Estaba previsto que Colombia iba a salir mal librada en cuanto los Estados Unidos publicaran un nuevo informe sobre el estado de los cultivos ilícitos en el país. Muchos esperaban una cifra superior a las 209.000 hectáreas reportadas, pero de todas maneras significa un crecimiento del 11% en el último año, y la producción de cocaína aumentó un 19%, alcanzando las 921 toneladas en 2017, lo que demuestra que el gobierno de Santos ha estado cruzado de brazos viendo llover.

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El informe es devastador. Según datos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp), en cinco años, con el trasfondo de los diálogos habaneros, pasamos de 78.000 hectáreas sembradas de coca en 2012 a 209.000 en el 2017, lo que equivale a un crecimiento del 168% en el periodo. Igualmente, la producción de cocaína se cuadruplicó al pasar de 210 toneladas en el 2012 a 921 toneladas en el 2017, para un crecimiento del 338%.
Con todo, funcionarios gubernamentales se defienden con el argumento de que en el 2017 se erradicaron 50.000 hectáreas, lo que querría decir que estábamos en un marco de 260.000 hectáreas de coca, lo cual no es más que un efecto pernicioso de los negociados de La Habana entre la administración Santos y los terroristas de las Farc.
Sin duda, es una necedad negar que el enfoque de combate a las drogas que el Estado colombiano implementó por años fue desechado por exigencia de las Farc en desarrollo del proceso de paz. A partir de ese momento se disminuyó el control de las autoridades en las primeras etapas de producción y, muy concretamente, se dejó de fumigar. Pero, además, se establecieron incentivos perversos en términos monetarios que llevaron a campesinos a aumentar la siembra para luego reclamar el estímulo a cambio de la erradicación voluntaria, que es como otorgarle a un criminal la potestad de delinquir o no.
No podía faltar la argucia de alimentar el mito sobre el glifosato, para lo que se prestó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con el cuento de que este es cancerígeno y que por tanto debían prohibirse las fumigaciones de coca con esa sustancia. El ministro nunca explicó por qué este supuesto carcinogénico se prohibió para fumigar coca, mientras que siguió usándose para asperjar toda clase de cultivos legales.
Como se sabe, el glifosato (Roundup) es el herbicida más usado en todo el mundo, incluyendo a Colombia, donde se utiliza para fumigar cultivos de caña, café, arroz, plátano, banano, maíz, palma, algodón, verduras y frutales. Y si se usa ampliamente en productos que consumimos a diario, es irrazonable afirmar que sea riesgoso en un cultivo que se desarrolla lejos de centros urbanos. Mucho más grave es el uso indiscriminado del mercurio y el cianuro en la minería ilegal, o de los 17 precursores quimicos que se usan para producir la cocaína, pero nada de eso inquieta al ministro.
Sin el menor pudor, Santos aseguró muchas veces que gracias a los acuerdos de paz las Farc ayudarían a erradicar la coca, pero nadie le creyó. Por el contrario, todos saben que las Farc siguen metidas en el negocio: las mal llamadas ‘disidencias’ son frentes cocaleros por excelencia y hay cabecillas que siguen traficando, como lo demuestra el caso de Jesús Santrich. Una prueba más de que este proceso de paz fue una gran operación de lavado de activos; los bandidos quedaron libres y con su negocio operando.

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Y, ahora, al verse desnudo, Santos apela como siempre a su desfachatado cinismo para afirmar que utilizando drones para asperjar glifosato, más la erradicación forzosa a través de las Fuerzas Militares y la sustitución voluntaria de cultivos, se tiene un plan que “por primera vez en 40 años permitirá luchar de manera efectiva contra el narcotráfico”.
A la postre, el país que entrega Santos más parece un naufragio: una paz de mentiras, una economía enclenque, una desbordada deuda pública y un mar de coca. Ese es su gran legado.