Contrario a lo que podría pensarse, ser señalado y hasta condenado por delitos contra la Administración Pública u otros conocidos como corrupción, deja un estigma, tanto en el investigado como en su familia, que difícilmente puede borrarse.
El cohecho es conocido comúnmente como soborno. Se trata del servidor público que recibe o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir una promesa.
La condena de 72 meses de prisión que le fue impuesta al exviceministro de transporte Gabriel García Morales, por sobornos en el caso Odebrecht, al parecer sólo le pareció ajustada al propio García. Por lo demás, en el país sólo se escuchan reproches por ese castigo tan de poca monta para un delito en el que se comprometieron millonarios recursos públicos.
“No es lo mismo un cohecho de 10.000 pesos que uno de 6,5 millones, sin embargo, tienen el mismo tratamiento en la legislación actual”, dijo sobre este asunto el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien pidió una reforma urgente del sistema penal colombiano. “Es frustrante como se persigue la corrupción. Son penas bajas más el beneficio del 50 % de disminución por aceptar cargos. Esto hace que el Estado y la sociedad estén indefensos ante este fenómeno”.
El fiscal no es amigo de aumentar las penas, pero cree que es necesario entrar a revisar la normativa si se quiere ser contundente con la corrupción. “Hay que sacar al corrupto del circuito económico y extinguirle el dominio de sus activos. Si se registra un aumento en las penas, las personas tendrán temor y abandonarán la idea de vincularse en actividades ilícitas”, destacó.
Martínez Neira, quien espera que pronto se apruebe una ley que permita ser selectivo con las penas según los montos y los daños causados, coincide con lo que ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos. El Mandatario de los colombianos afirmó en días recientes que el 50 % de los condenados por corrupción no paga cárcel, el 25 % recibe prisión domiciliaria y el otro 25 % pasa menos de dos años tras las rejas”.
Las pérdidas que se presentan en el país por cuenta de la corrupción ascienden a los 50 billones de pesos, arrancados a los presupuestos públicos, según el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.
Al referirse a este “monstruo”, como él mismo lo calificó, hizo un recuento de los casos más relevantes y recientes de corrupción en el país: el Cartel de la Hemofilia en Córdoba, el de los Enfermos Mentales en Sucre, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 24 departamentos, Reficar, Odebrecht, Navelena, Bioenergy, Transmilenio, las regalías, Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, la Yidispolítica, el Carrusel de la Contratación, los Nule, el caso de Luis Gustavo Moreno -fiscal encargado de luchar contra la corrupción-, Leonardo Luis Pinilla, Alejandro Lyons -exgobernador de Córdoba-, los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y los excongresistas Bernardo Miguel Elías Vidal, Musa Besaile y Otto Bula.
El abogado Abelardo de la Espriella menciona que la corrupción en Colombia no es un flagelo de hace ocho años, sino de toda la vida. Igual piensa David Suárez Tamayo, profesor de Derecho de la Universidad Eafit y analista de temas nacionales. Nadie se salva de la corrupción, ni el nivel Ejecutivo.
Suárez Tamayo hace referencia a tres hechos en los que presidentes de Colombia tuvieron algo que ver con la corrupción:
El gerente de la campaña Santos Presidente 2010, Roberto Prieto Uribe, confirmó el ingreso de un millón de dólares procedentes de la multinacional Odebrecht para el pago de 2 millones de afiches. El presidente Santos, en marzo de 2017, luego de conocer las declaraciones de Prieto pronunció la frase: “me acabo de enterar”.
En julio de 1995, antes de partir al Perú a la posesión de Alberto Fujimori, el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, dijo en alocución televisada que “los colombianos pueden tener la seguridad de que, de comprobarse cualquier filtración de dineros -del narcotráfico- a mi campaña, su ingreso se habría producido a mis espaldas”. Santiago Medina, el tesorero de su campaña, rindió indagatoria ante fiscales sin rostro por tal asunto y se dio inició así al sonado Proceso 8.000.
Y preocupado por la corrupción, el presidente de Colombia entre 1978 y 1982, Julio César Turbay Ayala, advirtió que “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Debió decir eliminar la corrupción.
El profesor constitucionalista Ricardo Zuluaga Gil, abogado de la Universidad de Medellín y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, fue un poco más atrás en la historia y hace referencia al que podría ser el primer acto de corrupción ocurrido en Colombia, al menos desde que se declaró la independencia. Su protagonista: Simón Bolívar.
El 27 de agosto de 1828, Simón Bolívar, presidente de Colombia, alegando el desprestigio en que había caído la Constitución de 1821, la dejó sin vigencia y en su reemplazo dictó un Decreto Orgánico, que le permitía gobernar como dictador. Esa Constitución, según su artículo 191, sólo podría ser modificada en 1831. Pero Bolívar, argumentando también que Panamá, Venezuela y Ecuador querían separarse de la Gran Colombia, decidió acabar así con la primera Constitución de orden nacional que tuvo nuestro país. Estaba el Libertador recién llegado del Perú, donde se proclamó dictador y ejerciendo directa injerencia en la Corte Suprema de ese país condenó a opositores e intentó allí una presidencia vitalicia.
Lo que siguió en Colombia fue desastroso. Un exaltado grupo de ciudadanos constitucionalistas incursionó en el palacio presidencial para asesinar al Libertador, pero este escapó por una ventana. Al general Santander, entonces vicepresidente, se le condenó a muerte, pero se le conmutó esa pena por el destierro. Y el joven general José María Córdova, quien encabezaba en Antioquia una revolución contra esa dictadura, murió en batalla contra las fuerza oficiales.
Ya en la clandestinidad, apegado a la idea de una presidencia vitalicia en Colombia y padeciendo de tuberculosis, Bolívar prohibió en las universidades las obras de Jeremy Bentham y la materia de Derecho Constitucional, pues las consideró subversivas y foco de corrupción para los jóvenes estudiantes -algunos de los cuales habrían participado en la conspiración para asesinarlo-, argumento que consignó en una circular, atribuyendo la decisión al “clamor de muchos honrados padres de familia, que deploran la corrupción ya demasiado notable de los jóvenes”… Bolívar dejó la presidencia en enero de 1830 y en diciembre de ese mismo año falleció en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, a sus 47 años.
Ese abuso, entonces, mediante el cual Bolívar utilizó su posición, funciones y medios en su provecho, es aceptado por algunos constitucionalistas como un acto de corrupción, el primero de Colombia como país independiente.
Hoy, la corrupción está por todos lados: en la salud, en la alimentación, en la construcción pública y privada, en las elecciones, en las pensiones. Esta semana el director de la Policía Nacional, Jorge Nieto informó que en 2017 han sido capturados más de 500 policías por estar inmersos en casos de corrupción en todo el país.
Quienes se dejan corromper ya saben que se enfrentarán a la cárcel, a sanciones disciplinarias, al señalamiento, pero la posibilidad amplia de devolver poco o nada de lo robado al erario, les anima, les crea la sensación, y para muchos -por lo visto- la certeza, de que ser corrupto paga.
No paga
“Ser corrupto no paga porque se pierde mucho. La dignidad, el prestigio, el nombre, la credibilidad. El ciudadano común le cobra en las urnas, aunque no parezca”: La reflexión es del profesor David Suárez.
“Cuando se prueba que una persona vinculada con el Estado cometió un delito contra la Administración Pública y es condenada, esto afecta a su familia, a su cónyuge, a sus padres, los hijos. El impacto moral y espiritual es muy bravo. Se acaba la vida social para ellos. Es la familia del corrupto, el hijo del corrupto. Allá va el corrupto. Que es que la penas son bajas, pero un solo año de cárcel es una eternidad y la inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos es una enorme condena. No sé qué pasará por sus conciencias si se van del país después. No debe ser para nada bueno”, agrega Suárez Tamayo.
Singapur es un ejemplo de que se puede acabar con la corrupción, añade Suárez. Su población era muy pobre cuando se independizó de Malasia en 1965. Esa pobreza en gran parte era producto de la malversación de los recursos públicos, de los sobornos.
Lee Kuan Yew, jefe de Gobierno entre 1959 y 1990, luchó hasta reducirla a su más mínima expresión, no a sus justas proporciones. Se le atribuye la frase: “Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. Logró, con un Gobierno estrictamente social y profundamente capitalista, impulsar su país hasta convertirlo en uno de los más competitivos del mundo.
“La severidad de las penas desestimula. Pero la clave no está en el monto de la pena que se impone al corrupto sino en la efectividad. ¿Para qué penas tan altas si no hay condenas? Debemos agradecer a Estados Unidos por destapar estos casos, de lo contrario, seguirían rampantes estos corruptos desangrando al Estado”, señala el profesor Suárez.
Finalmente, y de nuevo recordando a Singapur, el docente recomienda que en nuestro país se debe adelantar una efectiva reforma judicial, crear buenos y bien remunerados empleos, poner en marcha una eficiente reforma educativa, regresar a la creación de empresas estatales, fomentar el control ciudadano y que los medios de comunicación independientes y objetivos vigilen, cubran y publiquen imparcialmente todos los casos de corrupción.
Delitos sobre corrupción
En el Código Penal colombiano la corrupción como tal se menciona en el artículo 372, que se refiere a la corrupción de alimentos. Los delitos contra la Administración Pública, que se conocen cotidianamente como corrupción, son los siguientes:
Peculado: Cuando un servidor público hace uso personal de los bienes del Estado.
Concusión: El servidor público constriñe o induce a alguien a dar o prometer al mismo servidor dinero u otra utilidad indebida.
Cohecho: Un funcionario público recibe dinero u otro bien para su propio beneficio a cambio de permitir o ejecutar alguna promesa.
Celebración indebida de contratos: El servidor público que interviene en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato.
Enriquecimiento Ilícito: El servidor público que durante su vinculación con la administración obtenga incremento patrimonial injustificado.
Tráfico de Influencias: El servidor público que utilice en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo.
Prevaricato: Servidor público que por acción u omisión profiera resolución o retarde u omita un acto de su función, contrario a la ley.
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