Las autoridades tienen alertas en puestos ubicados en la Estrella y Sabaneta por alta inscripción de personas, y en Vigía del Fuerte y Alejandría por incidencia y posibilidades de alteración.
La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, afirmó que 6.890 policías velarán para que la jornada de votación se efectúe con normalidad: “Todos los puestos de votación van a ser controlados, está dispuesta toda la seguridad para que la gente proceda a votar tranquilamente”. Asimismo, “26 puestos de votación que tienen una medida especial van a tener vigilancia mixta con Ejercito Nacional y los puestos de votación en el municipio de Turbo van a tener apoyo de la Armada”.
A nivel aéreo, la Secretaria afirmó que se va a tener vigilancia en municipios que puedan presentar algún problema de orden público y que se ha dispuesto, por parte de la Fuerza Aérea, llevar a los jurados de votación a las zonas más lejanas y traer de vuelta las cajas de votación para no tener riesgo en carretera o demora en el proceso. “Estamos altamente preparados, tenemos un plan democracia apoyado por el Ministerio de Defensa y con toda la fuerza pública”.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá afirmó este lunes que prestará un cubrimiento del 100% en los puestos de votación en los diez municipios que la conforman, “más de 3.500 uniformados para garantizar el derecho al sufragio”.
De igual modo, la Policía afirmó que han recibido alertas en los municipios de la Estrella y Sabaneta en los que puede haber trashumancia electoral, pero que se están tomando medidas con la Registraduría Nacional, con la Fiscalía y las administraciones municipales y “se espera que si en realidad hay una amenaza para ese día ya esté disipada”, afirmó la entidad.
Durante todo el año el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Cuarta Brigada, prohibió el uso de armas a personas naturales y jurídicas; sin embargo, sólo en casos especiales como gobernadores y alcaldes podrán portarlas por la situación que se presenta de orden público.
Esta medida de prohibición se da por el incremento de homicidios y para evitar más problemas de orden público en víspera de las elecciones el próximo 11 de marzo. Para poder portar el arma, los servidores públicos y otros casos especiales deberán renovar el salvoconducto ya que por esto se tiene una exigencia especial.