Cuatro miembros del poder judicial serán juzgados por incumplimiento de su labor y encubrimientos durante la dictadura que tuvo lugar en Argentina en 1976 y que se prolongó hasta 1983. Familiares de las víctimas que dejó el régimen militar aseguran que los acusados fueron cómplices de los crimenes cometidos en contra de civiles y opositores.
Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) comenzó este martes en los tribunales de la central provincia de Córdoba, donde se juzgará a cuatro exmiembros del poder judicial.
El juicio oral por la denominada "causa de los magistrados" es el octavo por delitos de este tipo que se desarrolla en Córdoba, pero el primero en el que están imputadas personas que operaron desde la Justicia provincial: el exfiscal Antonio Sebastián Cornejo, el exjuez Miguel Ángel Puga, el exsecretario penal Carlos Otero Álvarez y el exdefensor público Ricardo Haro.
Según el Centro de Información Judicial, se les acusa de cometer "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento" en un centro clandestino de detención en 1976.
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El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral 2 de Córdoba, a cargo del magistrado Julián Falcucci, y se espera que declaren 25 testigos antes de emitir la resolución de la pena. Emilio Pihen, un hijo de víctimas de represores de dicha provincia, explicó que este caso juzga "la conducta judicial de encubrimiento".
"No eran parte del aparato terrorista, pero aún así sabían todo y no hicieron nada para defender a los secuestrados", continuó Pihen. De esta manera, consideró "completamente justo" el juicio que comenzó este martes, el segundo que tiene entre sus imputados a personas que no integraron alguna fuerza militar, porque "estos magistrados desde la Justicia también fueron cómplices".
En 2010, "la causa Videla" -que lleva ese nombre por el líder del golpe militar que dio origen a la dictadura, Jorge Rafael Videla (presidente de ella entre 1976 y 1981), tuvo entre sus condenados a un médico que firmaba las actas de defunción de los secuestrados.