La Policía Federal brasileña pidió a la Corte Suprema más tiempo para finalizar las investigaciones que afectan al presidente del país, Michel Temer, acusado de corrupción pasiva, participación en una organización criminal y obstrucción a la justicia. 

Según publicó el diario O Globo, la solicitud fue hecha al juez instructor del gigantesco caso de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras en el Tribunal Supremo, Edson Fachin, que el pasado 30 de mayo dio 10 días a la Policía Federal para concluir las investigaciones que afectan a Temer.

La Corte Suprema abrió una investigación el 18 de mayo pasado contra Temer a raíz de la delación que el empresario Joesley Batista, dueño de la multinacional cárnica JBS, hizo ante la Fiscalía, en la que detalló, entre otras corruptelas, pagar sobornos al actual mandatario desde 2010.

Batista también entregó la grabación de una conversación que tuvo con Temer en la que el jefe de Estado escucha en silencio o asiente ante el relato de posibles delitos.

Fachin dio diez días a la Policía para finalizar las investigaciones sobre Temer alegando que una de las personas investigadas en la trama de corruptelas está presa.

La Policía Federal podría usar el plazo extra, en el caso que le sea concedido, para finalizar la pericia del audio de la conversación que tuvieron Temer y Batista.

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El 22 de mayo, la Policía Federal notificó a la Corte Suprema que necesitaría hasta 30 días para concluir el análisis del audio, que según la defensa de Temer, fue manipulado. Según el diario O Globo, la pericia del audio todavía no fue finalizada.

En el marco de las investigaciones, la Policía Federal solicitó poder interrogar a Temer, a lo que el juez instructor accedió pero solamente de forma escrita.

El presidente brasileño recibió el lunes pasado el interrogatorio, que incluía más de 80 preguntas y fijaba un plazo máximo para responder de 24 horas que luego, a petición de la defensa, fue ampliado hasta ayer viernes.

Sin embargo, Temer no respondió a ninguna de las preguntas y sus abogados aseguraron en un comunicado entregado a Fachin que hay preguntas "verdaderamente invasivas, y por tanto inoportunas, que buscan simplemente entrar en la vida personal del presidente (Temer) chocando con su intimidad y sin ninguna conexión con las investigaciones".

Independientemente de si la Corte Suprema accede a dar más tiempo a la Policía Federal para terminar las investigaciones, el Fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, debe presentar una denuncia contra Temer y su exasesor, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, basada en la delación que hizo Batista.

Janot debe presentar la denuncia ante el Tribunal Supremo, que debe reenviarla a la Cámara de Diputados, donde si 2/3 partes de los parlamentarios votan a favor, Temer sería apartado del cargo durante 180 días mientras se investigan las acusaciones contra él y que de prosperar, podrían costarle el mandato.

Debido a ello, el presidente brasileño intenta articular desde hace unos días una base sólida de apoyo, para reunir los 172 votos necesarios que le garantizarían no ser investigado por la Cámara y con ello, evitar ser apartado de la Presidencia.

Las sospechas que hay contra Temer han llevado a la oposición y sectores de su propia base a exigir su renuncia y pueden complicarle la vida en el Congreso, donde el Gobierno tiene pendiente tirar adelante varias reformas consideradas cruciales, como la laboral o la del sistema de pensiones y jubilaciones.

Temer fue absuelto el viernes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de financiación irregular en las elecciones presidenciales de 2014, en las que se presentó como vicepresidente en la fórmula que lideró y ganó la entonces mandataria Dilma Rousseff.

Por 4 votos a 3, la Corte electoral desestimó condenar la fórmula Rousseff-Temer por financiación irregular de la campaña electoral, algo que habría anulado la victoria en los comicios de 2014 e invalidaría el actual mandato, que vence el 1 de enero de 2019 y que tiene a Temer como presidente tras la destitución el año pasado de Rousseff en el Congreso por supuestas irregularidades fiscales.