Redacción / EFE

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus colaboradores, acusados de delitos de corrupción, permanecerán en prisión a la espera de la siguiente fase del proceso que enfrentan, según la resolución de la audiencia inicial dada hoy por la jueza del caso, Nelly Pozas.

Pozas argumentó, durante la tercera y última jornada de la audiencia inicial, que la Fiscalía expuso "suficientes pruebas" que indican que los imputados, acusados de malversar 246 millones de dólares durante el mandato de Saca, "participaron en desvío de fondos".

Además la jueza ordenó el embargo de los bienes y cuentas de todos los imputados, detalló el Ministerio Público.

"Se tienen acreditados lo delitos imputados, por lo que el proceso pase a la siguiente fase (instrucción o investigación judicial) con la medida cautelar de la detención provisional" y el "embargo general de bienes muebles e inmuebles", decretó la jueza.

De acuerdo con ella, las razones que expusieron los abogados defensores para pedir la libertad "no son suficientes" porque "las penas que se van a imponer son bastante grandes", más de 30 años, y "los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia".

Sobre la imposición del embargó "general" y "preventivo" de los bienes "a nombre de cada acusado", aseguró que es "necesaria, adecuada y proporcional", pese a ser "atípica".

El exmandatario y sus 6 colaboradores fueron enviados nuevamente a la División Antinarcóticos de la Policía en San Salvador, donde deberán esperar a que se inicie la siguiente etapa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital.

La jueza autorizó que los imputados reciban la visita de sus familiares "más allegados" y de sus médicos, y que puedan realizar actividad física en el recinto por sus condiciones de salud.

Saca, sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, están imputados por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al supuestamente malversar 246 millones de dólares.