La oposición venezolana ultima los preparativos para manifestarse este sábado ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de que el Parlamento -donde los coalición antigubernamental es mayoría- designara este viernes a 33 nuevos jueces del TSJ por la supuesta falta de legitimidad de los magistrados en ejercicio.

Las marchas a la sede del tribunal en Caracas partieron este sábado a las 11.00 hora local desde varios puntos de Caracas y tiene como objetivo mostrar el apoyo de los ciudadanos a los 33 jueces designados el pasado viernes, que no son reconocidos por el propio TSJ ni por el Gobierno.

"Ya han salido, ellos mismos que merecen ser procesados porque son una banda de delincuentes, de ladrones y de corrompidos, a amenazar a los nuevos jueces con juicios militares", dijo horas antes del inicio de las manifestaciones el diputado Henry Ramos Allup, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ramos Allup hacía alusión al pronunciamiento del TSJ a los nuevos nombramientos por parte del Parlamento, en el que los jueces en ejercicio del alto tribunal afirmaron que los magistrados recién designados por la Cámara incurren en "delitos de traición a la patria (...) contemplados en la Justicia Militar".

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La oposición denuncia las supuestas irregularidades con las que se llevó a cabo el nombramiento de 33 jueces en ejercicio del Supremo, designados en diciembre de 2015 por el Parlamento saliente chavista días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas y poco antes de ceder a la nueva mayoría el control de la cámara.

Este punto de vista es compartido por la fiscal general de la República, Luisa Ortega, que ha impugnado sin éxito la desginación en 2015 de esos magistrados y acusa al TSJ de estar al servicio del Gobierno.

La oposición venezolana recrimina al Supremo haberse plegado al presidente Nicolás Maduro e intentar enmendar la voluntad popular con varias decisiones para anular el poder del Parlamento surgido de las elecciones de 2015. Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de protestas antigubernamentales que se desató al atribuirse el Supremo las funciones del Legislativo, en unas sentencias después revocadas parcialmente que incluían la medida de despojar a los diputados de su inmunidad.

Un total de 100 personas han muerto hasta ahora en episodios violentos relacionados con las manifestaciones, que han desembocado a menudo en enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando estas les impedían el paso a las instituciones oficiales a las que marchaban.