La Fiscalía tiene ahora, como también la Contraloría y la Procuraduría, la obligación constitucional de esclarecer la verdad sobre el nacimiento de un proyecto que seguimos esperando pueda ser puesto en marcha.
Así se manifestó el consenso para que EPM gestionara a Hidroituango
Iniciando la década del 50, cuando emprendió el gran esfuerzo de gestionar la primera central hidroeléctrica de alta capacidad en Colombia, la de Riogrande I, el destacado ingeniero Horacio Toro Ochoa señaló el rumbo de EPM: “Riogrande no tiene nombre propio, no es ni siquiera una obra de Medellín sino antioqueña, para impulsar el progreso nacional”. Esta determinación de poner recursos naturales, talento, esfuerzos y ahorro de los antioqueños al servicio de Colombia guía desde entonces la gestión de Empresas Públicas de Medellín. Siguiendo el camino trazado por Toro Ochoa, ella se ha convertido en la más grande y sólida empresa 100% pública de Colombia, una multilatina exitosa y pilar de la soberanía energética del país, en tanto generadora, con 24 centrales y microcentrales hidroeléctricas, una térmica y una planta eólica, de 3200 megavatios; el 22% de la capacidad instalada nacional. Se trata, pues, de una institución que en casi siete décadas se ha tallado en el hacer, logrando amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos, solidez institucional y experticias incomparables en los campos técnico, jurídico y social, que le permiten liderar los más importantes proyectos de generación del país.
Las fortalezas de esta empresa han sido infravaloradas por los órganos nacionales de control y justicia que, atentos a filtraciones interesadas y cantos de sirena mediáticos alrededor de la contingencia de Hidroituango, se prestan al fácil espectáculo de masas más que a poner toda su voluntad y capacidad para esclarecer si hay culpas personales o institucionales en un accidente ocurrido durante la larga historia de concepción, planeamiento, organización y gestión de la que será la más grande central hidroeléctrica del país.
La Contraloría y la Procuraduría, con presencia de sus cabezas, reunieron el pasado miércoles 27 de febrero a voceros del movimiento Ríos Vivos, organizado en América Latina para combatir la construcción de centrales hidroeléctricas gracias a la financiación que obtiene de intereses asociados al petróleo, para que expusieran sus reclamos contra Hidroituango y EPM, cuyo gerente fue sometido a insultos inéditos en un escenario tan respetable como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. En tal audiencia no se pudo profundizar, ni pareció interesar a los doctores Carrillo Flórez y Córdoba Larrarte, en comprender el importante ejercicio social desarrollado por EPM como gestor de Hidroituango con las comunidades impactadas por la obra. Como prueba de responsabilidad pública, que no hubiera querido realizar otro contratista, EPM destinó cien millones de dólares a proyectos municipales que se gestionaron directamente con los representantes legítimos de la comunidad: alcaldes, concejales, acciones comunales y organizaciones sociales debidamente formalizadas. Cuando de emitir juicios se trate, lo menos que se puede esperar de los órganos de control es seriedad para analizar el verdadero impacto de Hidroituango sobre las subregiones de Occidente y Norte de Antioquia, dos de las más empobrecidas y envilecidas por la economía ilegal en este departamento, y en el país.
Como colofón a lo actuado por la Procuraduría y la Contraloría, la Fiscalía General sacó de su sombrero una apertura formal de investigación sobre el que ha dado en llamar “el pecado original” de Hidroituango, decisión que fundamenta en información precaria sobre la génesis del proyecto, en los años 60, y su organización entre los años 2007-2013. Como es razonable que medios de comunicación, ocupados del día a día, y gran parte de los ciudadanos no tengan contexto de esos años críticos y en tanto parece que, contrario a su deber de investigar a fondo, la Fiscalía tampoco parece tenerlo, ponemos a disposición de los lectores un compendio de importantes documentos sobre la constitución de la sociedad Hidroituango, y los hechos que motivaron el consenso (con sentido de interés público y no con mezquinos regionalismos como lo ha pretendido descalificar el fiscal general) de la opinión antioqueña para que la sociedad Hidroituango, conformada por Idea, EPM, y socios minoritarios, entregara a EPM la gestión del desarrollo de la central hidroeléctrica.
A continuación los documentos referidos:
El estudio de los documentos referidos mostrará cómo la Gobernación de Antioquia y la Gerencia del Idea del momento atacaron la sociedad Hidroituango y a su socio, EPM, que en 2007 había aceptado vender el 9,03% de sus acciones al Idea para generar paridad accionaria, con una toma hostil consistente en la compra, en 40 veces más del valor real, de acciones de propietarios minoritarios de Hidroituango. Con la toma, que le costó al Idea la pérdida de su calificación crediticia, se daba inicio a la idea de una subasta con tufillo de amarrada a favor de un socio que pagaría menos precio, no se comprometería a desarrollar un gran proyecto transformador de la región en torno a Hidroituango y se llevaría durante 42 años las utilidades obtenidas por la operación de una central hidroeléctrica que tiene capacidad de generar el 23% de la energía confiable del país. Preocupados por las decisiones que fueran a tomar los entonces personeros de la mayoría de la sociedad, los voceros públicos de Antioquia esgrimieron múltiples razones para reclamar la suspensión de la subasta, que era posible porque no se habían entregado los prepliegos, y la consecuente adjudicación directa del contrato Boomt a EPM, en tanto era permitida lo mismo por la Ley 142 que por los estatutos de la Sociedad y el contratista. Fue tal la razonable preocupación por el futuro de la central hidroeléctrica que Antioquia había planeado cuidadosamente para el servicio del país, que los diarios EL MUNDO y EL COLOMBIANO, distantes en sus posiciones ideológicas, realizaron el 2 de junio de 2010 el foro Antioquia sabe, puede y debe, explicativo de por qué entregar la gestión de la central a EPM.
Nada tiene que ver este proceso jurídico-político con el grave accidente de mayo de 2018, sobre el que apenas se entregó el primer estudio técnico, documento que nos exige dedicación a su estudio y entendimiento. La nueva adjudicación de energía de la Creg, la más técnica de las instituciones del sector, a Hidroituango, decisión que le permite acceder a recursos del cargo por confiabilidad, confirma la confianza de los conocedores en EPM.
Con sus actuaciones sin contexto, la Fiscalía ha tendido un inexplicable, y costoso para el país, manto de duda sobre EPM y sobre personalidades como el exgerente de la sociedad Hidro-Ituango, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, defensor de los intereses nacionales en la dura batalla jurídica ganada al avivato consorcio constructor del Metro de Medellín. Dado ese paso, la Fiscalía tiene ahora, como también la Contraloría y la Procuraduría, la obligación constitucional de esclarecer la verdad sobre el nacimiento de un proyecto que seguimos esperando pueda ser puesto en marcha para el servicio del país.
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