Tras los cuestionamientos que la Corte Penal Internacional (CPI) realizó sobre cuatro puntos específicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los que considera se podría estar violando el Estatuto de Roma, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia Enrique Gil Botero, aseguró que “está presto a atender los requerimientos del alto tribunal.

Según el jefe de la cartera de Justicia, recibe de buena manera las opiniones de la CPI y el Gobierno respetará “lo que finalmente decida la Corte Constitucional sobre el acto legislativo".

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El pasado 18 de octubre la CPI envió a la Corte Constitucional de Colombia un documento de 22 páginas mostrando su preocupación con respecto a la JEP, aprobada en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, pues creen que se modificaron algunos puntos que podrían generar impunidad, relacionados con la responsabilidad de mando, la definición de graves crímenes de guerra, la determinación de la participación activa o determinante en los crímenes y la restricción efectiva de libertades y derechos.

Por último, cabe recordar que los organismos internacionales tienen su mirada muy bien puesta en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no permitirán que en Colombia se atente contra el Tratado de Roma, el cual pretende acabar a toda costa con la impunidad en los crímenes de lesa humanidad.