La Resolución clama por una ayuda inmediata para atender la crisis humanitaria, mientras los aliados de Nicolás Maduro protegen la continuidad del régimen.
Con 20 votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones, los delegados de la OEA aprobaron la Resolución sobre la crisis social, política, económica y humanitaria de Venezuela, al término de la 49 Asamblea General que se clausuró este viernes en Medellín.
Además de reconocer oficialmente al representante permanente enviado por el presidente interino, Juan Guaidó, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente, la Resolución “solicita el acceso pleno y libre para permitir que se preste asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la crisis, de acuerdo con los principios humanitarios”.
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El documento también afirma “apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, dirigida por el pueblo de Venezuela, guiada por la constitución de Venezuela e instar a que se convoquen elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, lo más pronto posible”.
Al elogiar la generosidad, la solidaridad, los esfuerzos y las políticas implementadas por los países de acogida hacia los venezolanos que huyeron de su país de origen debido a la crisis, también se hizo un llamado a todos los Estados, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que brinden cooperación técnica y recursos financieros a fin de prestar asistencia a los migrantes venezolanos en los Estados de acogida.
El diputado Julio Borges, jefe de la delegación venezolana ante la OEA.
En desacuerdo
Pero la crisis venezolana ahonda la división no sólo en la OEA sino en toda la región. Eso quedó en evidencia luego de que varios países, impulsados por Uruguay, decidieran apartarse de las decisiones de la plenaria en que se debatía la situación del país petrolero, en rechazo al estatus que se le dio a la delegación que asistió en representación del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 estados de todo el mundo que califican a Nicolás Maduro como usurpador del poder en el país caribeño.
La delegación venezolana, encabezada por el diputado Julio Borges y Gustavo Tarré, como representante de Guaidó ante la OEA, recibió la aprobación de la mayoría de países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.
Pero el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, decidió abandonar el recinto apenas iniciaba la sesión por considerar “desnaturalizada” la discusión con la presencia de actores que, según consideró, no hacen parte de la Organización: “A partir de esta situación que desnuda un progresivo y sistemático vaciamiento de la institucionalidad y la normativa de esta organización, Uruguay se retirará de esta Asamblea”, dijo.
Posición que estaba advertida y que respaldaron las delegaciones de México, Bolivia, Nicaragua, Granada, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Dominica y Trinidad y Tobago, que hicieron salvamento de voto, como una forma de apoyo y reconocimiento a Nicolás Maduro, quien hace dos años había hecho oficial su decisión de retirarse de la OEA, retiro que Caracas formalizó el 27 de abril del presente año, cuando el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, y los países del Grupo de Lima decidieron reconocer a Guaidó como presidente (e).
“Uruguay está trabajando para ayudar a construir un clima de serenidad y confianza que permita a los venezolanos resolver sus problemas. Está por encima de todo ayudar a Venezuela, esta no es una competencia para ver quién tiene razón”, señaló Bergamino al cuestionar la actuación de Almagro como promotor de la resolución de reconocimiento a la delegación encabezada por Borges, Tarré y Vecchio.
Y desde Venezuela, el canciller Jorge Arreaza aseguró que la OEA simplemente cumplió de forma estricta la agenda impuesta por el gobierno de Estados Unidos, por lo que celebró “el buen momento del retiro de Venezuela de esa caduca organización”.
Pero mientras Bergamino y los delegados de los otros países defensores del régimen de Maduro argumentaban su postura, también adentro y afuera del recinto se escuchaban voces que les reclamaban a esos países, especialmente a Uruguay y Bolivia, atender entonces la crisis humanitaria de Venezuela, esencialmente con apoyo a ese creciente número de migrantes que hoy están colapsando todos los sistemas de atención en los países vecinos: empleo, salud, educación, alimentación y hasta la misma seguridad, que se ha visto alterada en varias ciudades de Colombia, principalmente en zonas limítrofes.
Estatus de refugiados
Al presentar un informe que analiza la grave crisis que afecta al pueblo venezolano, el Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la OEA hizo un llamado para que se les otorgue estatus de refugiados, además de la creación de una tarjeta de identidad regional.
Las conclusiones del informe, que expone preocupantes cifras para Colombia y toda la región, señalan incluso que si continúan o se profundizan las problemáticas existentes hoy en Venezuela, “la proyección de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar entre 5.3 y 5.7 millones para finales de este año y entre 7.5 y 8.2 millones para finales de 2020”.
El documento insta a la comunidad internacional “a otorgarle una dimensión global a la crisis de migrantes y refugiados venezolana. No se le puede dar una visión regional ni mucho menos subregional al desplazamiento forzado de los venezolanos”.
Resalta además que esta crisis, sin precedentes en la región, representa un desafío inédito no sólo para los países miembros de la OEA sino para el resto de la comunidad internacional: “A pesar de las dificultades que este episodio ha generado, este reto significa una inmensa oportunidad de integrar a millones que están deseosos de trabajar, estudiar e impactar positivamente en los países que los reciben”, consigna el informe.
Y en esa línea apunta a que “definir a los venezolanos que huyen de su país como refugiados les garantizará protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como salud y educación, así como la oportunidad de insertarse en los mercados laborales. Aproximadamente dos millones de venezolanos están hoy en condición irregular o corren el riesgo de estarlo en el corto plazo”, por lo que se instó a la creación de una tarjeta de identidad regional para que los migrantes puedan desplazarse de un país a otro sin mayores restricciones.
Redemocratización de Venezuela
Durante la cuarta y última sesión de la Asamblea, el secretario general Luis Almagro enfatizó que “los venezolanos necesitan nuestra ayuda y la necesitan ya. Debemos poner en marcha todas las medidas posibles que ayuden a mitigar el drama al que se enfrentan. Pero no perdamos de vista que el éxodo tiene una sola causa: la dictadura de Nicolás Maduro. La mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es el fin de la dictadura y la redemocratización de Venezuela donde se restituyan los derechos humanos más básicos que se han arrebatado a la gente”.
El coordinador del Grupo de Trabajo, David Smolansky, advirtió que “para el momento de esta Asamblea hay cuatro millones de migrantes y refugiados venezolanos, el flujo migratorio más grande de la historia de la región. Actualmente es el segundo más grande del mundo, solamente superado por Siria, que ha pasado por una guerra por más de ocho años”.
Explicó además que, dada la grave situación, “se considera imperante otorgar a los venezolanos el estatus de refugiados en el ámbito regional, según la Declaración de Cartagena”.
De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, Colombia es el primer país receptor de venezolanos con 1.3 millones, después aparecen Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000),
México (39.500) y Guyana (36.400).
El informe abarca temas como la crisis de salud, la inseguridad alimentaria, la violación de derechos humanos, la persecución y represión, el colapso de los servicios público en Venezuela, el estatus de los venezolanos en Latinoamérica y el Caribe, la cooperación internacional y los desafíos financieros que enfrenta la comunidad internacional para poder responder adecuadamente al flujo migratorio.
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