Situarse en los puntos más altos de dos de las comunas de la ciudad que más han padecido los embates de la guerra, para mirar el valle cercado de montañas, no deja de ser contemplativo e impactante, además de sugestivo y desafiante.

San Javier (Comuna 13) y Villa Hermosa (Comuna 8): tan occidente y tan oriente, tan arriba, tan esquineras y en los extremos, pero tan céntricas y estratégicas a la vez.  

Los brotes de violencia de estos territorios, que según expertos, nunca han desaparecido y sólo se han mantenido dormidos, viven una reactivación que ha tomado fuerza en los últimos días, y que ha merecido la presencia del Estado desde hace un mes en la zona de la comuna 13, específicamente.

Según denuncias hechas por la Personería de la ciudad, el tema de orden público en la comuna 13 en lugar de mejorar empeoró en este último mes, y a pesar del aumento considerable del pie de fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército, once personas han muerto y 87 más han sido desplazadas de la zona en los últimos 30 días.

Estas cifras representan un aumento de 171% en el desplazamiento, y 57% en los homicidios de la zona, datos que según el personero delegado para los Derechos Humanos, Juan Fernando Gómez, son altamente preocupantes. 

“La vulneración a los derechos humanos en este territorio persiste (…) Que once de los 26 homicidios ocurridos en la Comuna 13 durante este año se hayan presentado en un solo mes evidencia que no basta simplemente con medidas de choque y presencia de la fuerza pública, sino que esto tiene que ir acompañado de una oferta institucional continua; eso es lo que está pidiendo la gente”, señala el delegado. 

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Por su parte, en la Comuna 8 se registraron entre el primero de enero y el 29 de mayo de este año 15 homicidios, lo que representa un incremento de 88% de este delito frente al mismo periodo del año anterior (ocho homicidios) según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) y la Personería, agregado al problema de desplazamiento, que registra nueve personas desplazadas hasta el 20 de mayo pasado. 

Para Jorge Iván Avendaño, docente en Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, el problema es cíclico y se reactiva por tiempos, porque es una lucha constante entre las bandas por el control del territorio.

El investigador platea que el recrudecimiento de la violencia, específicamente en la Comuna 8, puede estar asociado al control por la nueva ruta que generaría la apertura del Túnel de Oriente como corredor estratégico del tráfico de drogas, e incluso de armas de fuego, al igual que la Comuna 13 es un paso obligado hacia el Urabá y el Suroeste antioqueño. 

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“El crimen es una empresa que sufre transformaciones, se reacomoda y tiene pugnas internas; delinquir es un oficio como cualquier otro, donde se hacen pactos y negocios de no agresión, pero cuando los cabecillas son removidos por las capturas del Estado surgen los conflictos al interior de esa empresa criminal y es allí donde sufre la comunidad”, dice Avendaño quien además agrega en su análisis, como exmiembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), que la nueva vía del túnel va a ejercer una influencia importante, por la que los grupos criminales van a combatir, debido a que “geográficamente quien se asiente allá va a delinquir más fácil”. 

Pablo Angarita, investigador del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, asegura que en la ciudad en general “hay un problema lamentable que no se ha resuelto ni se resolverá”.

“Capturar a los bandidos no toca el problema de fondo (…) Las estructuras criminales se han legitimado en los territorios por la poca oferta del Estado, donde incluso, los mismos habitantes respaldan su presencia y rechazan la de la fuerza pública, porque ellos se convierten en garantes de su seguridad”, dice Angarita. 

El investigador agrega que la delincuencia les brinda "apoyo económico" con los créditos fáciles del "gota a gota", reparten lotes entre la comunidad para que los habiten y "cuidan el sector", entre muchas otras actividades con las que hacen la tarea que no hacen las instituciones.

“Legitimarse en las comunidades ofreciendo estas ‘ayudas’ es una de las mejores formas de sostener el negocio ilegal, porque a cambio reclutan a los jóvenes, y esto se convierte en un círculo de nunca acabar”, apunta Angarita.  

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¿Qué dicen los que conviven con el problema?

Los habitantes de estos sectores aseguran que los recientes enfrentamientos en su territorio no son una coyuntura actual, y que, por el contrario, son un asunto histórico que quieren vender sólo como un conflicto entre combos y que los tiene limitados incluso para desplazarse dentro de sus barrios, por las llamadas ‘fronteras invisibles’ que aún persisten.

Integrantes de organizaciones juveniles como Casa Diversa, en la Comuna 8, afirman estar en total desacuerdo con la manera como la Administración atiende la situación con su enfoque de seguridad. 

“El conflicto no es solamente entre los combos por temas territoriales y distribución de las plazas de vicio, no es sólo en esta comuna ni afecta a unos cuantos barrios; esto es un asunto de abandono del Estado que empieza en aspectos como que en algunos sectores no hay acueducto ni alcantarillado; es ilógico que los servicios básicos estén insatisfechos, pero sí tengamos una base militar, un ecoparque y un metro cable”, señala un integrante de Casa Diversa que no quiso revelar su identidad por seguridad. 

Agrega que Casa Diversa, que trabaja con cerca de 500 personas de la Comuna 8, está cerrada por el momento, porque a muchos de los niños que asisten a los diferentes procesos no los han dejado pasar de un barrio a otro, ni movilizarse libremente. 

“Hace once años que trabajamos en este espacio, cerramos desde el pasado viernes por seguridad, pero esperamos que pronto cesen los enfrentamientos para abrir de nuevo”, dice el integrante. 

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En la Comuna 13, líderes de los procesos sociales y comunitarios han seguido trabajando, porque afirman que la mejor forma de enfrentar la violencia es estando unidos y no bajar la guardia. 

Ciro, integrante de la Corporación Casa Kolacho, enfatiza en que el tema de la violencia no sólo ocurre en estas comunas, y que es preciso conocer las dinámicas de cada territorio y hablar también de lo positivo que tienen sus barrios.

“Las instituciones sólo hablan de violencia cuando hay enfrentamientos, pero violencia también es la falta de lugares adecuados para atender las necesidades de la gente en salud o educación (...) la violencia también es la estigmatización que sufre nuestro territorio”, dice Ciro. 

Pide no generar zozobra con lo que pasa en el sector y hace un llamado a la comunidad para que sean testigos de lo que pasa en la comuna caminando sus calles.

“La solución armada nunca ha sido efectiva, porque es reforzar un estereotipo de que todo se hace por las malas ¿Por qué en lugar de mandar la Policía y el Ejército no vienen con orquestas y grupos de arte?, ¿De qué nos sirve tener pie de fuerza militar si las problemáticas sociales y las necesidades siguen estando presentes?”, reclama el líder del sector.

Frente al tema, el personero delegado para los Derechos Humanos recuerda que el antecedente de la Operación Orión, donde hubo una intervención de la fuerza pública de tipo militar y policial, dejó claro que esas medidas no son suficientes para combatir la violencia y la criminalidad en la ciudad.

“Si eso fuera efectivo la Comuna 13 no presentaría hoy estos niveles de conflictividad; el Estado no puede tener territorio vedado, es importante la presencia de la fuerza pública, pero esa no puede ser la estrategia primordial, hay que trabajar de forma integral”, señala Gómez.