El vicepresidente norteamericano se refirió a que esta amenaza también sería para la prosperidad.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este lunes en Cartagena de Indias que Venezuela es un "estado fallido" que supone una "amenaza a la seguridad y la prosperidad de todo el hemisferio". "Un estado fallido (como) lo que hay en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad de todo el hemisferio", dijo Pence a periodistas tras reunirse con venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis y han llegado a Colombia.
En este sentido, reiteró que Estados Unidos "no se quedará de lado" mientras que Venezuela "cae en una dictadura" tal y como lo adelantó el presidente Donald Trump. Pence hizo mención a la Asamblea Constituyente, así como a "la pobreza" que vive el país y la muerte de "más de cien personas" que fueron asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales.
Para el vicepresidente, esa situación que vive Venezuela hará que haya "un mayor tráfico de familias victimizadas" que llegarán a Estados Unidos, así como una "mayor inmigración ilegal" que puede "comprometer" sus fronteras, así como "la economía y la seguridad". "Estamos absolutamente determinados para llevar en su medida completa el poder económico y diplomático de Estados Unidos hasta que la democracia se restablezca en Venezuela", subrayó.
Por último, explicó que Estados Unidos "tiene una gran historia de generosidad con los refugiados" y mostró su disposición de ayudar a Colombia ante la llegada de venezolanos "para evitar privaciones económicas y la situación política".
Según Migración Colombia, se registran 50.000 pasos diarios entre Colombia y Venezuela de ciudadanos de ese segundo país que llegan en busca de productos de primera necesidad. Además, entre 300.000 y 350.000 venezolanos llegaron al país "con vocación de permanencia".
Desde 1 de abril Venezuela ha sido escenario de protestas a favor y en contra del Gobierno, con un balance de más de 120 muertos, sin embargo, el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que esa cifra contabilizada por su antecesora era muy alta al incluir a personas muertas en contextos distintos a las manifestaciones.