De acuerdo con la ley de Garantías Electorales, que genera una serie de restricciones a los servidores públicos, desde este sábado las entidades del Estado no podrán hacer contratación directa, para evitar que los recursos del Estado se ejecuten con el fin de lograr apoyos indebidos.

Por ello, hasta la fecha en que se elija al primer mandatario no está permitido a los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, celebrar contratos en la modalidad de contratación directa.

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Desde el pasado 11 de noviembre comenzaron a aplicar algunos términos de esta ley. En esa fecha comenzó la prohibición de convenios y contratos interadministrativos, que indica que hasta la fecha en la cual el presidente sea elegido no está permitido a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales del orden municipal, departamental y distrital, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.

"La entrada en vigencia (de la ley) inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso y va hasta que el presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”, indicó en su momento Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente (CCE), agencia nacional de contratación pública.