Aunque vieja, la discusión sobre la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos particulares, parece que apenas comienza. Mientras una nueva plataforma china anuncia el inicio de operaciones en Medellín y la Corte Constitucional tumba la norma que les permitía a las autoridades suspender la licencia de esos conductores hasta por 25 años, el gremio formal de los taxistas anuncia la creación de Fenaltax, la asociación con que pretenden combatir la ilegalidad que, dicen, es tolerada por el Estado.

DiDi es un gigante chino de movilidad que desde abril opera en Bogotá y que ya está registrando socios conductores  en la ciudad de Medellín, donde espera comenzar operaciones con usuarios en los próximos dos o tres meses.

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Esta plataforma, que compró la operación de Uber en China y que actualmente cuenta con quince productos en su portafolio, considera que en su proceso de expansión en Colombia, la capital antioqueña es un actor importante no sólo por el tamaño del mercado, con más de seis millones de viajes diarios en el área metropolitana, sino por los avances de la ciudad en temas de movilidad.

“Llegamos a Medellín con una propuesta de valor atractiva para quienes se quieran registrar como socios conductores y esperamos poder cumplir con las expectativas de la ciudad. Tenemos un gran interés en proponer un balance en donde la tecnología pueda ser incluyente, constructiva y podamos hacer un aporte a la movilidad”, manifestó Juliana Pulecio, gerente de Relaciones Públicas para DiDi en Colombia.

Al tiempo, agregó que las tarifas para los usuarios serán bastante competitivas dentro de la oferta actual del mercado, por lo que esperan que  su “oferta esté encaminada a mantener relaciones de colaboración y apertura con el Gobierno, además de ajustar sus productos a las necesidades y la legislación colombiana”.

Orgullosamente taxista

A eso también se suma el anuncio de la española Cabify, que integra a su plataforma a más de 30.000 móviles de la aplicación Easy Taxi en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, con lo que refuerza su concepto de “movilidad integral”, siendo la primera aplicación en ofrecer, en una misma plataforma, cuatro formas de movilidad: carros particulares, taxis, vehículos de servicio especial y patinetas eléctricas, con lo que, dice, “le permite a los usuarios encontrar una oferta convergente de opciones de desplazamiento en la ciudad”.

Con esta iniciativa, denominada “Orgullosamente Taxista”, sus conductores tendrán una línea de emergencia las 24 horas del día durante los siete días de la semana, así como un rastreo digital para asegurar que todos sus servicios sean seguros.

“Nuestro objetivo principal es devolverle el orgullo y las características positivas a un gremio que lleva unos años estando estigmatizado por errores de una minoría”, afirmó Manuel Torres, director general de Cabify Colombia.

El nuevo gremio

Ante el aumento de estas plataformas y con el fin no sólo de “combatir la ilegalidad” sino de impulsar el mejoramiento de la calidad en el servicio, promocionar la sana competencia y productividad del gremio, conductores, propietarios y empresarios de más de 30 empresas formales se unieron para darle vida a la Federación Nacional del Taxismo -Fenaltax-, con la que a través de un importante bufete de abogados y los miembros de la junta directiva, buscarán afinar una línea directa en sus relaciones con el Gobierno Nacional.

“La iniciativa hace parte de una toma de decisiones estratégicas ante la prevalencia de la competencia de plataformas ilegales que han entrado al país, que no se ajustan a la normatividad colombiana para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros”, explica Eduardo Hernández, presidente de Fenaltax.

Según Hernández, “con la permanente lucha del sector del taxismo en el país, adquiere mucha relevancia el área jurídica de la Federación, la cual estará representada por la oficina de abogados del exfiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien está preparando sendas demandas contra las plataformas ilegales por prestar servicio público de transporte en vehículos particulares, además de nuevas acciones penales contra los directivos y representantes legales para llevarlos a la cárcel, como ya ha sucedido en otros países”.

Hernández estima que “esta valiosa unión fortalece al gremio y nos prepara para afrontar juntos todos los retos que traen los avances tecnológicos y el cumplimiento de la normatividad en materia de transporte para poder movilizar a los pasajeros seguros, cómodos y tranquilos, con tarifas justas y adecuadas”.

Problema social

“La situación con estas plataformas, que no son empresas ni están autorizadas por el Gobierno, se ha convertido en un problema social, porque cada mes llega una nueva aplicación a ofrecer servicios, que no es otra cosa que el nuevo modelo de la piratería. Antes ocurría en el mar o en las carreteras, pero hoy esa piratería es digital, y lo peor es que cada día gana terreno porque el Estado no hace nada por sacarlas o al menos regularlas”, denuncia Diego Hernán Montoya Moreno, gerente general de Coopebombas, empresa que opera con 7.000 taxis, el 40% del parque automotor de ese servicio público en Medellín.

Alega también que “estas aplicaciones desplazan hoy las funciones del Estado. En Colombia el único que puede homologar carros para el servicio público es el Ministerio de Transporte, y estas aplicaciones lo hacen porque dicen qué modelo y qué carros son los que van a prestar el servicio. Cosa que no podemos hacer ninguna de las empresas legalmente constituidas, como Coopebombas, porque nos sancionan o nos cierran la empresa si homologamos un vehículo”.

Otro punto, dice, es que “los únicos facultados para fijar tarifas del transporte público son los municipios y sus alcaldes, pero estas plataformas usurpan esta función y fijan sus propias tarifas”.

Además, afirma, “a los usuarios les venden la idea de una falsa seguridad, les dicen que es un servicio seguro, que tienen todos los datos del conductor y del vehículo, y no es así. Y para completar, muchos de los lesionados en accidentes de estos vehículos quedan como una carga para el Estado porque algunos de esos conductores o sus carros no cumplen con todos los requisitos que sí nos exigen a nosotros, aparte de que no tienen siquiera seguridad social, que es lo mínimo que debe tener cualquier conductor del servicio público, porque es una actividad de alto riesgo”, aspecto en el que coincide Fabián Quintero Valencia, presidente de Tax Individual, empresa que opera en Medellín con 5.400 vehículos afiliados.

Insistió Montoya Moreno en que “a todo eso se suma que esas aplicaciones trabajan con el sofisma de la creación de empleo, que en realidad no es así, más bien es el aumento de la informalidad y la ilegalidad, cuando deberían estar aportando al sistema de seguridad social acá en Colombia, para que el sistema crezca y sea más eficiente, pero toda esta carga se la están dejando al Estado, y el Estado no toma decisiones”.

Es decir, asegura, “estas plataformas infringen la ley de todas las maneras posibles, no cumplen normas de tránsito, ni la ley laboral, mucho menos normas de transporte, pero operan. Es una clara burla al Estado”.

“Las normas y las leyes en materia de transporte público de pasajeros están diseñadas para garantizar la seguridad y el buen servicio a los usuarios, de tal forma que hay que decir que lo primero es respetar esas normas y la misma constitución”, apunta Quintero Valencia.

El presidente de Tax Individual señala que en el caso particular de Medellín, “hay que respetar la normatividad y el ordenamiento de ciudad sostenible en que viene trabajando, en el que lo primero es el peatón, luego las bicicletas, después el transporte masivo, en su orden el transporte público y después el particular, y cómo interactúa cada uno en la ciudad. Eso no se puede perder, es un trabajo que se ha hecho con esfuerzo, apuntando a una ciudad sostenible, ambientalmente manejable”. Por eso hace un llamado a “la unión de todos los sectores para pedirle al Gobierno que solucione el tema, apagando esas plataformas que no están autorizadas y que hoy prestan un servicio ilegal”.

En ese sentido,  Montoya Moreno aclara que “no es que las empresas de taxi estemos contra la tecnología, de hecho tenemos la misma capacidad que esas aplicaciones, hemos invertido mucho en ese campo para estar al día, pero no podemos competir en desigualdad, porque ellos no tienen ningún costo de operación y nosotros tenemos que cumplir con todas las normas y la reglamentación. Nosotros le estamos aportando al país, y el gran beneficio que obtienen esas aplicaciones se va para el extranjero”.

Ante ese panorama, y con el fallo de la Corte Constitucional de dejar sin piso jurídico las leyes que permitían aplicar duras sanciones a los conductores de estas plataformas que prestan servicios de transporte no autorizados, el tema sigue tan candente como cuando empezó, hace ya más de cinco años.

La Corte dijo en su fallo, que no es retroactivo sino a futuro, que la suspensión de la licencia para esos conductores será por un máximo de tres años, pero le tiró la pelota al Congreso para que sea allí donde finalmente se reglamente esta situación. Los representantes de las aplicaciones se mantienen en la línea de que no son propuestas ilegales sino más bien una opción de empleo para unos y de movilidad para otros, pero el sector formal de los taxistas los acusa de piratería e informalidad, por lo que demanda la pronta actuación del Estado. Es decir, aún faltan muchos capítulos para conocer el final de esta historia.