La exfiscal general venezolana Luisa Ortega presentó un vídeo en el juicio del Tribunal Supremo "en el exilio" contra el presidente Nicolás Maduro en el que Euzenando Prazeres de Azevedo, expresidente de Odebrecht en Venezuela, acepta que entregó 35 millones de dólares a la campaña del mandatario.

La grabación, que ya había sido divulgada por Ortega el año pasado, fue presentada como evidencia durante una audiencia del juicio en contra de Maduro que lleva a cabo en Bogotá el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "en el exilio" por los supuestos vínculos del mandatario con la constructora brasileña.

En el vídeo, Prazeres de Azevedo asegura que la empresa, protagonista de un escándalo de sobornos en Latinoamérica, financió la campaña de Hugo Chavéz y que hizo lo mismo con la de Maduro en 2013.

Ortega, que fue destituida del cargo de fiscal general tras mostrar diferencias con el Gobierno de Maduro, aseguró que a la firma brasileña le fueron asignadas las "grandes obras" del país de manera directa y que "después de haber sido celebrados los contratos" se aumentaron los valores de los mismos.

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La exfiscal anunció que en la próxima audiencia, que se realizará este jueves en la capital colombiana, presentará nuevos vídeos de Mónica Moura y Joao Santana, exfuncionarios de Odebrecht, además de "los contratos en donde se evidencia cuáles fueron las obras" que el Gobierno de Venezuela le encargó a la compañía.

En la audiencia de este martes también estuvo presente el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien calificó este escándalo como algo "trágico", ya que se destinaron "más de 30.000 millones de dólares" para obras que no se hicieron.

Ledezma además defendió la legitimidad del llamado tribunal en el exilio al recordar que fue designado por el Parlamento, la "única institución legitima" que tiene Venezuela, sostuvo.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio del año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.

Sin embargo, el tribunal nombrado por el Parlamento funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado "sin que se cumplieran los requisitos constitucionales".

En marzo pasado, el Supremo "en el exilio" admitió a trámite la demanda que vincula a Maduro con delitos de corrupción y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol.

Un mes más tarde, el Supremo declaró la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.