Entre este martes y miércoles, las Farc entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) un grupo de 31 menores de edad que permanecían en las zonas veredales transitorias de normalización, con lo que ese grupo insurgente pretende haber dado cumplimiento al plazo fijado para la devolución de los niños y jóvenes que  permanecían en sus filas. Aunque como ha sido habitual en este proceso prevalecieron los aplausos sobre el sentido crítico frente a este acto, insistimos en que las cifras no coinciden con los registros históricos de menores de edad reclutados forzosamente, aún en los últimos años del conflicto, y exigimos del Gobierno, una vez más, esclarecer la situación de los que faltan.

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Según cifras aportadas por Save the Children, en los 57 meses transcurridos entre septiembre de 2011, fecha de inicio de las negociaciones, y junio de 2016, antes del anuncio de las Farc de devolver a los menores de 15 años en su poder, 1.556 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado, lo que arroja un promedio de 27 reclutados por mes. Sin contar con los que hayan podido haber cooptado en el último año, con las liberaciones de esta semana las Farc han devuelto 119 menores desde septiembre de 2016 y aunque seguramente muchos de ellos hayan alcanzado la mayoría de edad en este tiempo, la diferencia es considerable, más aún cuando tanto el grupo insurgente como la propia consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, admitieron este miércoles que muchos menores de edad siguen “voluntariamente” en las zonas veredales transitorias de normalización porque han generado vínculos con personas mayores e, incluso, algunos tienen pareja e hijos.

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No podemos aceptar la tesis de que en tales zonas se queden menores de edad por su propia voluntad y que su condición pase de ser “reclutados forzosamente” a la de asociados libremente  a la nueva organización política en que se van a convertir las Farc. Desde el ámbito jurídico, mientras sean menores de edad la patria potestad de los niños y jóvenes en las filas de las Farc sigue siendo de sus padres y, a menos que haya alguna figura legal que reconozca la calidad de “acudientes” de los comandantes guerrilleros sobre ellos, su permanencia en los ahora llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación constituiría un secuestro.

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Corresponde al Gobierno Nacional esclarecer el estatus de quienes permanecen en estas zonas, a quienes, independientemente de sus nuevos lazos afectivos, se les debe seguir un proceso de restitución de derechos en los términos de la legislación colombiana, que para el caso de los niños y adolescentes, son prevalentes sobre los demás derechos de todos los colombianos y están por encima de cualquier interés.