Que Germán Vargas Lleras haya anunciado su candidatura para la contienda electoral de 2018 no es ninguna sorpresa. Se sabía prácticamente desde que el presidente Juan Manuel Santos lo nombró como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2014. Pero que el jefe de Cambio Radial (y para muchos el dueño del guiño oficialista) recurra a la recolección de firmas para avalar su aspiración es algo, más que inesperado, tramposo.

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Con este anuncio ya son por lo menos diez los candidatos que recurrirán a los ciudadanos de a pie para recoger el apoyo popular apelando al coyuntural deslinde de los partidos que muchos de los aspirantes quieren dejar claro ante el electorado. Una opción que, reglada en el ordenamiento jurídico colombiano, garantiza la diversidad de la participación política en las elecciones de quienes no están matriculados ni en partidos ni en movimientos, pero que pueden dar origen, mediante la conformación de un movimiento significativo de ciudadanos, a una colectividad que haga las veces de alternativa a lo existente. No cabe la menor duda, pues, del carácter idóneo que este mecanismo tiene para el fortalecimiento de la democracia, cuya fortaleza institucional se mide en el mayor peso de los partidos que de las personas.

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Siendo tal el espíritu de la recolección de firmas, condenamos lo que consideramos el abuso que algunos candidatos (claramente pertenencientes a partidos políticos establecidos) quieren hacer de la figura, como es el caso de Alejandro Ordóñez, Humberto de la Calle y, muy especialmente, Germán Vargas Lleras, quien desde hace años ostenta el liderazgo natural de Cambio Radial. Es despreciable que, con la bendición cómplice de la colectividad de la que es cabeza visible, Vargas Lleras, así como los demás candidatos que perteneciendo a una colectividad, decidan irse por firmas para tomar ventaja sobre los aspirantes que sí deben cumplir los plazos de la campaña política que fija el Consejo Nacional Electoral, sin rendir además cuentas a ningún organismo de control sobre los recursos que invertirán en este proceso.

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Más allá de si es legal esta actuación a la luz del sistema electoral colombiano, lo que es cierto es que es un pésimo ejemplo, que contraviene la transparencia, el juego limpio y la ética, por parte de quien pretende conducir los destinos de los colombianos enarbolando, como seguramente lo hará, las banderas contra la corrupción, que será uno de los principales temas de la contienda electoral que se avecina.