La que discute actualmente el Congreso tampoco es la reforma estructural que crea una filosofía tributaria acorde con las exigencias del Estado Social de Derecho, de manera que propicie resolver los problemas fiscales del país
Otra reformita tributaria
Apremiado por las urgencias de un hueco fiscal de 14 billones de pesos en el presupuesto de 2019 y de reactivar una economía que se ha estancado en niveles mediocres de crecimiento, en buena medida por la timidez de la inversión privada, el gobierno de Iván Duque se apresuró a presentar su propia, ¿será la primera o la única?, reforma tributaria, nombrada Ley de financiamiento. Como toda reforma tributaria, la que ahora se discute ha girado un alto costo político al gobierno y a la figura del presidente. Y como ha sucedido con las veinte leyes en tal sentido tramitadas en las dos últimas décadas, la que discute actualmente el Congreso tampoco es la reforma estructural que plasma una filosofía tributaria acorde con las exigencias del Estado Social de Derecho, de manera que propicie resolver los problemas fiscales del país, como ha sido el principal reclamo de los expertos, empresarios y ciudadanos.
El proyecto de Ley de financiamiento en discusión está fogueando al gobierno y los congresistas en un debate en el que los tradicionales beneficios que sometían al Legislativo a la voluntad de la Presidencia han sido eliminados para dar paso a discusiones en las que las partes comparten responsabilidades. Es así como la carga que se imponga a los contribuyentes y la financiación, o falta de recursos, de los programas del Estado, el pago del servicio de la deuda y la frondosa burocracia del nivel central, serán decididas en diálogo de poderes, no al arbitrio del gobierno. Aún sin compartir las reformas que se anuncia que el país conocerá integralmente en la semana que inicia, es claro que los congresistas de las comisiones terceras han hecho un ejercicio cuidadoso buscando recoger algunos aspectos de la iniciativa gubernamental sin dejar de hacer cambios significativos, que lo son fundamentalmente porque tocan la filosofía de la propuesta gubernamental y acogen buena parte de los argumentos del debate político en medios de comunicación y redes sociales.
La discusión pública sobre el proyecto de Ley de financiamiento ha sido tan intensa como política. En ella, las intervenciones técnicas han sido escasas y poco difundidas, situación propiciada por los expertos del gobierno, que le dejaron al presidente Iván Duque la ardua tarea de defender un proyecto que ha tenido entre sus principales contradictores a los voceros de su partido, el Centro Democrático. En la discusión el país renunció, una vez más, a la posibilidad de ampliar la base de productos de consumo, algunos de la canasta familiar, gravados con el IVA, una disposición que, complementada con la devolución directa en subsidios a los más pobres, tiene los beneficios de hacer responsables a los consumidores; de su inmediatez, que la necesita el Ejecutivo, y de su fácil recaudo. A cambio de tal posibilidad se abre camino, a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda, la transformación del IVA a las cervezas y bebidas azucaradas, propiciando un mayor recaudo al ser aplicado el impuesto al consumidor final y, más importante, contribuyendo al recorte de consumo en exceso de productos con efectos muy nocivos para la salud. Como ocurrió con el tabaco, las cargas tributarias pueden ser instrumentos disuasivos de gran ayuda en beneficio de la salud pública.
El amplio y muy vinculante debate a la reforma tributaria, en el que muy pocos se han escapado de participar, ha tenido como trasfondo la intensa polarización a que ha sido sometido el país, esta vez expresada como retaliación, o castigo, de la sociedad toda a los empresarios, a quienes se propone imponer la carga de transformar las desigualdades y generar desarrollo social. La visión es sumamente equivocada. De un lado porque cargas tributarias excesivas desincentivan la inversión privada y del otro, porque esa visión contradice la filosofía de equidad, que propende por entregar a cada uno sus necesidades así como responsabilizar a cada uno según sus capacidades. La ampliación de la base tributaria no alivia a los ricos, como lo muestra la caricaturización de esas decisiones, sino que hace responsables a los ciudadanos con la contribución al mejor funcionamiento del Estado y, particularmente, los invita a hacerse vigilantes del gasto público.
Por la premura con que fue presentada al Congreso y por la rudeza de un debate público que impuso un altísimo costo político al Gobierno, que está siendo pagado exclusivamente por el presidente de la República, esta vigésima reforma tributaria impuesta desde el año 1998 tampoco fue la reforma estructural que le daría al Estado la guía para ajustarse a unos ingresos razonables pero no ilimitados; a los empresarios, la estabilidad que necesitan para apostarle a inversiones de largo plazo, y a los contribuyentes, la tranquilidad de proyectar sus responsabilidades fiscales con la certeza de no estar sometidos a vaivenes de alto riesgo. Ello a cambio de los sacrificios de la ampliación de la base tributaria, la polarización del país y la gobernabilidad del presidente Duque.