La edición número 59 de la revista del Cinep, recoge el panorama de derechos humanos y violencia política durante el primer semestre de 2019, en la que  Antioquia no sale bien. Los datos reflejan una realidad inocultable que muchos veíamos venir, a pesar del esfuerzo de tantos por la paz y la reconciliación, los amigos de la guerra siguen siendo protagonistas de nuestra historia.  

Las conclusiones del informe del Centro de Investigación y Educación Popular, dejan pensar también que es urgente voltear la mirada a regiones como el Bajo Cauca en donde las estructuras ilegales han encontrado acomodo, porque la falta de acompañamiento y el desconocimiento de la realidad cotidiana favorecen a los victimarios y sumen en el abandono a las comunidades. Precisamente, el jesuita Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep, dijo que la publicación busca ayudar a “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de esos crímenes”.

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Mirar esa tragedia no es hacerles un favor a las víctimas ni cantarles loas a los victimarios, significa reconocer que como sociedad también tenemos la responsabilidad de parar la guerra que muchas veces se alimenta de la indolencia o la indiferencia de los vecinos. Fenómenos como el narcotráfico o el paramilitarismo se han beneficiado históricamente de una sociedad que prefiere mirar para otro lado, hacer de cuenta que no pasa nada, no darse por aludida cuando el efecto directo no la toca. Y esa es una de las cosas que pone de presente el informe del Cinep: el fortalecimiento del paramilitarismo. La revista documentó 157 amenazas de muerte en el primer semestre del año, que tendrían origen en ese tipo de grupos armados. Además, habla de 19 ejecuciones “extrajudiciales” y más de 30 detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.  

No es alentador el panorama. El país registra en ese período 643 casos de violaciones a los derechos humanos, atentados contra la vida o la dignidad de las personas. Una geografía de la violencia que habla de casos en Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, principalmente, pero que incluye también a otras poblaciones. Pero si se mira solo la violencia identificada como de origen político social, Antioquia salta al primer lugar de la lista. En este departamento se registran más ataques, de distinta magnitud. Es decir, somos los más intolerantes y los menos respetuosos por la diferencia. Por eso mismo este no es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos, que con frecuencia pasan de registrar la realidad a engrosar las listas de víctimas.

El informe también refleja que en muchos casos las violaciones a los derechos humanos están relacionados con el modelo de desarrollo, tienen mucho que ver con la inequidad y el afán por alcanzar intereses económicos o políticos. Como ha ocurrido históricamente, esa desigualdad no solo aumenta las brechas sino que genera desplazamientos, que con frecuencia incrementan la presión sobre Medellín en donde el desempleo, la pobreza, la inseguridad y la informalidad siguen creciendo. Esta es una ciudad cada vez desigual y esa no es una realidad que se cambie ni con propaganda, ni con consejos de seguridad o declaraciones acaloradas. Hace falta una mirada integral que parta del reconocimiento elemental de que lo que pasa en la ciudad afecta al departamento y viceversa.

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En regiones como el Bajo cauca, a la que el informe le dedica un capítulo específico, detrás de la fiebre del oro y los sembrados de coca hay presencia de actores armados de todas las raleas. Allí están el Clan del Golfo, los Caparros, las disidencias de las Farc y el ELN, pero también grupos delincuenciales como Los Triana, Los Rastrojos y otros que se hacen llamar como Águilas Negras, que para muchos analistas es una especie de franquicia que utilizan grupos de delincuencia común. También se habla de carteles mexicanos y brasileños, además de tropas del estado reunidas en la Fuerza de Tarea Aquiles, a la que también se le atribuyen en el informe violaciones a los derechos humanos.

Esos y otros territorios identificados en el proceso de implementación de los acuerdos de paz como los más vulnerables, siguen esperando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Es urgente que quienes aspiran a manejar el futuro de la ciudad y la región, se comprometan con ello, más allá de los lugares comunes y las frases hechas. Lo que está en juego es la vida y la defensa de los derechos humanos.