Por MARÍA VICTORIA DUQUE VIAÑA

Los seres humanos estamos en el derecho y en el deber de exigir la protección y conservación del medio ambiente y merece reconocimiento todo aquel que defiende, sale a marchar y es viral en redes sociales por defender dicho propósito;  pero resulta irónico y ciertamente incoherente que se pida a los Estados prohibir a toda costa la explotación de los recursos naturales, especialmente la minería, cuando en nuestra cotidianidad no ponemos freno al uso y consumo de todo lo que se elabora con el producto de ella.

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Y es que demandamos intensamente ordenadores, fibra óptica, vehículos, aviones, obras civiles y hasta joyas, todos elaborados con minerales como materia prima, a los que no queremos renunciar pues, así como reclamamos por la protección del medio ambiente también reclamamos por celeridad en las comunicaciones, transporte ágil y rápido, buenas construcciones e incluso un bonito anillo de bodas.

Mientras subsista la demanda, sea porque exista una necesidad humana o porque el consumismo resulta ser la excusa del bienestar personal y el medio para la creación de las relaciones sociales y la adquisición de identidad, no es práctico ni conveniente prohibir enteramente la actividad minera, pues “prohibir” sería un sofisma que ni desaparecería los minerales ni desincentivaría la demanda, por el contrario, generaría consecuencias adversas reflejadas en explotación ilegal sin controles técnicos ni ambientales y ciertamente sin impuestos ni regalías en las arcas del Estado y en beneficio de los colombianos.

Al prohibir la actividad minera y declararla una actividad ilícita en todo el territorio se exiliarían aquellas empresas y personas: 1) dispuestas a elaborar e invertir en estudios técnicos, ambientales y sociales previos a cualquier explotación; 2) dispuestas a ejecutar una explotación técnica y ambientalmente correcta; 3) dispuesta a contratar mano de obra en cumplimiento de la normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo ; 4) dispuestas a someterse al control y a la fiscalización del Estado; y aunque no es lo más deseable 5) dispuestas a responder y reparar económicamente por sus acciones. En consecuencia, se dejaría la puerta abierta a otros que ilegalmente y en afán de enriquecer sus bolsillos, están dispuestos a explotar los recursos de manera indiscriminada, propiciando la inseguridad y criminalidad, degradando los suelos, el aire y el recurso hídrico, afectando desmedidamente el paisaje y aún más, sin pagar ni un solo centavo por la explotación del subsuelo que resulta ser de todos.  

Es de resaltar que desterrar la minería en todo el territorio, también significaría invalidar la trayectoria de universidades y anular a miles de ingenieros de minas que a través de su conocimiento han demostrado que es una actividad viable.

Por eso considero que en esta materia no nos podemos dejar persuadir por el discurso distractor de los ambientalistas extremos, o de los que de manera irresponsable lanzan juicios sin argumentos técnicos; el verdadero discurso al que debemos apelar es instar a quienes se dedican a la industria minera a ejecutar sus actividades bajo los más altos estándares y los más estrictos controles y en todo caso, supeditados a la inspección, vigilancia y control de las autoridades.

También soy de la teoría que la minería no es viable en todo el territorio y no puede promoverse a cualquier costo.  Claramente debemos exigir al Estado que se excluya la actividad minera y cualquier otra actividad que genere impactos negativos en aquellas áreas que por su importancia ambiental y cultural deben permanecer intactas. Sin embargo, esta exclusión debe basarse en criterios técnicos, sociológicos y antropológicos definidos a través investigaciones promovidas, no sólo por las autoridades del orden nacional sino también por institutos, universidades y empresas, y en todo caso, fuera de ideas subjetivas, parcializadas y politizadas.

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Ahora, donde no haya criterios para excluir, es decir donde sea viable ejecutar la actividad minera pues sus impactos son mitigables, compensables, o corregibles; debemos exigir y reclamar al Estado decretar reglas claras y procesos efectivos y ordenados de continua participación y concertación en los que las autoridades del orden territorial y la comunidad puedan manifestar sus expectativas y preocupaciones frente al desarrollo de la exploración y posterior explotación minera en su territorio; a su vez el minero (grande, mediano o pequeño) pueda formular las medidas de manejo a dichos impactos; y en los que conjuntamente con base en criterios técnicos y fuera de toda subjetividad y politización, se puedan acordar y revisar los planes y programas para darles correcto tratamiento.