Los datos del Instituto de Medicina Legal sobre homicidios perpetrados hasta el pasado 13 de diciembre y hechos como el asesinato de Freddy Chavarro, personero de Puerto Rico, Caquetá, recuerdan que Colombia es uno de los países más criminales de Latinoamérica, la región que la OMS y el Banco Mundial catalogan como la más violenta del mundo, según las tasas anuales de homicidios. 

Lea sobre el asesinato del personero de Puerto Rico
Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, explicó que hasta el pasado 13 de diciembre se habían perpetrado en el país 10.062 homicidios, frente a los 10.667 cometidos en 2016. Aunque frente a la misma fecha de 2016, se han presentado 4,9% menos homicidios, el experto admitió que la cifra es significativamente menor a la reducción de 9,2% que las autoridades esperaban obtener como resultado de los acuerdos con las Farc. Lo más serio del reconocimiento, al que el Gobierno ha respondido con una avalancha propagandística, es que al final de 2017 Colombia va a tener una tasa de homicidios superior a 24,2 por 100.000 habitantes, que hace que el país permanezca como afectado por la epidemia de la violencia homicida, según los rangos de la OMS. Los propagandistas aducirán que esa cifra pone a Colombia lejos de El Salvador, que tiene 81,2 homicidios por cien mil habitantes al año, o hasta de Venezuela, que reconoce 50 homicidios por 100.000 habitantes, aunque otros análisis la acercan a los 80 por 100.000. Otros observadores independientes alegarán que el país sigue muy lejos de sus socios sudamericanos en la Alianza del Pacífico: Perú, que tuvo en 2016 una tasa de 7,2 homicidios por 100.000 habitantes, y Chile, que tiene indicadores europeos gracias a su tasa de 3,6 por 100.000.

En 2015 reconocimos cómo la incidencia de las Farc en las muertes violentas en Colombia había decrecido significativamente, al punto de que para ese momento no superaba el 17% de homicidios; lo que significaba que un acuerdo con ese grupo no iba a garantizar la reducción significativa de los homicidios, promesa que el Gobierno abanderó, y todavía enarbola, como fundamento para defender los pactos con ese grupo.

El asesinato, frente a la familia con la que compartía la Nochebuena, del personero de Puerto Rico, municipio caqueteño, es un duro golpe contra una población que ha padecido la presencia violenta de las Farc. También es la dura evidencia de fallas en la construcción del acuerdo y el manejo del posacuerdo. El no tener respuestas para Caquetá, Guaviare, Catatumbo, Tumaco, y regiones semejantes, donde las Farc han ejercicio dominio económico, con el narcotráfico, y político-militar, se ha traducido en aumentos de la violencia homicida y otras formas de criminalidad. Este homicidio también siembra dudas sobre la UNP y su atención a funcionarios que encarnan los Derechos Humanos. Las explicaciones, o la falta de ellas, muestran, además a un Gobierno, que teme enfrentar verdades que el país merece conocer y encarar.

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Los despliegues propagandísticos de algunos funcionarios no acallan la verdad de los homicidios que persistirán mientras los victimarios reciban garantías de impunidad y las víctimas, demostraciones de abandono.