Las inversiones en países declarados como paraísos fiscales mueven las economías de esos territorios, pero desaceleran la recaudación tributaria en otras naciones, además facilitan el lavado de dineros ilícitos.
Según la ONG Oxfam, cada año se pierden millones en impuestos para inversión social por causa de los paraísos fiscales,
Un nuevo episodio de presunta evasión fiscal se conoció en los últimos días alrededor del mapa mundial, se trata de los ‘papeles del paraíso’, un escándalo escrutado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Icij), en el cual se ven envueltos empresarios, políticos y celebridades de distintas nacionalidades.
Los ‘papeles del paraíso’ son una compilación que abarca más de trece millones de documentos remitidos por un anónimo a un reconocido diario alemán, estos contienen información procedente de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales redactada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
La investigación mencionada se tornó cercana para Colombia, luego de que el pasado domingo cinco de noviembre, el nombre del presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, resultara incluido en los datos que están siendo analizados por el grupo de comunicadores a cargo de esta indagación. Según informó el Icij, el jefe de Estado colombiano aparecía como titular de dos sociedades extraterritoriales conformadas en las islas de Barbados, declaradas como refugio fiscal.
Quizás en medio del caos mediático desencadenado a partir de este suceso, una parte de la opinión pública se preguntará qué es un paraíso fiscal y por qué la reputación de alguien que aparece en los listados de inversionistas afincados en esos territorios puede verse afectada de manera negativa.
De acuerdo con el experto en derecho tributario Lucas Moreno, básicamente antes de la última reforma tributaria hecha en el país, un paraíso fiscal era concebido como un territorio que no estaba dispuesto a intercambiar información acerca de sus inversionistas extranjeros con el resto de las naciones, un hecho que incentivaba la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
“Ahora para fines tributarios, el término correcto para referirse a estos países que otorgan beneficios especiales a los inversores foráneos, es jurisdicciones no cooperantes de baja o libre imposición y regímenes tributarios preferenciales”, aclaró.
Según Moreno, no todos los ciudadanos que tienen activos en esos países necesariamente están incurriendo en una actividad ilícita, “muchas personas han instalado sociedades en paraísos fiscales para protegerse. Colombia registra en su historia casos de secuestros y extorsiones, que han obligado desafortunadamente a que las personas busquen alternativas para no aparecer como los titulares de estos bienes, entonces, no se invierte en una jurisdicción hermética con el único fin de evadir impuestos, sino también para protegerse”.
Más allá de la discreción
El gerente de Investment Research, Juan Camilo Rojas, recalcó que la creación de empresas en paraísos fiscales se ha satanizado con el paso del tiempo. A su juicio parte de los inversores que llevaban su capital allí, querían la seguridad del anonimato ofrecido por esas jurisdicciones, “pero con el correr de los calendarios, otros usuarios que acudían a estos sistemas no solo aspiraban a permanecer ocultos, sino que además buscaban la evasión de impuestos y ganar eficiencia en términos fiscales”.
“La satanización de esos países vino cuando quienes estaban relacionados con actividades clandestinas encontraron ahí la mejor forma de esconder sus ingresos”, agregó Rojas.
Según el gerente citado, todas esas actividades de contrabando y blanqueo de capital a través de las jurisdicciones no cooperantes, resultaron ser unas prácticas muy comunes. “Eso es lo que se está tratando de controlar con los acuerdos de cooperación de información, que los paraísos fiscales dejen de ser utilizados como refugios de dineros ilícitos”.
En este sentido, la Ocde y la ONU siempre han mostrado su compromiso por verificar que todos los países cumplan con los preceptos del Sistema de verificación de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlat). Este programa, según el profesor adscrito al departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas del ITM, David Rodríguez, evita la filtración de dineros “oscuros” en la economía global.
“Los paraísos fiscales lo que hacen es proteger a sus clientes evitando que la Ocde entre a revisar quienes son, entonces ahí existen dos fallas: falta de transparencia y retención de datos al momento de realizar una fiscalización. Esto es evitar el Sarlat, y es aquí cuando se vuelven problemáticas estas jurisdicciones que no cooperan con las acuerdos internacionales”.
Castigo a los paraísos
Según Moreno, los países que son reconocidos abiertamente como paraísos fiscales tienen inconvenientes al momento de entablar negocios con otros territorios, “normalmente el resto de la comunidad internacional tiende a poner obstáculos para que no se celebren operaciones con empresas que están alojadas en jurisdicciones no cooperantes. Esos obstáculos se pueden dar de dos formas, disponiendo una mayor retención en la fuente o rechazando el gasto de la operación con el paraíso fiscal”.
Sin embargo, los altos precios que pagan estas jurisdicciones no cooperantes cuando celebran transacciones con otros países, son solo una de las consecuencias de no acogerse a los tratados de transparencia, el profesor Rodríguez señaló que es posible encontrarse con un bloqueo absoluto impuesto por las organizaciones reguladoras como la Ocde, “que perfectamente puede prohibirle a Colombia que reciba dineros de las Islas Bermudas porque ese es un paraíso fiscal con una restricción impuesta por la autoridad financiera”.
Las sanciones comerciales se aplican en su mayoría a los estados que no se alinean con los pactos de transparencia, pero los efectos adversos de tener actividad en esos países también recaen sobre sus clientes, tal como lo afirmó el gerente de Investment Research, “invertir en un paraíso fiscal implica ser más revisado, por el hecho de llevar capital a un territorio que no tiene acuerdo de cooperación internacional. Hoy todas las naciones están entrando a esa línea de transparencia en la información y, el que se queda por fuera es visto como un paria”.
Esta es una estrategia que según los expertos citados, ejerce presión sobre los territorios que ocultan información fiscal, para que se acojan a los tratados de transparencia. “Esas acciones para bloquear la corrupción financiera son útiles cuando todos los países están dispuestos a implementarlas y las cumplen a cabalidad”, indicó el docente del ITM.
“Pero qué ocurre, el banco más grande del mundo está en Suiza y es el mayor de los paraísos fiscales. Esta es una de esas ironías que hay en la vida, los ordenamientos financieros para todos los territorios vienen desde Basilea; ciudad ubicada en Suiza, pero es allí donde se encuentra el mayor paraíso fiscal. Esta es una notable contradicción, siendo ese país el que más incita a la seguridad financiera, es en esencia una jurisdicción no cooperante”, comentó el profesor Gutiérrez.
El reto de la comunidad internacional es encontrar la manera de erradicar la corrupción en los paraísos fiscales, aunque de acuerdo con Gutiérrez, es una tarea complicada persuadir a alguien para que abandone un negocio lucrativo, “esas jurisdicciones tienen clientes millonarios que les mueven la caja de fondos, así las cosas, ellos no van a permitir que sus bancos se conviertan en entidades comunes y corrientes porque esa no es su táctica, su objetivo es conservar a los clientes acaudalados aunque sea a costa de las finanzas de otros Estados”.
El efecto en la economía
Desde la óptica de los especialistas, los paraísos fiscales no deberían existir, “eso genera una migración de capitales que no obedece a razones económicas sino que obedece a razones netamente tributarias. Además, estas jurisdicciones no cooperantes pueden servir para guardar dineros que no tienen una procedencia legal”, consideró el abogado experto en derecho tributario, Lucas Moreno.
“Este problema afecta a Colombia directamente porque permite la estructuración de operaciones que reducen los impuestos, entonces de esta forma se incentiva la creación de sociedades que buscan depositar capital en el exterior reduciendo los pagos aquí”.
Esa evasión de impuestos según la ONG internacional Oxfam, “supone para los países pobres dejar de recibir al menos US$100.000 millones cada año en impuestos, cantidad suficiente para garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas sin escolarizar en el mundo”.
“Los paraísos fiscales están facilitando que grandes empresas priven a los países de millones de dólares al año en ingresos tributarios. Están fomentando un sistema económico peligrosamente desigual que arrebata a centenares de personas la posibilidad de aspirar a una vida mejor”, señaló la asesora sobre políticas fiscales de Oxfam, Esme Berkhout.
Por su parte, el gerente de Investment Research, Juan Camilo Rojas, advirtió que “en un mundo tan regulado financieramente, que trata de ser más claro y más transparente, no deberían existir las jurisdicciones no cooperantes. Pero eso no quiere decir que se restrinja el derecho a la autodeterminación por parte de las economías, es decir, que yo trate de manera diferente a los inversionistas no es grave, México lo hace y no es un paraíso fiscal”.
Desde la perspectiva de Rojas, cada país tiene derecho a mostrarse tan atractivo como lo permita su sistema tributario para que los inversores extranjeros decidan tener sus capitales allá. “Lo que si debe hacerse es reportar los movimientos financieros que hacen los inversionistas, esto con el ánimo de evitar el lavado de activos y la evasión en el pago de impuestos”.
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