Muy interesantes y decisivas situaciones de carácter político se registraron a lo largo de la segunda semana de julio.
El Cabildo de Medellín fue protagonista político durante la semana que concluye.
La pandemia viral como que tiene contagiada a la actividad política, toda vez que esta estuvo súper intensa en esta segunda semana de julio que termina, en la cual se esperaba humo blanco en la Corte Suprema de Justicia con el caso del gobernador Aníbal Gaviria, que sigue pendientee . Sin embargo, hubo de todo un poquito en la información por otros frentes políticos. Fue hacia el Concejo de Medellín donde estuvieron dirigidas las miradas de la ciudad y hasta del país, pues esta corporación tuvo en su poder el asunto con más decibeles o ruido con el proyecto de acuerdo para ampliar el portafolio de servicios de las EPM diferentes a los tradicionales de agua, alcantarillado, acueducto o gas. Inmediatamente se armó una pandemia de reacciones, unas durísimas en contra, otras a favor, pero tema que hierve aún más cuando de por medio vuelve y juega la solicitud de facultades al alcalde, lo que siempre origina otro inmenso chispero de debates, al igual que el fantasma de una supuesta privatización de la considerada “joya de la corona”. Al final el tremendo embrollo se apaciguó un poco con la decisión del alcalde de retirar la iniciativa para que se abra la discusión pública que será tenaz, como cuando la alcaldía de Sergio Naranjo (1995 – 1998) planteó la privatización de EPM, con el visto bueno del gobernador del momento Álvaro Uribe, la que fue derrotada por los concejales de la época, o la venta fajardista de Orbitel, o cuando la famosa incisión del área de comunicaciones con su socio Millicom que gestó a UNE, empresa con muchos líos, y más recientemente con la venta de las acciones de EPM en ISA. Esto se va a calentar y duro. Así es lo público y así debe ser.
Otro tema grueso en la semana lo constituyó la determinación, aunque con el famoso y estrecho 5 a 4, de la Corte Constitucional de restablecer el postulado democrático de la separación de poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y dejar muy en claro que es el propio Congreso de la República y no el Ejecutivo, es decir el presidente, con su pandemia de decretos, algunos de la órbita legislativa, el que decide en forma independiente si sesiona en forma presencial o virtual durante el tremendo caos viral, social y económico que sufre la humanidad. Este muy interesante asunto ya ha tenido una amplia divulgación nacional, por lo que el interés se centra en cómo incide en las sesiones de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, que aunque no son cuerpos del Poder Legislativo, sino organismos administrativos seccionales y municipales, tienen sus propios reglamentos internos para actuar con autonomía a la influencia de gobernadores y alcaldes. En tal sentido, expertos en estos temas consideran que también son los diputados y los concejales los que deciden la forma de sesionar, para preservar su salud y la vida contra la pandemia. Mejor dicho pueden seguir sesionando virtualmente.
El exdiputado, profesor universitario y experto en temas municipalistas, como todo lo concerniente al funcionamiento de los Concejos Municipales, hasta con clínicas para concejales, el girardoteño Hernán Torres, aportó que “sobre la sentencia de la Corte Constitucional en relación con las sesiones virtuales del Congreso de la República, los Concejos y Asambleas pueden y deben seguir sesionando de manera virtual, con base en el Artículo 63 de la Ley 1437 de 2011 (enero 18) y por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 (julio 10) por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Y el Artículo 15 de la Ley 1551 de 2012 y por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Ahí tienen las mesas directivas de los Concejos. A la orden. O consulten la opinión del profesor Torres, quien tiene muy claro las normas a aplicar.
Siguiendo con los tópicos políticos que llamaron la atención durante esta semana, también cogió a más de uno desprevenido la determinación del movimiento por firmas “Estamos Listas” y de su concejala Dora Saldarriaga de retirarse de la coalición de gobierno del Concejo de Medellín, que se conformó desde diciembre del 2019 con trece cabildantes para apoyar la administración del alcalde Daniel Quintero. Pero para algunos no es ninguna sorpresa, toda vez que en mayo pasado este colectivo de mujeres ya había exteriorizado reparos durante la discusión del Plan de Desarrollo de la ciudad y hubo amagues de marginarse de la alianza gubernamental, lo que ahora hicieron efectiva. Sobre las implicaciones políticas y normativas de esta postura, por ahora sólo cabe preguntar si este movimiento se declaró oficialmente ante el CNE como de gobierno a la actual administración, bajo los preceptos de la estrenada Ley de Oposición, y si lo hicieron no pueden ahora declararse ni independiente y menos en oposición, sino hasta febrero del 2021, un año después de la actitud que hayan adoptado según esa nueva norma legal. Y definitivamente parece que no se puede hablar de bancada cuando un grupo político sólo tiene un corporado, en torno a lo cual, el perito electoral Guillermo Mejía afirma reiteradamente que hay un vacío en las Leyes de Bancada, de Oposición y en la 1475 que regula a los partidos y movimientos políticos en Colombia.
Y pasando a la agenda político-judicial de la semana que viene, digamos que en la reanudación de la actividad judicial, también muy afectada por la pandemia, el Tribunal Administrativo de Antioquia informó que fijó audiencia virtual de sala plena para este miércoles 15 de julio, a las 9 a.m. en el proceso de demanda de pérdida de investidura que contra el concejal de Medellín, Alex Flórez Hernández, promueve el abogado Martín Cardona Mendoza por la presunta violación al régimen de inhabilidades.
A propósito de la anterior información digamos que desde marzo pasado, antes que estallara la actual miedosa crisis viral mundial, divulgamos en una amplia información que el Tribunal Administrativo de Antioquia estudia más de 54 demandas contra alcaldes, diputados y concejales en este departamento, todo lo cual se paralizó en sus términos procesales por la pandemia, pero que lentamente se estaría reactivando precisamente por la decisión de la Corte Constitucional de que cada uno de los tres poderes públicos decide independientemente cómo trabajar, tal como lo hizo la propia Corte. Así las cosas, hay que recalcar que tras los comicios territoriales en Antioquia de octubre del 2019, fueron demandadas las declaraciones de elección de varios alcaldes del departamento, lo mismo que los escaños de varios diputados antioqueños y también las curules de muchos concejales en diversos municipios, incluidos varios de Medellín y hasta todos los integrantes de esa corporación, lo que puede parecer muy exótico.
Continuando con el tenaz tema de la judicialización de la política, el joven abogado liberal Alex Chaverra está preguntando a qué se refiere la exconcejal Luz María Múnera, que en un tuiter escribió “sabían que esta demanda cursa desde enero y que es posible que la configuración del Concejo cambie? Ya el Consejo de Estado ha sido claro frente a las cuotas de género. Interesante saber lo que piensa de esta demanda @ConcejodeMedellin. Por qué tanto silencio en los medios”. Pues ningún silencio ya que todos estos procesos se encuentran para decisión de la Justicia que es la que falla y no los medios, que como EL MUNDO ya informamos que existen 54 o más demandas contra las elecciones de octubre del año pasado. Y esta es una de esas 54 o más querellas, pues entiendo que el número es más elevado. Este proceso electoral en concreto estaría dirigida contra la elección de los concejales liberales y conservadores de Medellín, por, según el tuiter, un supuesto caso contra la cuota de géneros en las listas de esos dos partidos. Está muy impaciente la exconcejal. Entre tanto, sobre este asunto en concreto el abogado Chaverra comentó que “si las listas liberales y conservadoras al Concejo de Medellín hubieran estado incompletas en el tema de género, la Registraduría no las hubiera inscrito por falta de requisitos”.
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