El error fue mayúsculo, y el Gobierno colombiano así lo acepta. “Presentarle un informe a la comunidad internacional con pruebas erróneas, sin verificar, con fechas y lugares inexactos, daña la imagen del país y le quita seriedad y credibilidad a la denuncia”, en eso coinciden expertos internacionalistas, pero eso “no puede desvirtuar la verdad y no nos puede distraer, por eso seguiremos denunciando en todas las instancias internacionales los vínculos del régimen de Maduro con grupos narcoterroristas”, replica la Cancillería colombiana.

Para Germán Darío Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, “una denuncia con pruebas equivocadas lo único que puede generar es desconfianza. Y eso fue lo primero que se vio en el mismo auditorio que escuchaba al presidente Iván Duque”, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Lea: El régimen se blinda ante las presiones internacionales

“Muchos países se mantienen al margen de la situación, no se acaban de convencer de lo que se dice del régimen chavista, de lo que está pasando en Venezuela, y si a eso se le agregan errores de esta magnitud, es muy difícil sumar credibilidad. Es un error que le hace daño a la verdad y que pone a Colombia en el papel de enemigo de Venezuela, por lo que la situación puede incluso ser entendida por otros Estados como una guerra ideológica entre dos países vecinos, en la cual no deben intervenir”.

Reflexión que comparte Olmer Muñoz, profesor de Ciencias Políticas de la UPB: “Se pierde credibilidad, aunque la denuncia es valiente y cierta, en cuanto a la presencia de grupos terroristas en territorio venezolano y de otras situaciones que repercuten negativamente en nuestro país, pero esos errores generan dudas e inestabilidad”.

Según Muñoz, la comunidad internacional sabe de los hechos que denunció el presidente Duque, “pero una información de inteligencia siempre debe ser verificada, porque de lo contrario es quedar mal, que fue lo que le pasó a Colombia”.

Apreciación a la que también se suma Toni Vitola, coordinador en Medellín de Voluntad Popular, partido político de la oposición venezolana: “Es inevitable que un error de estos genere desconfianza. Para nadie es un secreto la presencia del Eln en Venezuela desde hace mucho tiempo, que ese grupo está por lo menos en la mitad del territorio venezolano, operando con el respaldo político y financiero de Nicolás Maduro, pero no se le puede dar oportunidad a la duda con información imprecisa, porque se sabe que al presidente Duque también le ha tocado convivir con una fuerte oposición desde que inició su gestión”, y también hay personas y sectores que no van a desaprovechar la oportunidad para distraer y crear un ambiente de suspicacia.

Eso sí, también Vitola dejó claro que “ese error tampoco representa favorabilidad para Maduro. Hoy son más de 60 países los que reconocen al líder Juan Guaidó como presidente, que saben que Maduro es un dictador, relacionado además con temas de violaciones a derechos humanos y a  narcotráfico, y de apoyo a grupos violentos y al margen de la ley. Eso no le va a dar un respiro al régimen, el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela”.

Sin embargo, para Valencia Agudelo lo más preocupante de la confusa situación es que también “existe la posibilidad de que ante algunos países, Colombia pasa de ser un país que está trabajando por la paz, a convertirse nuevamente en un país en guerra, que enfrenta a enemigos externos, porque en ese contexto aparecen nuevamente en escena el Eln y las Farc”, rearmados y protegidos por el régimen chavista.

Sigue la denuncia

La tensión interna que provocó la desafortunada situación también motivó la inmediata reacción del Gobierno nacional, y tras la primera decisión de retirar al general Oswaldo Peña Bermeo, quien ocupaba la jefatura de inteligencia y contrainteligencia del comando general de las Fuerzas Militares, el canciller Carlos Holmes Trujillo salió al paso de los cuestionamientos y la polémica desatada para intentar restarle importancia al error.

“Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto”, dijo refiriéndose a las cuatro imágenes erróneas que se entregaron en el dossier, por lo que aseguró que “el documento se va a actualizar mediante el uso exclusivo de fotos propias de la Fuerza Pública”.

Resaltó que las fotografías presentadas en el dossier son reales y que se trata de un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado que se ha explicado ampliamente por las Fuerzas Militares.

Y reiteró que “aquí lo que importa es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz, la seguridad y la estabilidad en Colombia y en la región. No se puede desviar la atención de lo principal a lo accesorio, no nos podemos distraer”.

Holmes Trujillo insistió en que “estas denuncias las ha hecho el Gobierno colombiano reiteradamente desde el 2002 y que también las han realizado organizaciones independientes como el International Crisis Group, que señaló a comienzos de este año que “el Eln se esconde y opera allí y está expandiendo su presencia en el sur de Venezuela con la complicidad de las autoridades estatales”, al igual que Insight Crime, que en marzo publicó un informe que indica que el Eln es tolerado por autoridades venezolanas y que “el grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad” de ese país.

Por esta razón, aseguró que “vamos a seguir denunciando esos vínculos por instrucciones del presidente Iván Duque, a volver al Consejo Permanente de la OEA, a ir a todas las instancias de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, bilateralmente a los países con los cuales tenemos relación diplomática para efecto de poner en conocimiento de ellos todos estos hechos, que no solamente amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Colombia, sino también de la región”.

Hermandad y solidaridad

Y lo corroboró el mismo presidente. En el marco de la celebración de los 25 años de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que se cumplió el martes en Bogotá, el jefe de estado recalcó que  debe quedar claro que persistirá en la  denuncia de “la más oprobiosa de las dictaduras que haya visto América Latina en su historia reciente”.

Resaltó el presidente que “no dejaremos ni de denunciar ni de hacer todo lo que sea posible, en el marco del Derecho Internacional, para que caiga la dictadura de Venezuela, se recupere un mercado que tuvo Colombia, se recupere la esperanza también de nuestros países”.

Indicó que “la labor nuestra no es la de quedarnos callados; la labor nuestra no es la de la diplomacia hipócrita, porque la causa de los estragos ha sido el silencio que por años tuvieron muchos gobiernos de América Latina”.

Les dijo, además, a los mandatarios de los 32 departamentos colombianos, que a los migrantes venezolanos “los hemos recibido con los brazos abiertos, sabiendo que traen presiones fiscales y sociales, eso es verdad”, pero les recomendó que “no perdamos de vista que ahí están, también, hermanos y hermanas, hijos de colombianos, esposas de colombianos, nietos de colombianos”.

Y explicó la referencia al tema porque “todos los gobernadores se han pronunciado al respecto”, pero anotó que “esta situación no corresponde a colores partidistas ni ideologías sesgadas; aquí hay un criterio amarillo, azul y rojo, que es el criterio que nos une en este trabajo”, lo que se traduce en un llamado a la hermandad y la solidaridad con un pueblo que sufre las peores consecuencias de una ignominiosa crisis.

Panel en la UPB

La situación de deterioro del Estado venezolano, y sus incidencias en países vecinos, ha motivado discusiones y análisis no sólo de carácter internacional, sino nacional y local. Es así como la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia realizarán el evento “Venezuela: derechos humanos y cooptación del Estado”, que contará con la participación de dos analistas venezolanos: la Dra. Mayda Ho?evar y el Dr. Víctor Mijares. Las conferencias se dictarán el 17 de octubre en el bloque 12, auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos, de la UPB, de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Y como preámbulo, el profesor Johnny Antonio Dávila (Ph.D.), de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, escribió el siguiente artículo de recuento histórico y contexto que ayudará a entender el fenómeno que hoy impacta a todo el continente.

“La llegada de Hugo Chávez al poder (1999) marcó el fin de la IV República y dio paso a la V República. Con esta terminología propagandística chavista se quiso convencer a todos de que había finalizado una etapa oscura en la historia de Venezuela, al tiempo que comenzaba un proceso de progresivo mejoramiento social en el que el pueblo, ahora sí, sería realmente atendido y tomado en cuenta. El gran boom petrolero que vivió Venezuela fortaleció este imaginario. Entre los años 1999 y 2014 ingresaron US$ 960.589 millones. Hubo muchos problemas sociales y de corrupción durante dicho período, pero el boom facilitó su ocultamiento: no se supo todo en su momento, pero tampoco se quiso saber ni escuchar las denuncias. Éramos reyes desnudos y estábamos felices.

“El final del boom nos hizo ver que estábamos desnudos. No se trató solamente de que no se hubiera invertido el dinero de forma adecuada, sino de que la clase política dominante se apropió ilegalmente de una gran parte. Esto ha implicado muchas consecuencias negativas. Entre estas destaca la violación masiva de los derechos humanos sociales y económicos, que se evidencia, entre otros, en el trágico deterioro de las instituciones de salud y educación en todos sus niveles. “El régimen chavista ha desamparado completamente a los venezolanos en estas materias. El informe 2018-2019 del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Venezuela) reporta una deserción estudiantil universitaria que varía entre  30 y 40 por ciento en todo el país, mientras que la tasa de mortalidad infantil aumentó un 40 por ciento entre 2008 y 2016. Estas violaciones de derechos sociales están atadas con violaciones de derechos humanos civiles y políticos, ya que quienes denuncian la situación son considerados “enemigos de la patria” y, como consecuencia, llevados a prisión, si es que no son torturados o asesinados.

“El desfalco causado al Estado es inmenso. Un ejemplo: Jorge Giordani y Héctor Navarro, ex ministros de Hugo Chávez, han pedido que se investigue el posible desfalco de alrededor de US$ 300.000 millones.  Apropiaciones indebidas de este tipo condujeron a la aparición de un grupo de personas llamadas “los boliburgueses”. Algunos de estos tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, lo que ha permitido que el Estado sea un instrumento para sus intereses particulares y criminales. Y a esto se suma el agravante de que Venezuela se ha convertido en un territorio fértil para bandas criminales globales que van desde las venezolanas y colombianas, pasando por las rusas y chinas, y llegando hasta las sirias. El Estado venezolano ha sido cooptado por bandas criminales globales dedicadas a la minería ilegal, al tráfico de estupefacientes y armas, al lavado de dinero y a muchas otras actividades criminales de alta rentabilidad.

“Estamos hablando de una situación que afecta directamente a la población venezolana, pero que también incide en otras partes del mundo. Los efectos catastróficos del régimen chavista se han globalizado con estas bandas criminales. Se trata de delitos globales que ponen en juego la estabilidad de la región latinoamericana, y que nos confrontan con la pregunta acerca de qué actitud debemos asumir frente a la violación sistemática e institucionalizada de derechos humanos”.