Los enfoques en comercio y la vía Panamericana retan a los países sudamericanos a unirse buscando de Panamá la apertura y cooperación que un mundo interconectado e interactuante necesita.
Con la confesada pretensión de iniciar negociaciones bilaterales sobre las que penderá la amenaza de la ley que permite imponer sanciones económicas unilaterales, el gobierno de Panamá ha publicado su lista de “países que discriminan” a ese país. En ella fueron incorporados siete países sudamericanos, incluido Colombia, además de europeos como Francia o Rusia. De Centroamérica fue incluido El Salvador.
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La inclusión de Colombia en esa lista es otra arma del gobierno panameño en su prolongada batalla contra los aranceles que nuestro país impuso a las importaciones de calzado y confecciones provenientes del puerto libre de Colón, y que en su mayoría tienen origen en China. Para Panamá, y de ello convenció a la OMC, estas son medidas contra el libre comercio. Colombia ha demostrado que son acciones legítimas y necesarias contra el contrabando y el lavado de activos, que están asociados al narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo y que es permitido por comerciantes de la zona de Colón, como denunció Linda E. Watt, exembajadora de EE. UU. en Panamá, en el documento Understanding Panama’s Colon Free Zone, fechado en 2004 y publicado por WikiLeaks.
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Los aranceles protegen, además, el trabajo digno, la libre competencia económica y combaten formas de trabajo esclavo que permiten, y la OMC bien lo sabe, interferir en las reglas transparentes del libre comercio. Por tales razones no son, pues, como lo muestra Panamá, medidas injustas, sino mecanismos legítimos que imponen respeto por la igualdad en las reglas de juego.
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Para obtener la normalización de los aranceles al comercio legal que tiene origen en la zona libre de Colón a Colombia, el gobierno de Panamá pudo apostarle a la cooperación, que se ha expresado en el TLC negociado entre los años 2010 y 2013, pero que permanece congelado por ese país desde 2015, cuando el Gobierno se negó a iniciar el trámite parlamentario para su ratificación. Contrario a esa vía que permite tener canales de conversación y acuerdo, las autoridades de ese país optaron por la populista confrontación, con acciones como la denuncia ante la OMC, que derivó en un fallo contra los aranceles, inaplicable por Colombia; la imposición de aranceles como medida de retaliación, y ahora la inclusión en esta especie de lista negra.
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Las medidas comerciales no son distintas a las del bloqueo que ese país hace a la continuación de la Carretera Panamericana o de las barreras a la interconexión eléctrica, que avanza lentamente. En todos los casos, la afectación no irradia exclusivamente sobre Colombia, ella está afectando a las restantes naciones sudamericanas interesadas en llegar al Canal de Panamá y a Centroamérica por vía terrestre y, ahora, damnificadas por el anuncio de la guerra comercial. Dadas las circunstancias, es a los países confrontados por el gobierno panameño, no sólo a Colombia, a quienes corresponderá luchar para derribar las barreras intercontinentales que esa nación insiste en levantar.
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