La novedad administrativa en Antioquia este miércoles de julio fue la radicación ante la Asamblea de Antioquia del proyecto de ordenanza para transformar la naturaleza jurídica de la FLA.
Ante el secretario General de la Asamblea, Carlos Ríos, su homólogo de la Gobernación, Juan Guillermo Usme, radicó el proyecto de transformación de la FLA.
La Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Sala Especial de Primera Instancia decidió este miércoles 15 de julio mantener la medida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. La determinación está contenida en el siguiente comunicado emitido por el presidente de dicha Sala, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, quien además fue el ponente del control de legalidad de la medida interpuesta por la defensa de mandatario y que había sido avalada por la Procuraduría: “La Sala informa que mediante providencia de la fecha, resolvió declarar impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, contra la resolución de cinco de junio de dos mil veinte, proferida por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La Sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizada por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte al definir la situación jurídica del doctor Gaviria Correa con medida de aseguramiento de detención preventiva que sustituyó por detención domiciliaria”. Además del magistrado Torres Rojas de esta Sala también hace parte Jorge Emilio Caldas Vera, mientras que continúa la vacante dejada por el magistrado antioqueño Ramiro Marín. Torres Rojas había radicado el pasado lunes proyecto de auto o ponencia que fue discutida este miércoles por los dos únicos integrantes de la Sala Especial de Primera Instancia.
Mientras que la semana pasada el tema candente en el campo administrativo y público en Antioquia y Medellín fue el proyecto de acuerdo, ya retirado del Concejo de la ciudad, para ampliar el portafolio de servicios de las flamantes EPM, que armó una pandemia de reacciones, la mayoría en contra, esta semana el tema de interés fue la decisión de la Administración Departamental de Antioquia de radicar ante la Asamblea de Antioquia un proyecto de ordenanza para convertir a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, en una empresa industrial y comercial del Estado, o sea, autónoma o independiente de la Gobernación de Antioquia, como más o menos similar a como actúa las EPM frente al Municipio de Medellín. Desde hace cien años la FLA está adscrita a la Secretaría de Hacienda del departamento, pero es tan trascendental para las finanzas de la administración seccional que el cargo de gerente es considerado del tamaño de una Secretaría de despacho.
En la Asamblea de Antioquia se esperaba este miércoles 15 de julio que el secretario general de la Gobernación, Juan Guillermo Usme, radicara el proyecto de Ordenanza para transformar a la FLA. En la mañana dicho funcionario radicó una iniciativa sobre vigencias futuras, por lo cual se estimaba que el proyecto sobre la Licorera pudiera ser radicado en horas de la tarde, lo que ocurrió después de las 4 p.m. La iniciativa tiene cuatro artículos. Recordemos que a la Duma seccional sólo le restan quince días de sesiones regulares en la temporada de labores de mitad del año y el otro periodo ordinario que sigue es el de octubre y noviembre. Tras su registro ante la Asamblea esta iniciativa iría a las Comisiones de Hacienda y como también se trata de la creación de un nuevo ente a la Comisión de Códigos o a ambas células que adelantarían un debate y una ponencia conjunta. Se anticipó que por la importancia del tema la ponencia sería elaborada por un grupo de diputados.
Tanto en el Gobierno Departamental como entre la diputación antioqueña existe el consenso y la total seguridad que la FLA, para tranquilidad ciudadana, seguirá siendo una empresa 100% pública inclusive cambiándole su naturaleza jurídica hacia industrial y comercial. Entonces la discusión se centrará en si la Duma entregara o no las facultades que solicitará el proyecto de Ordenanza y si el cambio perjudicará los ingresos y la categorización del departamento, lo cual fue tajantemente negado por el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, por el gerente de la empresa Javier Ignacio Hurtado y el secretario Usme durante el anuncio de la presentación del proyecto de Ordenanza. Los millonarios recursos que produzca la Licorera como empresa autónoma, luego ingresarán al departamento. Recordemos que una propuesta de privatización de la FLA fue negada por los diputados de principios de este siglo. La idea de convertir en empresa industrial y comercial del Estado a la FLA trascendió o se conoció desde el gobierno pasado del ingeniero Luis Pérez, debido para algunos a una orden judicial del Consejo de Estado y para otros a una exhortación de esta corporación judicial que podría ser admitida o rechazada por Antioquia. Esto también lo aclarará la discusión que seguramente se dará en la Asamblea Departamental.
El diputado del Centro Democrático, Andrés Guerra Hoyos, se ha manifestado bastante por redes sociales sobre el tema de la FLA. En torno a la iniciativa que estudiará la Duma seccional lo último que dijo fue que “la FLA es una empresa exitosa del sector público antioqueño, generó 3.4 billones de utilidades en los últimos cuatro años, importante para las regiones como EPM para Medellín. Bienvenido el debate amplio para convertirla en Industrial y Comercial del Estado, se requiere su modernización, 100% pública. Con todo respeto, sin entregar facultades al Gobernador. El debate debe ser amplio en la Asamblea de Antioquia, con el sector público, privado, académico, es mi postura ante los antioqueños en este tema de la Fábrica de Licores de Antioquia”.
En torno a la situación jurídica del senador liberal antioqueño Julián Bedoya la certeza es que una decisión sobre un posible proceso de pérdida de investidura contra él sí está en manos de la plenaria del Consejo de Estado y estuvo agendado en la sesión de esta corporación del pasado martes 14 de julio. Pero este asunto no fue abordado, toda vez que los magistrados estuvieron ocupados en la escogencia de los candidatos del Consejo de Estado a proveer una vacante en la Corte Constitucional. Ahora, los motivos del proceso contra Bedoya no están muy claros, pero medios nacionales vuelven e insisten que se trata de una demanda por inasistencia a las sesiones del Congreso, creo que cuando fue representante a la Cámara, lo que ya había sido fallado en febrero pasado por el mismo Consejo de Estado y a favor de Bedoya. Francamente no he podido entender de qué se trata este nuevo lío judicial. Pero este senador sí que se mete en apuros o tiene muchos contradictores.
En el nuevo portal “territoriossostenibles.com”, que lidera el dirigente político y público Eugenio Prieto Soto, publicaron esta semana lo siguiente y muy preocupante: El agua embotellada, un comercio que mueve cientos de millones de dólares al año, pero que sólo beneficia a unos pocos. Así es el mercado del agua purificada y del plástico. Las cifras explican mejor la ecuación que respalda el lucro de unos pocos: la población mundial se ha duplicado en dos décadas y el consumo de agua se multiplicó por seis en el mismo lapso. El número de habitantes llegará a 9.700 millones antes de 2050, pero de éstos 2.100 millones no tendrán acceso al agua potable, o bien porque viven en zonas donde no hay, o porque de la que disponen no es apta para el consumo. En ambos casos, existe un mercado de venta de agua embotellada que crece exponencialmente cada año en promedios del 10 por ciento y produce ingresos multimillonarios a grandes multinacionales y gobiernos ineficientes que, en vez de invertir en saneamiento básico y agua potable, privatizan los servicios”. Tremendo, la pandemia de la falta de agua.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por once años de los exsecretarios de Salud y Bienestar Social del municipio de Heliconia, Mónica Alexandra Velásquez Montoya, y de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Silverio Arnulfo González Estrada (enero – junio 2016), por posesionarse y mantenerse en el cargo sin acreditar los requisitos de ley o por falsedad en documento.
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