Un paro nacional indefinido fue acordado este lunes por organizaciones sociales que hacen parte de Marcha Patriótica para exigir el cumplimiento pleno del acuerdo de paz.

Tras una reunión este 18 de octubre en Bogotá, voceros de doce departamentos y representantes de organizaciones agrarias nacionales acordaron movilizarse desde esta semana ante las reiteradas obstrucciones a lo pactado en La Habana.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia de la República con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

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En particular, les preocupa el incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana.

Además, el escaso o nulo avance en temas como las garantías de seguridad y la apertura democrática.

Este paro nacional indefinido tendrá lugar la semana del 23 de octubre y a él se han adherido organizaciones como Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). También comunidades agrarias de al menos once departamentos.

De acuerdo con un comunicado expedido por los que convocaron a la protesta: “No existen avances significativos en las garantías de seguridad para los líderes sociales y las comunidades en los territorios, el Gobierno Nacional incumple los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos e impone la erradicación violenta y continúa la violación de Derechos Humanos y los asesinatos de líderes sociales especialmente por grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública”.

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Peticiones de las organizaciones sociales 

1. Implementación normativa y territorial del acuerdo de paz de La Habana.

2. Reclamar las reivindicaciones locales, territoriales y el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con los gobiernos locales y/o nacional.

3. Exigir las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la protesta social y seguridad para las comunidades rurales.

4. Reactivar la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), y conformar las mesas de interlocución departamentales para que sean los espacios para tramitar el pliego de peticiones, que será presentado al Gobierno nacional.