (86%). Situación que hace imposible una redistribución de los penados.