El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, informó este martes que analizará dar luz verde al proceso judicial contra el presidente Nicolás Maduro que inició en Bogotá un grupo de juristas que el Legislativo nombró como magistrados y que son buscados por la Justicia del país caribeño.

El jefe del Parlamento, Omar Barboza, explicó en la sesión legislativa de este martes que el llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio deberá solicitar la autorización a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "para continuar el juicio contra el presidente" Maduro.

El legislador aseguró que la AN "no elude temas tan importantes como el planteado por el TSJ" que ella misma designó, por lo que una vez el Parlamento sea notificado formalmente del asunto "va a considerar el tema con la seriedad que corresponde".

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz entregó el pasado 3 de abril a los magistrados nombrados por la AN pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ante ello, el llamado TSJ en el exilio determinó que "hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro (...) existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales". 

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"Se decreta medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad" en contra de Maduro, según se lee en la resolución, difundida por políticos venezolanos.

Con base en lo anterior, los magistrados firmantes ordenan notificar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) "que procedan a su captura y detención colocándolo a la orden de este máximo Tribunal de Justicia".

"Se ordena notificar a la Interpol para que incluya a Nicolás Maduro entre las personas con Alerta Roja Internacional por tener orden de detención válida y colocarlo a la orden de este Máximo Tribunal", prosigue el escrito.

Los juristas piden notificar al Parlamento venezolano para que "autorice o no la continuación del enjuiciamiento".

Asimismo, se requiere informar sobre esta decisión a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comunidad Europea y a las Cancillerías de los países integrantes del Grupo de Lima; todos críticos con la llamada revolución bolivariana que lidera Maduro. 

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Entretanto, el presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno, calificó de "absurdo, temerario y delictual" el procedimiento que tuvo lugar en Bogotá por parte de "abogados que usurparon cargos que no le corresponden" y están señalados por "delitos contra la Patria y contra la administración de Justicia".

"Hacemos un llamado a las autoridades judiciales del mundo a rechazar, categóricamente, estos intentos que lejos de la diatriba política, representan una amenaza para la administración de justicia global", dijo Moreno citado en un comunicado oficial.

El Supremo venezolano declaró al Parlamento en desacato en 2016, por lo que desde entonces todos los actos legislativos son considerados nulos. La AN, por su parte, declaró nula la investidura de 33 magistrados y se ha negado a acatar un cúmulo de decisiones judiciales.

Con esta pugna entre poderes y tras una ola de manifestaciones que dejó más de 120 muertos, el oficialismo conformó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señalada de fraudulenta, cuya primera decisión fue la de destituir a Ortega Díaz como fiscal y nombrar en el cargo a Tarek Saab, un chavista fiel. El Parlamento no reconoce a la ANC ni a Saab como fiscal.

Con todo, el jefe del Estado venezolano ha guardado silencio sobre este tema.