Todavía en medio de la fatigante y peligrosa pandemia despegó el segundo semestre de este 2020 como para olvidar y por estos días se registran algunas novedades en la política de Antioquia.
El municipio de Envigado ya cuenta para la vigilancia con la utilización de drones.
Varios abogados y columnistas de opinión en el país observaron con mucha preocupación lo que muchos han calificado como una peligrosa alianza o hasta gavilla de los súper héroes Fiscal, Contralor y Procurador en el ámbito nacional, para dizque mostrar súper exprés resultados contra supuesta corrupción en los contratos durante la pandemia, situación que ha recaído sobre todo en Gobernadores y Alcaldes que impotentes y llenos de miedo ya no se atreven a gobernar por el temor que hasta por una mal empleada coma, esa temible tripleta les caiga encima, por el desaforado animo de competir sobre quién de los tres abre más investigaciones o enreda a más alcaldes y gobernadores, mediante procesos o sospechas que luego concluyen en nada, pero que hacen mucho daño por su ligereza. En la última y pomposamente promocionada rueda de prensa de la tripleta varios alcaldes de Antioquia quedaron en la picota pública, entre ellos el de Copacabana, Héctor Monsalve, quien figuraba suspendido por ayudar a un grupo de venezolanos, que estaban asentados en su jurisdicción, a regresar a su país. Pues trascendió que tanto innecesario escándalo, fue eso, solo bulla y ya fue revocada la sanción contra este alcalde y el personero municipal de Copacabana.
Frente al anterior caso de Copacabana, definitivamente una cosa es la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, a las cuales defendemos como instituciones del Estado, pero otra cosa muy distinta es la forma como algunos que llegan a dirigirlas ejercen su labor, sobre todo el actual fiscal, que pena. Y eso que tampoco se escapa la perlita que está al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil y cuya controvertida elección está seriamente cuestionada y demandada. Ahora le dio por el embeleco de cambiar la muy aceptable cédula de ciudadanía, después que le tumbaron la muy crítica licitación para unas hoy innecesarias e inoportunas elecciones de juventudes.
Recientemente informamos sobre el muy pobremente difundido proceso del Partido Liberal de elecciones internas para elegir, todo virtualmente por la tenaz pandemia, sus autoridades internas y sus delegados a las convenciones territoriales para la conformación de directorios departamentales y municipales, además de los organismos de juventudes y como último paso realizar su VIII Congreso Nacional y reelegir a César Gaviria como lo están imponiendo los congresistas de ese partido. Y divulgamos que Antioquia se inscribieron dos planchas, una liderada por Ramón Elejalde Arbeláez, que era la única oficial, y la otra por Gustavo Maya, dos liberales que conozco muy de cerca, que militaron hace ya muchos años en el proyecto llamado Unidad Liberal, pero que hoy andan en distintas tendencias.
La lista encabezada por Ramón Elejalde obtuvo 16.158 votos y la de Gustavo Maya 2.213. Pero en realidad nadie explica por qué apareció esta segunda lista, toda vez que días antes de las votaciones virtuales del pasado sábado hubo una reunión y acuerdo entre todos los matices del liberalismo antioqueño para la conformación de un directorio departamental con representación de todos los sectores liberales. Todo indica que esa segunda plancha la incluyó la tendencia del senador Julián Bedoya, en el cual milita Gustavo Maya, con la pretensión de buscar más delegados al Congreso Nacional Liberal que por ahora está previsto virtualmente para este 18 de julio.
Lo que se escucha entre los liberales es que existe una competencia entre los senadores liberales Julián Bedoya e Iván Agudelo por lograr el mayor número de delegados a ese Congreso Liberal y quedar bien ante César Gaviria. En ese certamen nacional liberal pueden participar delegados por derecho propio, otros elegidos por voto y los que designen la Convención Departamental Liberal que se realizaría electrónicamente entre este 9 y 12 de julio, en la cual también se elegirá la nueva mesa directiva de la Dirección Liberal en Antioquia, hoy todavía al mando del diputado Luis Carlos Ochoa, quien despacha desde la muy solita sede de este Partido en Medellín, que aún queda ubicada por el Éxito de la calle Colombia por detrás del Colegio San Ignacio. Además tenemos todos los integrantes del nuevo directorio bermejo seccional, pero la daremos a conocer estos días. Es muy larga la lista y no sé para qué, púes todo este proceso es puro cosmética, sólo por cumplir unas normas legales. Y volvamos a decir que al menos aún existe el Partido Liberal.
Los actuales gobernadores y alcaldes están cumpliendo seis meses en el poder, o sea, 180 días, y por varios días haremos un recorrido noticioso por algunos municipios. Comencemos por las tierras envigadeñas, donde encontramos como gran novedad que esta ciudad, al comando del alcalde liberal Braulio Espinosa, ya cuenta con vigilancia aérea con drones como apoyo a la seguridad de su territorio. Nos explicaron que se trata de un Sistema Aéreo Remotamente Tripulado, Siart, operado a través de dos drones, cada uno bajo el control de dos pilotos de la Policía Nacional, cumpliendo la función de vigilar lugares específicos del municipio. Con esta modalidad se proveerá mejores herramientas tecnológicas a las autoridades municipales, para ejecutar sus distintas misiones y controles en la Ciudad Señorial. Y la inversión fue de 415 millones de pesos.
Vaya sorpresa, la hija de mi enorme amigo y asesor jurídico y político, el abogado liberal, Jairo Gallego Berrío, el Marqués, es la jefa de Control Interno del Concejo de Medellín, nuestra también amiga Adriana Gallego. Es una abogada experta en Derecho Disciplinario, profesora universitaria de posgrado y hace parte de una muy interesante y estudiosa y honesta tendencia en el derecho antioqueño que orientan el expresidente del Consejo de Estado y hoy Decano de la UPB, Jorge Octavio Ramírez, el experto en servicios públicos y autor de varias obras jurídicas Carlos Alberto Atehortúa y de otro de nuestros amigos y gran colaborador jurídico, el profesor de Eafit, David Suárez. Ya entiendo porqué el Marqués ha intervenido en varias controversias jurídicas recientes. Me cuenta desde su refugio obligatorio, ordenado por el presidente Duque para los abuelos, que al preguntarle a su hija Yoyo, como la llama, sobre algún tema jurídico, ella le responde léase las sentencias tales y tales "y me comentas". Lo hace estudiar como a los demás alumnos. Ah y Yoyo nos debe el libro que tiene en proyecto escribir sobre Derecho Disciplinario. Me imagino que en el Concejo es cuota del equipo del excandidato a la Alcaldía, Juan David Valderrama y obviamente del concejal Daniel Carvalho.
Dos decisiones por este ente de control. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exsecretario General y de Gobierno de Gómez Plata, Antioquia (2015), Carlos Eduardo Junior López Zamarra, por presuntas irregularidades en la certificación de un contrato recibido a satisfacción, y por posible peculado por apropiación. Y la segunda es que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por once años al exalcalde de Armenia, Antioquia, Gabriel Jaime Barrera Castaño (2016 – 2019), por la celebración de un contrato, por valor de 27 millones 600.000 pesos, con una persona incursa en causal de incompatibilidad.
Desde esta semana comenzó a desempeñarse como jefe de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia, el colega y toda la vida vinculado al bicicross, Juan Fernando Castrillón. Recordemos que ha sido gerente de Teleantioquia, director de Productos de Red de Gana, director de Comunicaciones de Metroseguridad y hasta principios de este año contralor Auxiliar de la Contraloría General de Medellín. Suerte mijo.
Los contralores de Antioquia, Elsa Y. González, y de Bello, Haver González, inspeccionaron el Central Park.
La contralora general de Antioquia, Elsa Yazmín González Vega, y el contralor de Bello, Haver González Barrero, realizaron una visita técnica al proyecto de deportes a motor denominado Central Park, en jurisdicción de Bello, como paso previo para la realización y planeación de una auditoría conjunta para llevar a cabo la revisión del estado de la obra, la ejecución de los recursos y el control ambiental.
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