El oleoducto Caño Limón-Coveñas, una de las principales arterias para el transporte y exportación de petróleo colombiano, completó 56 días por fuera de operaciones, como consecuencia de una escalada de atentados y la instalación de válvulas ilícitas por parte de grupos al margen de la ley, informó Ecopetrol mediante boletín de prensa.

En lo corrido del año 2017, se han registrado 38 ataques al sistema de transporte de petróleo en Arauca, Boyacá, Cesar y Norte de Santander; y se han identificado y retirado 27 válvulas ilícitas instaladas para el hurto de crudo en ese último departamento.

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Desde el pasado 30 de mayo el bombeo de crudo se encuentra suspendido cuando se presentó un derrame de crudo en la vereda Cerro Madera, en Tibú (Norte de Santander) producto de la instalación de una válvula ilícita. Para atender la emergencia se activó el respectivo plan de contingencia.

Posterior a esa fecha, se ha incrementado la instalación de conexiones ilegales. Los técnicos y operadores de la Empresa han identificado 17 válvulas, y se reportaron ocho nuevos atentados.

El más reciente de los ataques contra esta infraestructura se registró el viernes 21 de julio en la vereda La Granada, municipio de Saravena, departamento de Arauca, el cual produjo rotura del sistema y derrame de crudo en un área de unos 2.500 metros cuadrados de suelo y capa vegetal.

Los atentados y la instalación de conexiones ilícitas a lo largo del oleoducto han dejado una afectación ambiental de 13.300 metros cuadrados en 2017. Con corte al mes de mayo, estas acciones ilegales han provocado el derrame de 11.064 barriles de petróleo y el hurto asciende a 100.000 barriles.

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Las labores de reparación del oleoducto se han retrasado debido a los continuos hostigamientos con disparos a los helicópteros que transportan el personal, así como la incineración de maquinaria y la instalación de minas antipersona en algunas zonas donde se han cometido los ilícitos.

Ecopetrol rechaza estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, afectan gravemente el medio ambiente y el bienestar de las comunidades, así como el normal desarrollo de las actividades petroleras.