660 feminicidios fueron reportados en Colombia entre enero y septiembre de 2017, siendo Antioquia el departamento con más casos violentos contra la mujer.
El 2017 termina con un balance positivo para la mujer en materia de iniciativas a su favor y estrategias para favorecer la igualdad de oportunidades por medio de leyes que ya fueron aprobadas o que se encuentran aún en trámite, como el proyecto de Dignificación del Trabajo Campesino, en el que se pone en discusión la importancia de la mujer rural y garantiza que sea reconocida por su aporte en la economía del país.
Sin embargo, en Colombia, de acuerdo con informes de Medicina Legal, matan a una mujer cada tres días por hechos relacionados con violación sexual o relaciones sentimentales, pese a que las leyes se han vuelto más estrictas en cuanto a la protección de género y condenas contra los victimarios.
Este año en Antioquia fueron asesinadas 130 mujeres en hechos en los que el agresor fue desconocido en el 48% de los casos; la pareja o expareja en un 27% de los casos y los familiares alcanzaron el 3,5%.
Ante esto, los colectivos de mujeres, fundaciones e incluso el Gobierno empezaron a unir fuerzas para erradicar el flagelo y las barreras a las que se enfrentaron las víctimas y sus familiares.
El #NiUnaMenos fue una de las estrategias más visibilizadas este año en contra del maltrato contra la mujer, en la que cientos de personalidades, líderes sociales, activistas de derechos para la mujer y ciudadanas en común unieron sus voces para gritarle al país que nada justifica la violencia de género, mucho menos los casos de homicidio.
“En Colombia, desde 2015 que se tipificó el delito de feminicidio, se ha logrado identificar que las muertes violentas de las mujeres se producen por razones específicas y diferentes a las de los hombres, por contextos de violencias sistemáticas y generalizadas producto de una discriminación histórica hacia nosotras las mujeres”, comentó Natalia Ponce de León, directora y activista de la fundación que lleva su nombre y la cual trabaja con mujeres víctimas de violencia.
Hasta la fecha son cuatro las leyes en Colombia en contra del feminicidio: Ley 1761 o Ley Rosa Elvira Cely, Ley 1639 del 2 de julio del 2013, Ley 1257 de 2008 y Decreto 1930 del 6 de septiembre de 2013.
De acuerdo con Rocío Pineda, exsecretaria de la Mujer de Medellín: “Las cifras son contundentes y muestran, como sin importar, que aunque cada vez hayan más entidades dedicadas a la atención de este fenómeno los números aumentan, es una alarma social muy importante que nos tiene que llevar a preguntarnos cuál es el tipo de relaciones amorosas que están terminando en esto, es además una alarma para el conjunto social y entidades responsables de atención oportuna, prevención y penalización de estos delitos”.
Comparando las cifras del año anterior, se incrementó en 313 casos la violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar.
Paz, víctimas y posconflicto
Pese a las cifras alarmantes de feminicidios, las mujeres jugaron este año un papel importante tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, así lo aseguró Pineda.
“Son muchos los hechos que se pueden resaltar con la mujer dentro el proceso de paz, uno es que la Comisión de Verificación oficializó una instancia especial para contribuir a garantizar los derechos de las mujeres y el enfoque de género en la implementación del acuerdo, siendo así la primera vez que se obliga al Estado a incorporar a las mujeres en una política pública”, precisó la exsecretaria.
Resaltó además la conformación paritaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la que el 53% son mujeres, “fue una decisión inédita en el país, aleccionadora para quienes nombran y eligen, tal como lo agitó la campaña Sí hay mujeres. También la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en la que el 45% son mujeres. Así, dos ejes centrales del Acuerdo de paz están bajo la responsabilidad paritaria de mujeres”.
Otro de los hechos claves fue la desmovilización de las Farc, donde un 40% correspondió a mujeres, quienes decidieron dejar las armas e iniciar una vida social y familiar lejos de las acciones violentas que sufrieron por años en el grupo armado como retención, violaciones sexuales y abortos obligados.
Pese a estos alcances en materia de posconflicto, equidad e inclusión, las víctimas mujeres han asegurado no contar con la participación suficiente dentro de los procesos que se adelantan con las Farc en temas de paz y proyectos de reinserción.
Así lo indicó Derly Pastrana, integrante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol): “Nosotras hemos tenido muchos espacios de participación este año, como lo reglamentó la Ley y el protocolo de participación, sin embargo, en muchos de los procesos no hemos contado con una participación efectiva en todos los ámbitos, ya sea político o social dentro de los Acuerdos de Paz, ya que no son tenidas en cuenta nuestras opiniones y propuestas como mujeres víctimas”.
Agregó que pese a que se ha registrado una amplitud en participación, las propuestas de la Mesa de Víctimas de Mujeres sólo quedan en papel, al igual que las leyes u ordenanzas, las cuales no tienen una efectividad.
“No tuvimos un espacio dentro del proceso de paz porque no nos tomaron en cuenta a pesar de estar ahí, muchas leyes, muchas resoluciones, muchos acuerdos y muchas sentencias pero queda el vacío de cero participación dentro de todos los procesos”, puntualizó Pastrana.
El Gobierno cumplió este año con la Ley 581 de 2000, la cual estableció que al menos el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio y de los otros niveles directivos fueran desempeñados por mujeres.
Con el 41% de participación en los cargos del máximo nivel y el 45% en los cargos de los otros niveles de decisión, la presencia de la mujer en los cargos de dirección del Estado registró un considerable aumento respecto a los índices de 2016, de acuerdo con el Informe de participación femenina en el Estado colombiano que Función Pública entregó a la Procuraduría General de la Nación y al Congreso de la República.
En comparación con el periodo anterior, los resultados reportados evidenciaron un incremento del 3% en el índice de participación femenina en los cargos del máximo nivel decisorio, y del 4% en los otros niveles decisorios.
Por sectores, la Ejecutiva reportó un cumplimiento del 36%, en la cual los sectores Función Pública (100%), Inclusión Social y Reconciliación (64%), además de Cultura (56%), presentaron un mayor liderazgo de la mujer.
Se destacaron además los sectores Deporte con el 67%; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 64% y Función Pública con el 60%.