La mayor parte de la actividad estatal, llámese nación, departamentos y/o municipios, se centra en el contendido y puesta en ejecución de los planes de desarrollo como una herramienta de gestión que promueve el proceso social, individual e interinstitucional en un determinado territorio y sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población, procurando mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

De allí la importancia que tienen los procesos sociales que sirven de insumos (fuentes), para la elaboración e implementación de dichos instrumentos. Uno de esos mecanismos es la propuesta política o plan de trabajo -gobierno-, que exponen los candidatos a los cargos de elección popular y que resultan siendo los escogidos por la ciudanía, cuando elige al candidato para que ejerza el gobierno.

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Una vez un líder es escogido por su comunidad para ocupar uno de esos cargos, sus propuestas políticas se deben volver parte esencial del plan de desarrollo que tienen las instituciones que va a dirigir. Aún las comunidades y, concretamente, el ciudadano del común, no saben la importancia que tiene saber escoger a los gobernantes, pues con el sistema político administrativo que nos rige, en el fondo antes que elegir a un gobernante, lo que estamos haciendo es escoger un programa político; esto es, un método de trabajo, un plan de desarrollo. Muchas veces se acude a las urnas, por la emoción que producen las pasiones que rodean los debates políticos y sociales donde se realizan las campañas políticas, sin el examen suficiente de que es lo que están proponiendo los candidatos. Ello hace que el pueblo –casi siempre- incurra en fatales errores que se tornan después en decepción y desengaños al experimentar un gobierno muy distinto e indiferente a los estímulos y promesas que se exhibieron en las campañas.

Los electores solemos confundir las promesas del candidato con las propuestas sociales y comunitarias que se deben poner en práctica, para salir de las dificultades o problemas que tiene las poblaciones y los territorios donde se van a emprender las acciones gubernamentales de las autoridades que elegimos. Eh ahí uno de los mayores errores que solemos cometer en épocas electorales, confundir las promesas por las propuestas. El dirigente serio y realmente comprometido con la ejecución de planes consistentes y realizables en favor de la comunidad, no promete nada, sino que propone alternativas de solución a los necesidades sufridas por su comunidad y, por ello, no impone su capricho o criterio personal o partídista, sino que consulta –con la comunidad- antes de actuar sobre cuáles son las debilidades, necesidades y problemas a las que debe aplicarse con mayor énfasis en el ejercicio gubernamental. El buen dirigente antes de empezar a ejecutar los proyectos y programas se informa, escucha y consulta la opinión ciudadana y comunitaria para enterarse plenamente de cuáles son las líneas de acción que deberán tenerse en cuenta respecto de la selección de los temas, ideas, proyectos y programas –obras- que deben hacer parte de su plan de acción en ejercicio de la función pública que le ha sido encomendada por el pueblo al elegirlo.

Muy pocas son las instituciones y los dirigentes que cumplen con estos propósitos, pues en muchas ocasiones las instancias gubernamentales se tornan en puestos de comando para dirigentes que llegan allí a emprender actividades que no son precisamente las más esperadas por su comunidad, favoreciendo con ello intereses particulares, generando sobrecostos y demoras en el trámite de los procesos y de las soluciones, sembrando un mar de inconvenientes que en realidad lo que producen es mayor desconfianza del ciudadano en la legitimidad y grandeza del Estado y sus instituciones, desgreño administrativo, detrimento patrimonial y corrupción administrativa.

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Cuando existe un coordinado y bien elaborado plan de desarrollo, que haya sido realmente consultado bajo el principio fundamental de la participación ciudadana y la inclusión integral de las comunidades donde van a ejecutarse dichos planes, ello permitirá mayor aceptación, satisfacción, control y vigilancia de la comunidad sobre el plan de acción administrativo y presupuestal de las autoridades, evitará incurrir en la puesta en marcha de obras y programas que se vuelvan elefantes blancos –como las obras inconclusas, que por no haberse consultado suficientemente antes de emprenderlas, se tornan en focos de corrupción- sin control social y ciudadano, sin doliente alguno. Un verdadero plan de desarrollo evita la exclusión social, impide beneficiar intereses particulares con el presupuesto y las obras públicas, se opone al nepotismo, los gobiernos clientelistas y a la politiquería, males éstos que infortunadamente son tan comunes hoy en nuestro país, causando desinstitucionalización y desconfianza de los administrados, lo que ciertamente no es saludable para el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la sociedad y la democracia.