Colombia ha sido un país tradicionalmente violento, por algo gozamos a nivel internacional de ese deshonroso título; pero en los últimos tiempos la violencia se ha agudizado y se ha enfocado- concretado- a acabar con los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, especialmente de aquéllos que trabajan y lideran procesos comunitarios en los distintos territorios, siendo más afectados con dicho flagelo los voceros y representantes de las comunidades más apartadas- rurales- de la geografía nacional.

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Este fenómeno se ha irrigado por todo el país, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos más afectados por tan deplorable actuación criminal, según estadísticas refrendadas por investigaciones realizadas por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Ello no es un secreto y desde el más humilde de los colombianos hasta el más espigado dirigente-gobernante- sabe que nos están matando- sacrificando- a los más importantes y destacados líderes, por el sólo hecho de estar luchando por el desarrollo social, por defender los derechos fundamentales de sus comunidades y por tratar de mantener avante un proceso de paz que –paradójicamente- se estableció con el propósito de acabar con la muerte y la violencia social y política que inacabadamente se ha mantenido -por más que se haya intentado evitarla- desde el mismo proceso fundacional de nuestra organización estatal y social.

Es increíble, pero es la verdad, nuestra libertad tuvo que imponerse a través de un proceso dramáticamente signado por la violencia y la muerte entre propios y extraños -patriotas e invasores- que a la fuerza –con sangre- tuvieron que imponer sus razones- derechos, hasta que al final y después de muchos exabruptos, errores y lánguidos éxitos, se impusiera el grito libertario, sobre el implacable yugo extranjero, para que un pueblo que -como el nuestro- había estado sumido por la fuerza y la violencia, pero que extrañamente y sin explicación siguiera inmerso en ella desde entonces y hasta nuestros tiempos, sin que nada ni nadie haya podido evitarlo ni explicarlo satisfactoriamente, pues lo cierto es que este conflicto nos ha tenido esclavos de los paradigmas de la violencia desde mucho antes de adquirir la independencia.

La intolerancia, actitudes irracionales que generan odio y rencor incontrolables e injustificados y las más absurdas confrontaciones hacen –fundamentalmente- que en lo social y lo político, el pueblo colombiano no se haya podido poner de acuerdo definitiva e integralmente en nada y que en lo básico pareciera que no se pueda llegar a ningún acuerdo, pues la fuerza de quienes se pueden imponer por medio de los hechos violentos- corrupción, es más fuerte que cualquier otra alternativa que se presente para remediar nuestro eterno conflicto social.

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Ahora el turno en esta nefasta y diabólica cadena de injustas persecuciones, por el sólo hecho de ser buen y ejemplar ciudadano y querer solucionar el centenario enfrentamiento que nos devora cada día con mayor furor o, por lo menos, por estar tratando de mantener la armonía y la paz en sus territorios, le está tocando a nuestros líderes sociales, a nuestros mejores hombres y mujeres, que son los que están siendo víctimas de crueles y mortales ataques que al parecer no tienen solución y, como la mayoría de los crímenes en nuestro país, van a quedar impunes, sin que se pueda saber a ciencia cierta cuales fueron los móviles y los autores de tan crueles comportamientos criminales. ¡Dios proteja a nuestros líderes sociales! para que no los sigan matando en este conflicto tan absurdo y demencial que continua azotando a nuestro amado y fatigado país.

Post scriptum: “Que triste realidad, tener que estar viendo todos los días semejante tragedia, sin poder hacer nada por esta pobre gente, que lo único que hace es trabajar por el bienestar de los demás”, dijo mi madre –con notoria preocupación- cuando le leí este artículo, antes de enviárselo al editor. ¡Qué triste realidad vive nuestra patria!