Con su premonitorio nombre, el puente La Libertad, contratado en 2007 como adición al contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, obra que ella misma incluía otro puente de 75 metros de luz sobre el río Cacerí, es la "cereza" de las obras que unieron, sin sobrecostos, y según cronogramas, varios municipios del Bajo Cauca con su centro subregional, Caucasia. El puente integró a El Bagre y sus 50.000 habitantes a la Troncal de la Paz atendiendo el clamor de una comunidad que para conectarse con el mundo tenía que depender del paso en lanchas o barcazas.  A pesar del dictamen "sin hallazgos" emitido hace 12 años por la Contraloría, hace un año y medio un fiscal decidió abrir investigación contra el Gobernador de la época, Aníbal Gaviria Correa, porque le pareció extraño que el puente se hiciera como parte de una adición a un contrato de obra pública, dentro de los límites presupuestales permitidos. A esa sospecha le suma otras dos o tres preguntas sobre aspectos no sustanciales del contrato de obra pública, que realmente ni siquiera vale la pena intentar resumir en este breve espacio.

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Nadie en Colombia, ni los fiscales, ni los jueces mismos, están por encima de la ley. Y mientras mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la vigilancia sobre los servidores públicos de todas las ramas del poder. En ese sentido, a pesar de los casi 15 años desde que se abrió la licitación de la obra, podría verse con cierta normalidad la apertura de la investigación, aunque no deja de levantar suspicacias que la misma, después de un año de iniciada, se pusiera en modo "fast track" cuando el investigado fue reelegido gobernador de Antioquia en octubre pasado. Lo que sí es extraño es que al imputar cargos, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decretara necesaria medida de aseguramiento en contra del Gobernador, y más extraño aún que la Sala Especial de esa corporación confirmara la medida, por no encontrarla desajustada a la ley y justificar su necesidad, contra las argumentaciones casi unánimes de juristas, líderes de opinión y la Procuraduría General de la Nación, y contra la ratificación de la confianza en Aníbal Gaviria Correa como gobernador de Antioquia, por la gran mayoría de la ciudadanía e institucionalidad antioqueñas.  

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Las decisiones sucesivas del fiscal delegado y los dos togados extrañan al derecho y la democracia. Es insólito que cuando el proceso apenas está en la etapa de investigación, los operadores judiciales hayan determinado la separación de su cargo, fin último de la medida privativa de la libertad, del gobernador del departamento más importante del país, y mucho más que lo hagan al prejuzgar la existencia de delito, que declaran querer prevenir impidiendo al mandatario el ejercicio de sus funciones, como si no existieran acciones preventivas en la contratación para garantizar su transparencia plena, como el acompañamiento de las contralorías.

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Y, por supuesto es extraño que, fruto de la violación al principio de presunción de inocencia, la justicia señale como peligroso a un ciudadano que tiene una hoja de vida incólume y que en tres ocasiones diferentes ha recibido el aval de sus conciudadanos para liderar los destinos de Antioquia y Medellín. La determinación es mucho más inexplicable cuando proviene de la misma Corte que hace poco más de un año desestimó, en cambio, la peligrosidad del hoy prófugo y ese sí confirmado criminal a. jesús santrich, abriéndole el camino a su rearme.

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Por cuenta de la determinación de la Fiscalía y la reiteración por la Sala Especial de la Corte Suprema, Antioquia se ve privada temporalmente del Gobernador que eligió para guiar sus destinos y al que le premió con un 83% de aprobación, aún después de su detención domiciliaria, por sus capacidades para coordinar la lucha contra la pandemia de covid-19 y sus desastrosos efectos económicos y sociales; grave ausencia atenuada por la contundente aprobación por 25 de 26 votos del plan de desarrollo 2020-2023, y porque en la dignidad ha sido encargado Luis Fernando Suárez, dirigente con el conocimiento y las calidades necesarias para tomar decisiones en la pandemia y la ejecución del plan de desarrollo.

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Contrario a lo predicado por el fiscal Barbosa en la directiva 001, a sentencias de la Corte Constitucional e incluso a decisiones previas de la Corte Suprema con sujetos de demostrada peligrosidad, con la incoherente detención preventiva del gobernador Aníbal Gaviria no sólo se violan varios de sus derechos fundamentales, sino el derecho de todos los ciudadanos que votaron por él, y aún de los que no, pues así es la regla democrática.  La medida y su confirmación por la Sala Especial también notifica de hecho a todos los gobernantes que su calidad de tales queda sometida al arbitrio, no objetivo o equilibrado, de órganos de justicia que pretenden ponerse por encima de los principios constitucionales que ordenan un Estado con poderes independentes entre sí, pero, como lo consagra el artículo 113 de la Constitución de 1991, con colaboración armónica entre ellos. Tomadas las decisiones, fiscal y magistrados rompen la seguridad jurídica que debe prevalecer en el ejercicio, vigilado, de las responsabilidades políticas y fijan un peligroso precedente para que los fiscales y los jueces de garantías admitan medidas igualmente desproporcionadas en situaciones comparables.

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Somos respetuosos y defensores del Estado de Derecho pero ejercemos nuestro derecho a disentir y expresar dicho disenso, sobre lo decidido por los dos magistrados que hoy integran la Sala Especial. Considerar esta actitud, en el investigado y quienes lo respaldamos, como un irrespeto a las decisiones judiciales, que en ningún momento se han desacatado, no sólo es arbitrario, sino peligrosamente antidemocrático. Para nadie es un secreto que EL MUNDO es un medio de comunicación cercano a Aníbal Gaviria Correa. Tampoco es un secreto que siempre ha defendido y respaldado a la Rama Judicial como el baluarte de la Justicia Colombiana, honrando a los miles de jueces y fiscales que han entregado sus vidas por este ideal. Mantenemos la confianza en que las oscuras actuaciones de algunos de sus miembros no son la regla general, y esperamos por el bien de Colombia que la misma Institución sepa tomar las medidas correctivas que nos confirmen a todos que el poder de administrar justicia, con la diligencia, probidad y objetividad que merece todo procesado, es todavía la norma en nuestra Patria.

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