Se ha vuelto en nuestro país un denominador común que las obras, por importantes que sean y por ingentes que hayan sido los esfuerzos para su construcción queden en el camino sin terminarse, debiendo invertirse adicionales esfuerzos y altísimos presupuestos que no habían sido previstos antes, para poder llegar algún día y, casi siempre, mucho tiempo después del previsto inicialmente, a poder ponerse al servicio de la comunidad, ocasionando con ello no sólo traumas y dificultades propios de los atrasos y la mala planeación, sino también sobrecostos considerables que ponen en alto riesgo el patrimonio estatal, vulnerando principios básicos y fundamentales de la administración pública, tales como la moralidad, la eficacia, economía y celeridad, entre otros.

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Todo en nuestra amada nación inicia con bombos y platillos, periódicamente se prometen y proyectan cosas de toda índole, casi siempre muy importantes y que están en lo más profundo de las aspiraciones del pueblo: obras, leyes, iniciativas de paz y de reconciliación, propuestas sobre medio ambiente, movilidad, seguridad , educación, salud, etc., todas ellas consistentes en asuntos que redimirían sustancialmente –si realmente se hicieran- las angustias y los anhelos de grandes sectores poblacionales e inmensos territorios que siguen hoy sumidos en el olvido estatal y la desatención gubernamental; pero pasan los días e incluso los años y muy pocas de esas promesas, de esas ideas, por no decir que ninguna, se materializan en la vida real, quedando sólo en el recuerdo de aquellos que en medio del jolgorio y la alegría creyeron y las apoyaron, en la absoluta creencia de que había llegado el momento de que dichos idearios dejarían de ser proyectos, simples expectativas y ahora sí llegarían a ser hechos concretos y materializables, para el servicio y beneficio de todos.

Recuerdo ahora –con gran nostalgia y preocupación- aquel gran movimiento nacional, que entre otras cosas muy importantes que no se lograron, quiso darle al país, como en efecto sucedió, un nuevo orden legal y constitucional, con la carta política del 91, para que en medio de más efectivos y reales derechos y un verdadero pluralismo político y social, pudieran concertarse, emprenderse y desarrollarse los grandes proyectos que en materia social, participación ciudadana, pluralismo democrático y político requiere la patria, y las obras que en muchos campos necesita emprender el país, para hacerle frente a los grandes retos y emprendimientos que en los temas sociales, políticos y de infraestructura exigía la nueva cosmovisión de los colombianos en el marco de la llegada y puesta en vigencia del siglo XXI.

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Acabar con las hegemonías políticas, hacer que el ejercicio de la función pública fuera más eficiente y transparente, combatir la corrupción, racionalizar, en términos de igualdad, equidad y participación, la distribución de los recursos producto del ingreso nacional, para buscar equilibrar las desigualdades sociales y económicas de la población y brindar más oportunidades a quienes más afectados estuvieran en términos de pobreza –inequidad e injusticia- entre otros, fueron proyectos y aspiraciones que aún y con toda la importancia que ha tenido nuestro orden jurídico liderado por la Constitución Política del 91, no se han logrado. Muchas de esas propuestas y de esos importantes ideales no se han podido alcanzar, están allí, en el papel, en el imaginario social y político durmiendo, como dice el argot popular, “el sueño de los justos”, sin que nada ni nadie pueda remediarlo.