El Informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, expedido por el Secretario General de la ONU,  reporta, entre sus temas más relevantes, que continúa la preocupación respecto a la inseguridad reportada en varias zonas afectadas por el conflicto una vez firmado el Acuerdo de Paz.

“Me preocupa que, según todas las fuentes, el asesinato de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos no haya remitido en los últimos tres meses pese a la adopción de varias medidas para reducir el alarmante número de asesinatos registrados en 2017”, indica el Secretario General en su informe.

En 2017 fueron asesinados un total de 121 defensores de los derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, donde son particularmente preocupantes los ataques contra las personas que trabajan para implementar los programas gubernamentales relacionados con la sustitución de coca y la restitución de tierras. 

Asimismo, el informe presenta que entre el 27 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, la Misión registró 13 asesinatos de desmovilizados de las Farc y 5 de familiares de exmiembros de esa organización, para consolidar un total de 62 homicidios a personas relacionadas con el grupo guerrillero, sin contar los 6 excombatientes desaparecidos en octubre de 2017.

En la implementación del acuerdo se ha brindado protección servicio de escolta para aquellos miembros de las Farc que se desplazan temporalmente para actividades políticas o promover programa de drogas, así como también se han empleado en la seguridad de otras personas.

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Hasta la fecha, la Unidad Nacional de Protección ha adiestrado y contratado a 935 personas, incluidos 545 exmiembros de las Farc, de los cuales 84 son mujeres. “Aún no se ha ejecutado un tercer y último curso de adiestramiento que debe llevarse a cabo para alcanzar el total de 1.200 personas adiestradas y contratadas, previsto en el Acuerdo de Paz”, describe el informe.

Además, se denuncia que existe una falta de atención especializada y servicios adecuados para los hijos de exmiembros de las Farc-Ep que viven en los espacios territoriales. Por ejemplo, solo dos de los espacios territoriales poseen guarderías infantiles plenamente operativas.

La Misión de la ONU está haciendo un seguimiento de los casos de 21 de los 135 menores que salieron oficialmente de las Farc, encontrando que entre los obstáculos para su reincorporación se cuentan los problemas para que los menores de 18 años obtengan asistencia financiera debido a la obligación legal de tener un tutor adulto, las demoras en la transición de los adolescentes al programa de reincorporación de adultos y las dificultades para prestar asistencia a quienes decidieron vivir en un espacio territorial.

No obstante, el informe también resalta los avances que presentó el país en materia electoral en donde se comprobó el efecto positivo del fin del conflicto en el panorama político. En las elecciones legislativas, celebradas el 11 de marzo de 2018, la participación política aumentó en alrededor del 5,2%, dado que en esas elecciones participaron 3,6 millones de electores más que en las celebradas en 2014. 

“La votación aumentó en todos los departamentos, y en los 10 departamentos históricamente más afectados por el conflicto votaron 817.045 electores más que en 2014. Se establecieron 9.709 puestos de votación adicionales, ninguno de los cuales tuvo que ser trasladado por motivos de seguridad”, añade.

Este es el informe de Naciones Unidas

Informe Del SG abril 9 de 2018