La llegada a la administración de nuevos alcaldes y gobernadores debe estar acompañada de nuevos enfoques y visiones de la administración pública, que posibiliten una orientación institucional hacia el bienestar de todos, de tal manera que el Estado pueda ocuparse de su labor esencial, en particular de que los servicios públicos como agua potable, saneamiento básico, energía, gas y telecomunicaciones en convergencia con las tecnologías de la información, sean prestados a la totalidad de los habitantes del territorio en condiciones de calidad y eficiencia.

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Para lograr prestar servicios públicos universales de manera eficiente y en consecuencia avanzar en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del territorio, se hace necesario que (i) se intenten nuevas formas de prestación, (ii) que se utilicen esquemas diferenciales y soluciones alternativas en su prestación, (iii) que se acuda a nuevas modalidades de gestión y (iv) aún a que se tengan diferentes mecanismos que faciliten su financiación y (v) en general, que se acuda a soluciones técnicas, administrativas y regulatorias que permitan lograr la universalidad en la prestación de los servicios con mejor calidad y más bajas tarifas.

El cambio sustancial de las prioridades en las políticas públicas sectoriales es un paso necesario que deben dar los nuevos gobernantes, que deben entender que el éxito en la gestión de las empresas del sector de los servicios públicos debe medirse principalmente en términos de cobertura, calidad y eficiencia con la que se atiende a los usuarios, y que esta tarea debe cumplirse haciendo prevalecer la dignidad de sus trabajadores y usuarios, y protegiendo el medio ambiente que es un patrimonio esencial de la humanidad.

Se ha llegado la hora de dar un nuevo paso en la transformación sectorial en servicios públicos, para lo cual no debe insistirse en mecanismos tradicionales, que ya han sido utilizados, se debe acudir a la innovación en este campo y por lo tanto no es hora de repetir el pasado.

La tarea actual es: (i) hacer más eficientes los costos en que se incurre en la prestación de servicios; (ii) promover nuevas soluciones para atender los usuarios ubicados en zonas de difícil acceso o que por sus características pueden ser considerados de difícil gestión; (iii) fomentar nuevas formas de prestación como sucede con la utilización de generación de energía no contaminante, soportada en fuentes de financiación adicionales a las tarifas que pagan los usuarios; (iv) facilitar la gestión comunitaria en etapas del servicio, para generar condiciones de corresponsabilidad en la prestación; (v) revisar los actuales esquemas de funcionamiento de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos; (vi) proponer una revisión a fondo de la gestión y destinación de los recursos del Sistema General de participación; y (viii) revisar el pago de contribuciones locales o nacionales que pueden afectar en forma directa la factura que deben pagar los usuarios de los servicios, …

Posiblemente en condiciones como las de la ciudad de Medellín la existencia de empresas prestadoras de servicios públicos como Empresas Públicas de Medellín, Empresas Varias y de UNE-TIGO, pueden generar la conciencia errada de que la prestación de servicios básicos como son los de agua potable, saneamiento básico, energía, gas y tecnologías de la información y las comunicaciones son un asunto de las empresas, y por lo tanto han dejado de ser un tema prioritario para el Municipio, pero la realidad es otra, pues se trata de asuntos esenciales para el desarrollo local, y en consecuencia constituyen un tema central en las actividades de las que debe ocuparse toda la administración municipal, incluidos el concejo y el alcalde.

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Ojalá con la llegada de nuevos gobiernos territoriales, se abra la discusión sobre nuevas formas de prestación de los servicios públicos, en las que se facilite y promueva la protección del medio ambiente, se acuda a nuevos desarrollos tecnológicos que mejoren los niveles de eficiencia en su prestación, se busquen nuevos mecanismos de financiación que disminuyan el impacto de las tarifas, se entienda que cuando en el derecho administrativo y en la Constitución se crea la categoría “servicios públicos”, es porque existen actividades sociales que no pueden interpretarse solamente con las categorías económicas de simples negocios, pues la razón de ser de esas actividades la constituyen sus usuarios.