Es justamente por estos días, donde recordamos más que nunca, que nos toca pagar si queremos tener una real cobertura en salud, también nos toca pagar para poder estudiar en un buen colegio, y además nos toca pagar para que nos cuiden, eso sin contar que los servicios públicos de altísima calidad que tenénos, suben inexplicablemente cada mes. Ya hasta nos parece normal, ahora que si hay que poner un denuncio por un robo o por la pérdida de algún documento, llega uno a tener la sensación de ser confundido con el delincuente. Y para acabar de ajustar si queremos participar en algo, hay que cumplir tantos requisitos, que la mayoría desisten de hacerlo. Traigo todo esto hoy, porque ya empezamos a pagar los impuestos los poco menos de tres y medio millones de colombianos que hacemos parte de de este selecto grupo. En teoría la razón principal por la que uno paga los impuestos es justamente para que el estado nos provea de esos mínimos; salud, educación, seguridad, medio ambiente sano, entre otros, pero la realidad es que si queremos tenerlos, nos toca pagar, mejor dicho, pagamos dos veces y las dos veces caro.

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Pero como dicen en México; si por acá llueve, por alla no cantan nada mal las rancheras, porque en los temas urbanos es exactamente igual, el estado se lleva los impuestos más fáciles de recaudar, como el de renta y patrimonio, por ejemplo. En cambio sí le dejan cobrar el impuesto de industria y comercio a las ciudades, lo que pasa es que paradójicamente más del 80% de los municipios en este país no tienen industria, y si la tienen, la informalidad es de un nivel tan arrasador que casi ninguno cumple con este tributo, sólo por mencionar un ejemplo, además como no hay presencia del estado, entonces otros actores lo reemplazan y estos claramente son más efectivos a la hora de hacer el recaudo. Con el tema del predial tambien es parecido; grandes extensiones de tierra ocupadas por personas desplazadas, un subregistro muy inferior o un registro con un precio absurdamente menor, hace que sea casi imposible poder hacer efectivo este impuesto, este tambien se los dejan a los municipios para que lo cobren y con eso puedan vivir, otro ejemplo concreto de la diferencia entre lo que dice la entidad nacional, versus lo que pasa en el territorio. Cada pueblo padece a diario el desconocimiento de su predio por parte del centralismo en las políticas de hacienda pública, es una verdadera proesa sobrevivir con todo en contra, incluyendo la ley. Ese distanciamiento entre la necesidad y la expectativa en el uso de un territorio, se llama tensión, y es que los dos actores esenciales siempre serán la ciudadanía y el gobierno, pero conciliar lo que necesitan los habitantes con lo que creen los gobernantes que deberia hacerse, es más simple de lo que parece; un ejercicio ordenador serio, revierte esas tensiones y favorece los escenarios que tienen un alto contenido de arraigo, es más, un buen trabajo social, resolvería gran parte del problemas in situ. Sería genial que estos municipios fueran visitados por las autoridades del gobierno central, pero desafortunadamente la regla es que se proponen teorías que a la hora de llevarlas a cada lugar, la vida real los desborda. Desconectados los pueblos, se genera un desequilibrio urbano-regional muy importante, se debilita la red urbana subregional y entonces nos enfentamos a un fenómeno muy grave, a la pérdidad de identidad.

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Las subregiones son las unidades básicas de análisis territorial y hay que impulsarlas, pero ni el nivel nacional las determina, al punto que hasta hace poco el DANE dividia la superficie nacional entre grandes centros urbano y otros, como diciendo a todos que se vayan urgente a las ciudades, que abandonen su pueblo. Si olvidamos los centros urbanos subregionales, vamos a despoblar más rápido de lo normal estos territorios, pero como desde un escritorio en Bogotá se decide todo, sin ningún contexto, ya en el area metropolitana de Medellín, por ejemplo, vamos llegando a los 4 millones de habitantes, ni hablemos de la capital. Este eterno conflicto entre país y territorio se tiene que acabar inmediatamente, que el gobierno nacional reconozca su incapacidad absoluta de gestionar esas unidades territoriales y que aplique los impuestos que cobra, que en su mayoría se aplican a los trabajadores que viven de sus profesiones (porque no son capaces de perseguir a los que comercian de manara informal, a los evasores, a los que más deberían tributar) en proporción a las necesidades de estas zonas abandonadas y desconectadas, para que sus habitantes puedan crecer y generar desarrollo en su tierra natal, para que evitemos las migraciones a estas grandes urbes