Alberto Donadío es un sabueso que sabe reconocer las múltiples aristas de los hechos. Para él, tres elementos son esenciales a la hora de hacer buen periodismo: el escepticismo, saber buscar información y saber relacionarla. 

Desde 1972 no ha dejado de investigar: ese año creó, junto con Daniel Samper Pizano, la Unidad Investigativa de El Tiempo. Desde allí, ambos periodistas pusieron en evidencia varios casos de corrupción que afectaron los intereses del país. 

Por eso, Donadío no tiene reparos en decir que, en Colombia, donde quiera que se ponga el dedo “sale pus”. Ese espíritu crítico lo llevó a escribir Nobelbrecht, una obra que busca responder una pregunta: ¿por qué si en otros países los presidentes han sido acusados en el caso Odebrecht, el presidente Juan Manuel Santos parece libre de toda culpa? 

En conversación con EL MUNDO, Alberto Donadío habló sobre el proceso de investigación y lo que le depara al país en su lucha contra la corrupción.

Lo primero que uno piensa al acercarse al libro es que, mientras los medios estaban mirando para un mismo lado, usted miró hacia el presidente. ¿Qué lo empujo a 
cambiar de mirada? 

En el cubrimiento de Odebrecht, que ha sido muy amplio, me he dado cuenta que cuando estalla una cosa tan grande nadie sabe qué va a pasar. Pero ya cuando toma un rumbo, se supone que un periódico define unas preguntas frente a una noticia que seguirá siendo noticia por un tiempo. 

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En Colombia, el cubrimiento es muy pasivo: nadie puede decir que no ha habido información sobre Odebrecht, pero información de calidad ha habido poca. Y una de las preguntas obvias que había que hacerse en este escándalo, que involucra a muchos países, es que en todos ellos los acusados son presidentes o vicepresidentes, pero en Colombia no. 

Por eso escribí este libro, buscando llenar esas lagunas de lo que debe ser un manejo activo de la información. El libro trata de responder eso: ¿Juan Manuel Santos tiene qué ver o no con el escándalo? Y la respuesta es sí, pero indirectamente, a través de unos intermediarios que fueron sobornados, pero nadie puede decir que Santos lo fue. Se inventaron una fórmula en la que él queda limpio, pero sus amigos no.

En el libro plantea que, si bien Odebrecht pagó sobornos en el país, tal vez no fue la úníca empresa extranjera que lo hizo...

Sí, eso se supo por una circunstancia: la compañía venía siendo investigada en los Estados Unidos porque hizo esos pagos desde cuentas en ese país, lo que es un delito. Cuando fue elegido Trump, los funcionarios del Departamento de Justicia no sabían qué iba a pasar, y aunque la investigación no había terminado decidieron agilizarla. 

Para no procesarlos, llegaron a un acuerdo: la compañía confesaba y se comprometía a pagar unas multas. Ahí es cuando supimos que otras empresas habían hecho lo mismo, pero no porque el Estado colombiano lo descubriera. El expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, pide que ya no los investiguen más, que mejor se enfoquen en lo que pasa con las otras compañías de contratación que hay en Brasil, que también pagan sobornos en Latinoamérica.  

Hablemos del Fiscal, ¿cómo ha sido el papel de Néstor Humberto Martínez en este caso?

Lo que ha hecho el Fiscal es muy raro, porque él ha destapado muchas cosas, pero todo el mundo sabe quién es Néstor Humberto Martínez: él ha tenido muchos cargos públicos, luego se va para su oficina de abogados y allá capitaliza la información que consigue. A él solo le interesaba acumular esos contactos. 

A mí nunca me ha gustado por eso, porque se aprovecha de los cargos públicos para enriquecerse, no de una manera ilícita, pero sí de una manera reprochable. ¿Quién va a la oficina de Néstor Humbero Martínez?, una persona que sabe que él conoce a todos los expresidentes y exministros, que puede coger el teléfono y resolver los problemas así. Ese no es un ejercicio muy honorable de la abogacía. 

Por eso es extraño que este señor esté defendiendo el interés público y no el de sus clientes. ¿Por qué lo está haciendo?, no sé. Dicen que él se metió en esto porque quería ser candidato a la presidencia, pero ya vimos lo que le pasó a Vargas Lleras. Sí, ha hecho un destape importante, pero dudo que eso se vaya a traducir en condenas largas. Lo que sí no ha investigado es si hubo compra de votos en 2014, porque el Ñoño Elías ya confesó que parte de los sobornos fueron para comprar la reelección de Juan Mnuel Santos. 

Se ha hablado mucho de Ñoño Elías y Musa Besaile, pero no de Eduardo Zambrano, que puso su empresa, Consultores Unidos, al servicio de Odebrecht. ¿Quién es este hombre?

Cuando sale la noticia el año pasado, yo me dije “no puede ser”, porque Daniel Samper, Gerardo Reyes y yo, en el 82, descubrimos los delitos de Zambrano, involucrado en escándalos financieros y que después fue lavador de dinero del Cartel de Medellín.

Hace tres meses me reuní con Daniel Samper y no podíamos creer que ese tipo no solo consiguió trabajo, sino que además consiguió contratos del gobierno, cuando cualquiera que entre a Google ve que el tipo está reseñado. 

Uno se pregunta, ¿cómo puede pasar eso?, ¿de quién es la responsabilidad?: del Gobierno. Yo no vi ningún medio que se preguntara quién era Eduardo Zambrano Caicedo, no hubo un análisis de los medios que señalara que este señor sobresale por por la quiebra del Banco del Estado y por falsificar documentos. 

¿Colombia es una sociedad tibia con la corrupción o se manifiesta lo suficiente? 

Sí, se manifiesta. Lo que pasa es que en Colombia siempre ha habido corrupción, pero cuando aparece el narcotráfico, que es otra economía en la que se permite todo porque todo compra, la corrupción política se vuelve común. Llega un momento en el que es normal que todo esté corrompido. 

Ante eso, hay una reacción de la gente: “no quiero saber nada más de eso”, porque no pueden estar al día de lo que está pasando y porque, además, no hay unos mecanismos efectivos de control el sistema está diseñado para que eso suceda. 
 

¿Puede que el problema sea que, a veces, los medios informan desde la vertiginosidad de los hechos?

Exacto. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Roberto Prieto. A principio de año, la Fiscalía anunció que le iban a imputar cargos a fines de febrero, pero eso lo aplazaron. Usted ve todas las noticias y todas dicen lo mismo: “aplazada la audiencia de Roberto Prieto”. Pero, ¿eso necesita saberlo la gente? No, la gente necesita saber las cosas de fondo. 

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El año pasado, en entrevista con Blu Radio, cuando él dijo que no tenía nada que ver con Marketmedios, estaba diciendo una mentira. Después, por la interceptación de su teléfono celular, se supo que el trabaja en Marketmedios con un sueldo de 45 millones de pesos. Entonces sacar la noticia de que fue aplazada la imputación es solo la mecánica del proceso, lo que interesa es contarle a la gente que ese señor dijo una cosa que resultó siendo falsa. 

Entonces falta que la información sea dirigida, que no sea pasiva, no ser receptores abiertos de todo lo que se divulga porque la gente termina sin saber nada. Esa es la falla sustancial que tienen los medios en Colombia, que no trabajan para lo que debería trabajar, que es tomarse el tiempo para analizar.  

Los corruptos se reeditan y nos sorprenden con nuevas artimañas para robarse más plata. En materia de corrupción, ¿qué panorama ve para Colombia? 

La única consciencia que deben tener los colombianos es la de pedir menos impuestos, porque con menos impuestos hay menos corrupción. Aquí nos han vendido la idea de que, al subir los impuestos, hay más programas sociales. En teoría es cierto, ¿quién puede estar en contra del Programa de Alimentación Escolar? Pero si eso no lo controlan y dejan que se vuelva una mafia, entonces es mejor que no engañen a la gente. 

¿Y qué efecto puede tener la Consulta Anticorrupción? 

Puede traer algunos beneficios, pero en Colombia los problemas grandes de corrupción son las alcaldías y gobernaciones. Además porque es una estructura en que el gobierno recauda los impuestos y, sin ningún control, se los gira a unos personajes que se lo roban, con algunas excepciones. 

El sistema de elección popular es un fracaso absoluto, con la complicidad del gobierno que se lava las manos. Uno no puede decir que el presidente o el ministro de Hacienda es cómplice de los robos del PAE, no lo es, pero sí es cómplice político porque gira el dinero sin control, sin verificar si se cumple el objetivo social.