El martes 24 de julio, el país se sorprendió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre investigar al expresidente y senador -hasta que la plenaria del Senado le acepte la renuncia- Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara por su colectividad Álvaro Hernán Prada. Lo anterior, para que respondan por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, luego de que el alto Tribunal se abstuviera de abrir investigación contra el senador Iván Cepeda por falsos testigos, ya que encontró que el demandante –Uribe Vélez- al parecer, con su consentimiento, personas allegadas a él, cometieron actos de manipulación de testigos en contra del Congresista del Polo Democrático.

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El presunto testigo, que según parece fue forzado a cambiar su testimonio, es el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, miembro del Bloque Metro de las Autodefensas, que operaba principalmente en Medellín, responsable de varias masacres contra la población civil, de narcotráfico y contrabando de gasolina. Por la gravedad de las conductas que realizaba, es importante resaltar la voluntad y el compromiso que ha mencionado Monsalve de contar toda la verdad, no sólo en este proceso sino en muchos más en los que se encuentra vinculado.

Al respecto, cabe señalar que una puerta importante se abre para que las más de las 1.8 millones de víctimas del paramilitarismo -de las cuales 1.5 millones son por desplazamiento forzado- vean que después de trece años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y de la extradición de los jefes de los bloques, la justicia en nuestro país “cojea, pero llega”.

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Por estos motivos, apoyo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avanzar en sus investigaciones, pues es fundamental para el esclarecimiento de los más de 100.000 casos que no han sido resueltos. Así, los invito a que continúen con la investigación y no caigan en el chantaje del señor Monsalve que anuncia que dirá toda la verdad si es acogido por la JEP. Ese deber es inmediato para y por las víctimas.