“Me siento como en casa”, más que un dicho popular o para algunos una frase de cajón, es una expresión de gran significación, que se dice en todos los idiomas, en todos los rincones del mundo, y que se usa para referir comodidad, seguridad, tranquilidad, bienestar en un determinado lugar distinto al propio hogar. Porque es la casa ese lugar mágico donde deben estar las cosas que más sentido le dan a la vida, el calor humano del núcleo familiar, la comprensión, el apoyo, la asistencia, todo lo que conforma un ambiente protector.

Sin embargo, las cifras que evidencian el creciente número de casos de violencia intrafamiliar en todo el país demuestran que no es así, que en la vida real la casa no es hoy el mejor espacio para un gran número de personas, no es ese lugar donde les esperan unos brazos abiertos, unas palabras de alegría y bienvenida, unas prácticas de amparo.

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Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), mujeres en general y empleadas domésticas en particular, así como hombres en algunos casos, en todos los niveles socioeconómicos, sufren distintas formas de violencia intrafamiliar: psicológica, sexual, laboral, verbal, lenguaje discriminatorio, encierro y con mucha recurrencia maltrato físico.

Los casos denunciados de violencia intrafamiliar son alarmantes, siendo las mujeres las principales afectadas en los episodios de violencia de pareja, aunque las cifras de hechos en que los hombres son víctimas también van en aumento; en el trabajo doméstico se reclama respeto y buen trato, y en el caso de los Niños, Niñas y Adolescentes la situación es aún más grave, porque los últimos informes de Medicina Legal permiten concluir, con absoluto asombro, que es en el hogar y en medio del núcleo familiar donde son más vulnerables, donde más peligros los acechan por culpa de los mismos padres y madres, padrastros y madrastras, encargados del cuidado, hermanos, abuelos, cuñados y  otros familiares civiles o consanguíneos, es decir, quienes están más cerca de ellos.

De hecho, en el informe Forensis de Medicina Legal 2017 se reportaron en el país 27.538 exámenes médico-legales por violencia intrafamiliar, de ellos 10.385 (37,71%) practicados a menores de edad.

¿Es que vivimos en una sociedad enferma y violenta, que cada vez más olvida valores y principios? Es el interrogante que queda.

Todos tenemos derechos

Para Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi -Agencia de Periodismo Aliado de la Niñez-, “no es que se estén perdiendo los principios y los valores, es que nunca los hemos tenido. De hecho anteriormente ni siquiera se contabilizaban los casos de violencia en contra la niñez, ni en contra de la mujer, porque era lo más común y lo más normal pegarles”.

Desafortunadamente, advierte, “el núcleo familiar pareciera ser ahora el sitio donde hay mayor número de verdugos en contra de la Niñez”, aunque “gracias a los medios de comunicación el tema se ha visibilizado mucho. Ahora hay denuncias y se empieza a reflexionar sobre los derechos de cada persona, niño, niña, mujer, hombre, cada uno como individuo que merece respeto y buen trato”.

Frente a eso, el psicólogo Jaime Alberto Cuervo considera que esa violencia de puertas hacia adentro es un tema que preocupa y que tiene componentes de diversa índole como el machismo y el nuevo rol de la mujer, las pautas de crianza y el bajo nivel de educación.

“Anteriormente el hombre era el proveedor, el sustento, y como la mujer no tenía independencia económica era quien tenía que sufrir golpes, maltrato y humillaciones, situación que hoy ha cambiado mucho con el nuevo rol de la mujer. Ahora perfectamente ella puede asumir funciones en las empresas similares a las de los hombres e incluso superiores, pero para algunos hombres eso puede significar algún tipo de amenaza porque entonces ella está ahora en igualdad de condiciones”.

También apunta que “desafortunadamente todavía hay papás que creen que el castigo físico es el camino para educar y formar a sus hijos o a quienes están en su entorno. Educar no incluye violencia”, insiste “aunque en determinado momento haya que corregir al hijo por una conducta no adecuada o un mal comportamiento, pero sin violentarlo ni física ni psicológicamente”.

Y en ese sentido precisa que un principio fundamental en la educación de un niño, que conlleva al respeto de sus derechos, es que “nunca se debe jugar con el amor y el afecto que se le tiene, y, bajo ninguna situación, nunca se le deben negar los aspectos básicos de alimentación, cuidado, afecto y descanso”.

Afirma el psicólogo Cuervo que buena parte de esos casos de violencia también nacen de la “brecha social, cultural y económica que tenemos en Colombia, lo que hace que muchas personas no tengan conciencia de cómo educar a sus hijos”.

Aspecto que refuerza Norato al señalar que “tenemos que educar y acompañar a la familia, a las madres y los padres solos para que se fortalezcan como personas, y muy especialmente como personas independientes, porque se ha detectado que en muchos casos de abuso sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes la madre sabe de la situación, pero como el responsable es el proveedor, el que tiene la capacidad económica de mantener a esos niños, mandarlo a la cárcel significa que los otros se mueren de hambre”.

Entonces empoderando a las mujeres económica y espiritualmente, como personas capaces de salir adelante solas, dice Norte, “vamos a prevenir mucha de la repetición de estos actos”.

Más educación

Otro aspecto que según la directora de Pandi es urgente abordar, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos: “Hay que crear conciencia sobre la posibilidad de tener o no hijos, porque el 52% de los niños que nacen en Colombia no son producto de un embarazo planeado, y eso trae altísimas consecuencias, sociales y económicas.

Comenta Norato que “el 69% de todos los nacimientos en Colombia se da en mujeres que escasamente terminaron el bachillerato, la mitad de ellas ni la primaria, y una mujer con esas capacidades educativas, intelectuales, difícilmente va a acceder a un empleo bueno, y difícilmente es una mamá acompañada por la pareja de ese hijo. Por lo tanto tenemos mamás solas, estresadas, sin educación, y con muy pocas posibilidades de sacar su familia adelante”.

Por eso, dice Norato, “hay que entender a las mamás” a la vez que reclama la intervención de un “Estado que debe ser más acompañante de las familias que quitador de niños”.

Problema de salud pública

Por el creciente número de casos de violencia intrafamiliar, Medicina Legal lo ha calificado como un problema de salud pública.

“Este es ya un problema de salud pública. Es un problema grave porque ya se están poniendo en riesgo miembros del núcleo familiar, cuando debería ser que ese núcleo garantizara los derechos de las personas que la componen, pero ahora vemos que es allí, al interior de la familia, donde primero se violenta”, comenta Lina Marcela Estrada, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontifica Bolivariana.

“Desafortunadamente estamos en una sociedad que no sabe resolver las dificultades y los conflictos, que no tiene herramientas de diálogo, no construye habilidades para escuchar, para resolver los temas de manera pacífica, para tener un lenguaje adecuado con el otro y evitar así que se llegue a eventos de violencia”, cuestiona la docente.

Al tiempo sostiene que lo más grave de esas situaciones es que se convierten en un ciclo sin fin, porque “una persona violentada al interior del núcleo familiar es una persona que no va a rendir laboralmente, los hijos no van a tener un buen desempeño escolar, se genera un efecto negativo en todos los miembros de la familia, y por tanto el Estado tiene que actuar”.

Reflexión que Ximena Norato fortalece al afirmar que “hoy se hacen grandísimas inversiones en la atención de la violencia, discapacidades permanentes, discapacidades temporales y permisos laborales para atender esos hechos, pero cuando esto empiece a costarle al país y a las empresas, entonces ahí si se le prestará la atención que requiere”.

Reitera la docente Estrada que en Colombia existen las herramientas legales para sancionar la violencia intrafamiliar, que es un delito penal, “pero esa debe ser la última instancia porque más allá de las leyes se necesitan otras políticas de trabajo con las familias en materia de educación y prevención”.