La denuncia de autoridades y ciudadanos de Facatativá, Cundinamarca, afectados por restricciones a su movilidad y amedrentados por la ruidosa presencia de 310 guerrilleros de las Farc en su municipio, obligó a la Unidad Nacional de Protección a aclarar que adelanta un proceso de selección, que no de formación, de los farianos que podrían actuar como escoltas de sus compañeros de armas, una vez el Congreso apruebe la ley que reglamenta la ampliación de la planta de personal de esa agencia gubernamental.

Los voceros oficiales y algunos comentaristas de la prensa nacional han tomado estas prácticas como si fueran naturales al proceso de retorno a la sociedad civil de quienes la abandonaron para tomar la opción de las armas y el ejercicio de la violencia que ella conllevó. Es difícil pensar que tan “comprensiva” actitud se hubiera presentado en otros procesos de dejación de armas y desmovilización de grupos alzados en armas o delincuenciales.

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La insistencia en que varios centenares de hombres de las Farc se dediquen a ser escoltas contradice los principios y propósitos de su desmovilización y tránsito a organización civil.

La desmovilización, que conlleva el desarme, implica la renuncia a las armas y a la mentalidad que las incorpora como medios para la relación con otros y la solución de problemas. Legalizar el porte de armas en manos de guerrilleros implica la renuncia, por la sociedad y por ellos, a su desmovilización y reintegración. Hacerlo excusándose en que no se prevén otras opciones de supervivencia material es condenarlos a un destino que se les propuso superar. Y permitirlo para que con esa actividad cumplan las sanciones que les imponga la Justicia Especial para la Paz, es romper el principio de justicia restaurativa que respeta a las víctimas al tiempo que ofrece oportunidades a los victimarios para desintoxicarse de la violencia, algo que difícilmente lograrán mientras mantengan el poder de usar armas.

Las múltiples excusas para esta formación de escoltas-guerrilleros incluyen las de los temores de los jefes farianos por el riesgo de agresiones que pudieran enfrentar y su desconfianza en que los escoltas regulares de la Unidad de Protección, que están formados ética y técnicamente para esas responsabilidades, cumplan con su juramento de protegerlos como ciudadanos colombianos que son. La persistencia en la desconfianza en las instituciones democráticas señala la pobre capacidad de las Farc para entrar a la sociedad siendo parte, respetuosa, de las reglas de juego.

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En la apresurada implementación, el Gobierno Nacional parece no percatarse del mal ejemplo que da desconociendo la sentencia de inexequibilidad del decreto de ampliación de la planta de personal de la UNP, recién publicada, y poniendo en marcha la ley que lo sustituye, así el Congreso no haya iniciado su discusión. La ley, mucho más para el Gobierno, sí es para respetarla y acatarla.