En sus célebres estudios sobre la democracia, el politólogo estadounidense Robert Dahl identificó una serie de “instituciones o reglas de juego” sin las cuales la democracia es solo una ilusión. De estas, destaco dos: (i) la libertad de expresión que exige que los ciudadanos puedan expresarse libremente respecto de los asuntos públicos, incluso si es para ejercer fuertes críticas frente al gobierno o el Estado; (ii) la existencia de fuentes alternativas de información, más allá de las oficiales, que permitan a los ciudadanos informarse respecto de las cuestiones públicas desde diferentes puntos de vista.

Estas instituciones de la democracia encuentran su manifestación concreta en la libertad de prensa, que permite que diversas personas y sectores se expresen libremente respecto de los asuntos públicos, y que facilita que los ciudadanos recurran a diferentes fuentes de información. La conclusión es indiscutible: una prensa libre y vigorosa es una condición esencial de los regímenes democráticos.

Existen diversas formas en las que la libertad de prensa puede verse restringida. Algunas de estas, como el asesinato o el encarcelamiento de periodistas, son evidentes y abiertas. Sin embargo, también hay acciones que pueden afectar gravemente la libertad de prensa y que se pueden ver como mecanismos de censura indirecta.

Un ejemplo de las últimas es la asignación de recursos públicos, como aquellos derivados de la publicidad oficial, que se utiliza para premiar a los medios de comunicación cercanos al gobierno y para castigar a los medios independientes o críticos. Otro ejemplo, que es en el que me quiero concentrar en esta columna, es el fomento de un ambiente de intimidación en contra de una persona o medio de comunicación a través de “manifestaciones sistemáticas y desproporcionadas tendientes a la creación de un clima de intolerancia y hostilidad contra una persona o un determinado medio” (Catalina Botero, Problemas persistentes y desafíos emergentes en materia de libertad de expresión en las Américas).

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Una de las primeras acciones adelantadas por los gobiernos de corte autoritario es la desacreditación pública de medios de comunicación o periodistas críticos. No es necesario cerrar un canal o un periódico para irse en contra de la libertad de prensa. A veces, una simple declaración de un presidente, con toda la exposición mediática que puede llegar a tener, basta para mandar el mensaje de que no se tolerará a quienes pretendan informar de manera crítica sobre el comportamiento de los funcionarios gubernamentales.

En América Latina, esto no es ninguna novedad. Los líderes autoritarios de diferentes países de la región se han caracterizado por atacar públicamente a los periodistas críticos de sus gobiernos. Rafael Correa se enfrascó en una constante confrontación con el periodista Martín Pallares, a quien calificó en vivo y en directo, y con nombre propio, como un “inefable pendenciero falaz” que hacía parte de una “prensa corrupta” supuestamente enemiga del pueblo ecuatoriano. En el otro lado del espectro político, Álvaro Uribe no bajó nunca al periodista Daniel Coronell del calificativo de “extraditable”. A pesar de las evidentes diferencias entre Correa y Uribe, ambos compartieron un rasgo común durante sus gobiernos: una enorme popularidad que les permitía sembrar pánico sobre sus críticos con una simple mención despectiva en televisión.

Es por lo anterior que me parece preocupante que los dos candidatos con mayores opciones para ganar la Presidencia de Colombia, Iván Duque y Gustavo Petro, sean los que menor compromiso parecen tener con la libertad de prensa. Por supuesto que ninguno de los dos se manifiesta abiertamente en contra de la prensa libre, por el contrario, ambos se han comprometido, en abstracto, a garantizarla. Pero este no es un parte de tranquilidad suficiente.

Iván Duque, independientemente de su talante conciliador, tiene encima la enorme presión del líder político más poderoso del país, que recientemente ha lanzado varias amenazas subrepticias en contra del periodismo crítico. Por su parte, Gustavo Petro, con sus ataques al canal RCN, ha contribuido a propiciar un clima adverso para la prensa libre, tal como advirtió recientemente el director de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Pedro Vaca, Candidato Gustavo Petro, usted debe promover la libertad de prensa).

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Cuando se es partidario de un proyecto político determinado, es fácil terminar viendo a la prensa libre y crítica como un obstáculo para la realización del mismo. Sin embargo, a todos nos conviene recordar que la libertad de prensa es garantía de control no solo de los gobiernos con los que simpatizamos, sino de un eventual gobierno con el que podamos disentir. Si permitimos que los gobernantes que elegiremos en los próximos comicios electorales restrinjan la libertad de prensa, en unos años podremos estar arrepentidos de que no haya nadie para controlar a quienes nos gobiernen en el futuro.

Comentarios:

augusto
2018-03-29 12:39:56

¿Democracia? ¿La que definen como "Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos"? ¿En que país del mundo el poder político es ejercido por los ciudadanos? pero las gentes aceptan la "democracia" porque les permiten ejercer el derecho a votar, digamos que ese derecho es parte de la democracia, pero no es la democracia. Cuando en el pueblo haya uso de la inteligencia vendrá el despertar de una con(s)ciencia superior que trasciende esa con(c)iencia normal que muchos predican pero que nada aplican.

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